Por Eduardo Ibarra Aguirre
La Alerta de Violencia de Género por mandato del amparo indirecto 968/2019-I, concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, está en vías de entrar en vigor, después de que fue solicitada por primera ocasión el l7 de septiembre de 2017, en un contexto que ubicó a la Ciudad de México “en primer lugar en mayor proporción de violencia contra las mujeres”, lo cual no se sostiene con los datos que el amparo del juez ofrece, aunque gobernara Miguel Ángel Mancera, el maquillista de las estadísticas delictivas.
Apunta el juez que en la Ciudad de México fueron denunciados 26 delitos de feminicidio y 99 homicidios dolosos contra mujeres. Asimismo, 306 llamadas de emergencia reales para denunciar abuso sexual, 645 de acoso u hostigamiento sexual, 405 de violación, 8 824 por violación de pareja y 45 376 de violación familiar. El problema es grave sin necesidad de magnificarlo.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta es “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
Estas acciones son ordenadas a los estados por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Diversas voces feministas serias, pues abundan las que se dedican a la “grilla”, sostienen que este mecanismo es rechazado la mayor parte de las veces por los gobiernos estatales. “El diseño de la alerta está pensado para ser rechazado, porque los estados tienen que sacar dinero de donde no lo hay y porque lo pide el gobierno federal”.
La declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, de acuerdo al amparo otorgado por el juez del que los medios no dan su nombre, se emitirá a más tardar el 30 de septiembre. Y para marzo de 2020 veremos si de algo sirvió, cuando la Ciudad de México no está para experimentos que muestran claramente que en 18 de los 31 estados de la Federación no cambió la terca realidad feminicida y de violencia sexual, a cargo de hombres que en el hogar fueron educados por sus madres, pero también el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio se ocupan de reducir a la mayoría de las actrices y modelos en objeto sexual, las cosifican. Y por lo visto los grupos feministas ya no lo denuncian, están concentradas en la crítica a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Y menos ahora que a partir de cuatro manifestaciones, una hoy con 60 personas, descubrieron algunos comentócratas un “movimiento en ascenso” de jóvenes feministas que el hartazgo y la furia las dominó el 16 de agosto, cuando “pintarrajearon” el Ángel de la Independencia. Sin embargo, está documentado que provocadores presuntamente ligados a los grupos de choque del Partido de la Revolución Democrática, infiltraron la protesta y las organizadoras fueron incapaces de aislarlos. Hasta el punto de hacerse de la vista gorda sobre que cuatro agentes fueron rociados con solventes para prenderles fuego en la estación policiaca de Florencia y personas de la tercera edad agredidas en el metro Cuauhtémoc.
Los actos vandálicos de quien sean, no es pertinente que tengan espacio en nuestra comunidad. No importa quién es el autor intelectual y material, y la presunta causa con que se ocultan. No, cuando el derecho a la manifestación está absolutamente garantizado, hasta el extremo de permitir que la casa de la representación nacional sea bloqueada por los que suponen que su “verdad” legislativa es la “única”.
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