Mientras la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se adapta a los retos y desafíos que representa la gobernabilidad de un país como México, hay información que circula en lo que pareciera que todo lo pasado es corrupción.
La reducción de recursos públicos para las estancias infantiles está destapando lo que se supo con la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo: que los negocios públicos con recursos de la federación en las Entidades, están concentrados solo en la clase política. Es muy posible que esta sea la razón por la que no se dé a conocer los nombres por los cuales, se ha suspendido las ayudas para las estancias de los infantes, mientras sus padres trabajan.
El presidente López Obrador ha señalado que no dará recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, que posean concesiones para las estancias infantiles y, que estos apoyos los dará directamente a los padres de familia. Una cuestionable decisión, mientras que no le siga dando recursos públicos a entidades cuyo objeto sea distinto del hacerse cargo de una guardería, como a un partido político.
Otro reto que se ha vuelto frente lo constituye, la decisión de suspender los trabajos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No por combatir la presunta corrupción en el otorgamiento de contratos, sino por los capitales invertidos y comprometidos en su construcción, para ser substituidos por las adecuaciones de una base aérea militar, cuyo diseño fue con fines eminentemente militares y de logística en la transportación de tropas y recursos para todo el país, en una decisión que carece de un proyecto y más bien se ajusta a una decisión unipersonal a manera de capricho.
Esta decisión y otras de carácter económico de la presente administración, han traído como consecuencia, la duda de las calificadoras internacionales sobre la seriedad en la capacidad de pago del gobierno mexicano, a quienes el presidente López Obrador ha desacreditado en sus estimaciones, argumentando que la comparación es desigual en virtud a las eficientes calificaciones que le otorgaron al gobierno del presidente Peña Nieto.
Sin embargo, un anuncio parece que abre una ventana de oportunidad, al anunciar la diputada Tatiana Clouthier, que presentará una iniciativa para reducir las ministraciones por financiamiento a actividades ordinarias a los partidos políticos, en un 50%.
Es una esperada decisión política para moderar la voracidad de las dirigencias de los partidos políticos, cuyos institutos, además, no pagan la totalidad de los impuestos que deben al fisco y con dudosos controles en transparencia.
Además, el sistema de partidos mexicano ha recibido la solicitud de algunas organizaciones para inscribirse y ser sujeto de los beneficios que otorga un sistema manipulado por la misma clase política a organizaciones que parecen advenedizas y en busca del tan ansiado presupuesto para su subsistencia.
Ojalá que la cal y la de arena no sean más de lo mismo.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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