La crisis política, económica y social en que ha puesto la presencia del #COVID19 al gobierno federal, debería otorgar experiencia y conocimiento para replantear qué es la seguridad para el Estado mexicano.
Para el Estado mexicano la seguridad solo se circunscribe a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, tal y como aparece en el artículo 21 constitucional, es decir, solo a cuestiones de seguridad pública cuando en realidad, es más, mucho más.
De la Ley de la materia se obtiene un concepto de seguridad nacional que abarca, la seguridad política del Estado, el mantenimiento del estado de derecho, de las partes de la Federación, de la defensa del país y, por último, de la democracia, entendida como el desarrollo económico, social y político, es decir, lo que debería presentarse como objetivos nacionales en la Constitución, aparece como objetivos de la norma.
Para la formación del concepto de Estado, los ciudadanos, el territorio y el gobierno ocupan la misma jerarquía, pero para la función de Estado de la seguridad, es distinto.
La lógica es, que el concepto de seguridad contenido en los objetivos nacionales que se encuentran en los primeros 29 artículos de la Constitución, no contempla las hipótesis jurídicas de desarrollo económico, político y social, que están contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, cuya esfera de competencia es más amplio, que el concepto de seguridad al que se refiere el artículo 21 constitucional, dado a que la seguridad no solo es policial, también es de desarrollo del ciudadano en esas vertientes.
El aparente control que el gobierno federal ejerce sobre la crisis del #COVID19 no se ajusta a los contenidos del desarrollo económico, social y político de los ciudadanos.
En el plano económico, esta administración prefiere obtener dinero fresco por la derogación de fideicomisos para ciencia y cultura, que prescindir de proyectos que ni siquiera ha comenzado su construcción, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
Además, se ignora del contenido de la plática que sostuvo el titular del Ejecutivo Federal con el presidente norteamericano, a cambio de que los Estados Unidos aporten los barriles de petróleo necesarios para negociar una salida a la crisis del petróleo a la que convocó la OPEP.
En el plano social, el gobierno federal desoye la opinión pública, así como la de expertos o consultorías internacionales en materia económica, que advierten la amenaza que constituyen sus políticas. Le salió muy caro el rescate de mexicanos en el exterior y el transporte de insumos médicos desde China, con la renta de aviones comerciales, en vez de utilizar la flota aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, la Marina, Petróleos Mexicanos o la Policía Federal, como reclamo por traer a Evo Morales de Bolivia.
En el plano político, el gobierno federal minimiza, desprecia, descalifica y hasta insulta las opiniones de la clase política con su ejército de seguidores en redes sociales, en vez de sumarlos al esfuerzo nacional por superar esta crisis.
Desafortunadamente hoy lo importante es acumular esta experiencia desagradable y con ella, más adelante convertirla en corregir o aumentar la legislación o planeación en seguridad para el país.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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