A propósito de la renuncia del secretario de seguridad, Alfonso Durazo, las cifras de la estadística de seguridad que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el que recaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son esperanzadores.
Por principio de cuentas aproximadamente desde 2006, los Congresos de las entidades federativas han modificado los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la violencia, lo que modifica substancialmente el concepto.
Esto es importante porque, junto con otras variables, de aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad pública que reciben los estados y municipios. Es el caso del FORTASEG, recientemente suprimido y sin saber cómo si existirá algún recurso para substituirlo.
La pobreza es una de las variables que nunca fue parte de los criterios de distribución de los recursos para la seguridad pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, debería ser una parte importante porque se trata de ciudades o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la seguridad cuando en realidad es un elemento intangible condicionado a valoraciones subjetivas.
Hasta este año estas zonas de atención prioritaria en los estados y municipios fueron los beneficiarios de una bolsa de 4,000 millones de pesos, que anualmente aprobaba la Cámara de Diputados, por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, por conducto del FORTASEG.
La supresión del FORTASEG es una de las causas que los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista argumentarían para exigir un reordenamiento en la distribución de ingresos. Existen estados que necesitan los recursos federales, ya que representa el 80% o más de sus ingresos.
Más allá de la disputa entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de la Alianza, está la función de seguridad pública, cuya prestación, ni la federación, ni las entidades federativas buscan hacerse responsables.
Hay ejemplos que utilizaron los fondos de seguridad pública para el pago de servicios personales, nómina por ejemplo, desviando el objeto de su ministración, y sin embargo hay municipios que utilizaron debidamente los recursos para el propósito para el que fueron diseñados.
El nuevo diseño de política pública que substituirá al FORTASEG debería contener variables de pobreza en su ministración, los indicadores sobre los cuales el Coneval mide la pobreza y otras variables, no son suficientes, porque carece de un componente que mida la eficiencia de la seguridad.
La sincronía en las variables que manejan los criterios de distribución de los recursos públicos nos daría una mejor referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.
Substituir el FORTASEG por un nuevo instrumento jurídico financiero es una de las tareas del nuevo titular de seguridad, pero también mejorar su prestación.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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