Un dilema por saber las verdaderas cifras de la estadística de seguridad lo constituye, los productos de seguridad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y es que aproximadamente desde 2006, los Congresos de las entidades federativas han modificado los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la violencia, para evitar dar a conocer las verdaderas cifras de la estadística criminal, incluido la violencia feminicida, cuyas políticas públicas están en crisis.
Esto es importante porque, junto con otras variables, de aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad pública que reciben los estados y municipios. Es el caso del FORTASEG.
La pobreza es una de las variables que no es parte de los criterios de distribución de los recursos para la seguridad pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, debería ser parte importante porque se trata de ciudades o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la seguridad cuando en realidad es un elemento intangible, sin posibilidad de ser medible y condicionado a valoraciones subjetivas.
Estas zonas de atención prioritaria en los estados y municipios son los beneficiarios de una bolsa de 4,000 millones de pesos, que anualmente aprueba la Cámara de Diputados, por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, por conducto del FORTASEG pero que en el proyecto de dicho presupuesto para el 2021 fue suprimido.
Para estar en condiciones de aprobar recursos para los estados y municipios, existen nueve indicadores sobre los cuales, el Coneval mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último, pero no menos importante, el grado de cohesión social. Aquí debería estar considerado estas variables para la seguridad pública.
Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, la salud y, desde luego, la seguridad pública, de donde se desprenden una serie de bienes jurídicos que tutela la seguridad, como la legalidad, la salud, la integridad física, la vida, por citar algunos.
La sincronía en las variables que manejan los criterios de distribución de los recursos públicos nos daría una mejor referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.
El campo social de la seguridad nacional está debilitado y vulnerado por la falta de diseño en implementar nuevas formas de distribución presupuestal, que, aunque ninguna cantidad es suficiente, los creadores de políticas públicas parece que prefieren mantenerse en un nicho de seguridad y comodidad en mantenerse en lo establecido, en vez de crear nuevas políticas públicas.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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