La seguridad es una función de gobierno que tiene consecuencia en las demás funciones de Estado y de gobierno y que les compete a los órganos del Estado, en su ámbito de responsabilidad.
Sin seguridad no hay progreso económico; sin seguridad no hay avance democrático; sin seguridad no hay cambios políticos y sin seguridad no hay condiciones de paz y orden para el desenvolvimiento social y sus distintas actividades.
Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.
Esta seguridad nacional es una función de gobierno compartida, -junto con la función de Estado de la defensa nacional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgánico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.
Esto significa que, en el ámbito civil la seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un sistema de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el establecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.
En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe a proteger los valores de independencia y soberanía, cuyos elementos son materia inmanente de las funciones de contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las fuerzas armadas se extiende a proteger intereses nacionales, como las plataformas petroleras, las plantas generadoras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra.
Esto quiere decir que la mayor parte de la responsabilidad de las funciones de seguridad recaen en el Poder Ejecutivo, al tener atribuciones con carácter ejecutivo y al crear instituciones, no solo de seguridad, sino de para proveer de los servicios que le mandata la Constitución.
El Legislativo es responsable de proveer leyes para que el Ejecutivo y el Judicial las apliquen, mientras que el Judicial, contribuye al cumplimiento y observancia de la aplicación de la justicia.
Las debilidades que ha mostrado las distintas funciones de gobierno, pueden ser un reflejo de una mala planeación, el cercenamiento de los procesos administrativos que operaban sistemas en las pasadas administraciones.
Por ejemplo, el descabezamiento de los carteles de la delincuencia es una estrategia poco efectiva, en virtud de que provoca el surgimiento de nuevas dirigencias en su interior.
En este sentido dice el presidente López Obrador que no es su culpa. Y tiene razón. Pero es su responsabilidad que los servidores públicos a su cargo se aseguren de contar con nuevos procesos y sistemas que substituyan a los que desplazan, para que los ciudadanos tengamos la seguridad de contar con los servicios, sin que se entorpezcan la provisión de estos con el combate a la corrupción.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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