Recientemente la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal fue víctima de un ciberataque en el presuntamente fueron sustraídos por el grupo Ransom Hack unos 313 gigabytes.
Este grupo también ha vulnerado los sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Grupo Aeroportuario del Norte.
Como en otras ocasiones el problema consiste en qué información fue sustraída y si ésta compromete la seguridad nacional.
El escándalo anterior por el robo de información por ciberataque se registró en la pasada administración del presidente López Obrador, en el que el grupo Guacamaya Leaks sustrajo unos 6 terabytes de información de algunas computadoras de la secretaría particular del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este mismo grupo se adjudicó la sustracción de información a ministerios de defensa de Chile y Colombia, por citar.
Una hipótesis del interés por sustraer esta información consiste, en que el grupo Guacamaya pudo haber sido patrocinado por una entidad o gobierno interesado en conocer las actividades de los ministerios de defensa de la región. La hipótesis de la transparencia no se sostiene del todo.
Se supo que la información sustraída a la SEDENA relaciona a personajes de la clase política o mandos de seguridad con la delincuencia y que seguramente no será procesada ante la autoridad de la Fiscalía para deslindar las posibles responsabilidades.
Además, la sustracción también arroja que los procesos de seguridad de la infraestructura crítica de la SEDENA pueden ser vulnerados.
Estos desafortunados eventos muestran la fragilidad informática de las instituciones del Estado mexicano, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial, mucho menos de sustracción de información personal perteneciente a la ciudadanía.
También en la pasada administración Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Lotería Nacional y la Secretaría de la Función Pública fueron víctimas de ciberatque.
Estas deficiencias en la infraestructura crítica, programas y sistemas podrían ser los causantes de que las transacciones que alteran la economía por la vía el sistema financiero mexicano, como el lavado de dinero no sean detectadas, o además que las transacciones cuantiosas de dinero producto de la corrupción, no puedan ser detectados por los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción en virtud a que la legislación no posee algún procedimiento para inspeccionar sus movimientos, sobre todo aquellos irregulares de los que se puedan suponer la existencia de hechos que constituyan delitos patrimoniales en contra del erario público.
El segundo piso de la Cuarta Transformación podría poner manos a la obra y complementar la estrategia de seguridad con acciones para mejorar los propios sistemas y procesos que constituyen la infraestrcutura crítica de las instituciones del Estado mexicano, con el fin de proteger la información personal de los ciudadanos y su propia segruridad patrimonial, debido a los chantajes económicos que son sujetas las instituciones para recuperar su información.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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