La desaparición de personas en México no es un fenómeno aislado ni meramente delictivo; constituye una profunda crisis social y humanitaria que interpela directamente la capacidad y voluntad del Estado para garantizar la seguridad, la justicia y los derechos fundamentales de su población. Desde una perspectiva sociológica, analizar la responsabilidad de instituciones clave como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) , las Fiscalías de las Entidades Federativas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resulta fundamental para comprender las dinámicas de poder, las omisiones estructurales y los desafíos persistentes en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
La Secretaría de Gobernación, como entidad central de la administración pública federal, tiene una responsabilidad transversal en la gestión de la crisis de desapariciones. Su rol es crucial en la articulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la supervisión de las acciones emprendidas por las diversas instancias gubernamentales.
A pesar de la magnitud de la crisis, la asignación de recursos humanos, financieros y tecnológicos a las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación y atención a víctimas ha sido insuficiente. Como responsable de la gestión política, no siempre ha garantizado que las necesidades presupuestarias de las instancias operativas se atiendan de manera prioritaria.
Si bien la ley establece un Sistema Nacional de Búsqueda, no siempre ha logrado empoderar suficientemente a las Comisiones de Búsqueda de Personas a nivel estatal, limitando su capacidad operativa y su adaptación a las particularidades de cada contexto regional.
Por lo que se refiere a las Fiscalías de las Entidades Federativas son las instituciones primarias responsables de la investigación de los delitos, incluyendo la desaparición de personas. Su actuación es crucial para garantizar el acceso a la justicia y sancionar a los responsables. Sin embargo, su desempeño se ha caracterizado por una serie de debilidades estructurales, como por ejemplo, enfrentan una enorme carga de trabajo y una falta de agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores especializados en la complejidad de los casos de desaparición lo que se traduce en investigaciones lentas, superficiales y con graves omisiones.
La CNDH tiene el mandato constitucional de proteger y defender los derechos humanos en México. En el contexto de las desapariciones, su rol es fundamental en la documentación de casos, la emisión de recomendaciones, la promoción de la rendición de cuentas y la visibilización de la problemática. Sin embargo, su efectividad se ve limitada por diversos factores, por ejemplo, principalmente por el nulo interés que ha mostrado su titular en las reuniones que la titular de la SEGOB ha llevado a cabo con las organizaciones de buscadoras de personas desaparecidas y designando a un director de área, lo que denota una falta de empatía con las víctimas.
Es crucial reconocer que la desaparición de personas es un problema complejo con raíces profundas en la desigualdad social, la violencia estructural y la debilidad del Estado de derecho. Abordar esta crisis requiere no solo el fortalecimiento de las instituciones mencionadas, sino también un cambio cultural que priorice la dignidad humana, la memoria de las víctimas y la exigencia de rendición de cuentas por parte de toda la sociedad. Solo a través de un compromiso integral y sostenido se podrá avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de personas desaparecidas y sus familias en México.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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