Sin duda alguna, uno de los principales problemas en el proceso de seguridad e impartición de justicia lo constituye, la impunidad que priva.
Según la Encuesta Nacional de Victimización que publica INEGI, anualmente se cometen unos 30 millones de delitos, de los cuáles, poco más de cien mil llegan a condición de sentencia y un 95% constituye cifra negra, es decir, no son denunciados.
La publicación de un video en donde un colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como filtración de la declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), no abona a un proceso con pulcritud procesal y al esclarecimiento de los hechos que se le imputan y que son de interés nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) y, en su momento procesal, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deben cuidar este tipo de actos que enturbian la demanda y solo contribuye a la politización mediática que persigue un interés electoral.
En sus redes sociales el expresidente Felipe Calderón, dice que “el manejo ilegal y mediático del caso, confirma que con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política”. Prosigue señalando que “No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas.”
Mientras tanto los señalados han salido para negar cualquier relación poco honorable con el exdirector de PEMEX, a quién por cierto, nadie ha visto desde su presunta llegada a México. Entre ellos están los gobernadores de Puebla y Querétaro, el excandidato del PRI y del PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, respectivamente, así como el presidente del PAN, Marko Cortés lo hizo de manera institucional.
Este escenario vino a enrarecer el ambiente de los gobernadores en la CONAGO con el Ejecutivo Federal, cuando su presidente, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien es otro de los señalados, dijo que “El gobierno federal pide el trato que no da, con una mano pide el trato de estado y con la otra da bofetada de partido”. También se quejó de que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se haya reunido con miembros de la organización criminal “La Columna Armada”, quienes presuntamente tienen órdenes de aprehensión ante la FGR y la Fiscalía Estatal, así también, que Peralta sirve como “personero para filtrar historias”.
La experiencia dice que la justicia sirve como instrumento político. La dispersión del expediente del caso Ayotzinapa, en el norte, centro y sur del país, vino a ralentizar investigaciones, declaraciones y demás procesos, violando el principio de unidad procesal y enviando deliberadamente por todo el país, los fragmentos de las investigaciones.
Las filtraciones que se hacen de los elementos de prueba permiten dejarlas inhabilitadas y sólo permiten hacer un uso político y mediático de la información, pero se aleja del propósito de justicia de la #4T y cae en el terreno de la revancha con propósitos electorales.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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