La reciente extradición de 29 presuntos narcotraficantes de México a Estados Unidos, entre los que destacan figuras como Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, representa un hito en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Esta acción se enmarca en un contexto de intensas negociaciones entre ambos países, donde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca evitar la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, medida que la administración del presidente Donald Trump ha considerado debido al tráfico de drogas y la migración ilegal.
El envío de estas personas a Estados Unidos es considerada una de las mayores entregas de criminales en la historia reciente y se enmarca en un contexto de presión diplomática por parte de la administración estadounidense, que busca frenar el flujo de fentanilo y otras drogas a su territorio. Sin embargo, también pone sobre la mesa la cuestión de la soberanía judicial de México y la efectividad de su estrategia de combate al crimen organizado.
La entrega de estas 29 personas, que incluye a líderes de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo y La Familia Michoacana, es una muestra del compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico y en fortalecer la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, esta acción también ha suscitado debates sobre la soberanía nacional y la eficacia de la estrategia de seguridad implementada.
En contraste, la situación de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa detenido en julio de 2024 en Nuevo México, pone de relieve las complejidades de la relación bilateral en materia de justicia. Zambada ha solicitado su repatriación a México, argumentando que su captura y traslado a Estados Unidos violaron la soberanía mexicana y que enfrenta la posibilidad de la pena de muerte en territorio estadounidense, y por tanto, con la precipitada salida de estos presuntos delincuentes podría ocurrir lo mismo.
Este suceso también refleja las limitaciones de la estrategia de seguridad mexicana, que a menudo depende de capturas espectaculares y extradiciones como medidor de éxito. Sin embargo, el debilitamiento de un cártel o la entrega de un líder criminal no significa necesariamente una reducción en la actividad delictiva.
De hecho, en muchos casos, el vacío de poder genera conflictos violentos entre grupos rivales. Además, la desarticulación de grandes cárteles ha llevado a la proliferación de organizaciones criminales más pequeñas, muchas de las cuales se dedican a actividades como el secuestro, la extorsión y el robo de combustible.
Si bien la colaboración entre ambos países es crucial para combatir el narcotráfico, la falta de reciprocidad y las consecuencias internas de estas acciones plantean interrogantes sobre la efectividad y sostenibilidad de esta estrategia.
El gobierno mexicano deberá evaluar cuidadosamente sus próximos pasos para garantizar que su política de seguridad no solo responda a presiones externas, sino que también atienda las necesidades de seguridad y justicia dentro del país.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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