El sistema político mexicano descansa sobre un gran entramado de acuerdos políticos, económicos y sociales, y por extensión de sus sistemas y sus subsistemas.
Durante muchos años el sistema político mexicano se sostuvo sobre los hilos del presidencialismo, en el que jefes políticos y caciques locales y regionales se rendían ante la voluntad del poder presidencial en turno. A veces negociaban, a veces eran obligados.
Esta fórmula permeó a los tres poderes de la Unión, a las entidades federativas y los municipios. Por eso existieron familias consanguíneas que dominaron estados y municipios durante años, que hoy en día algunas todavía subsisten.
En algunas de ellas se arraigaron costumbres, como el poder por el poder o la corrupción, lo que trajo consigo una disfuncionalidad en las funciones de Estado y de gobierno y sus posteriores administraciones no quisieron modificar las conductas que desvirtuaron la administración pública.
Por ejemplo, el escándalo del robo de 6 terabytes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reveló que en septiembre de 2022 servidores públicos de los gobiernos de Jalisco, Morelos y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvieron alguna relación con grupos de la delincuencia organizada. Todo ahí quedó.
Aquí subyacen las causas políticas profundas que dificultan el funcionamiento del sistema de seguridad mexicano, en los que quizás en algunos casos haya compromisos reales con la delincuencia.
Hoy en día las próximas elecciones de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación abre una amenaza para que la delincuencia consolide sus redes de corrupción impunidad.
Otra amenaza lo constituye la violencia en Sinaloa desde hace varios meses, que por ahora acapara la atención de las instituciones de seguridad, por citar algunos ejemplos.
En la medida en que se consoliden las instituciones de seguridad, erradicando problemas como corrupción e impunidad, cabe la posibilidad que se desaten los nudos que impiden el correcto funcionamiento institucional de la seguridad.
Los gobiernos locales y municipales, de los que en algunas ocasiones el poder político federal se ha desentendido y los ha dejado a su libre albedrío, son más propensos a continuar con prácticas anquilosadas al amparo del federalismo y del municipio libre.
En lugares y regiones del país la delincuencia se ha consolidado como organizaciones paralelas a las autoridades, dominando al poder político en algunos casos o sometiendo a la población civil, en otros casos.
Por eso es importante la detención de servidores públicos en el operativo enjambre en el Estado de México, quienes están señalados de estar vinculados con el crimen organizado.
Hoy una parte del sistema de seguridad mexicano descansa sobre una clase política con una muy dudosa reputación y bajo algunas autoridades políticas señaladas de estar involucradas con la delincuencia organizada.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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