Para los Estados Unidos la relación bilateral con México se basa en tres puntos: economía, migración y seguridad, en los que se desarrollan una gran cantidad de temas sobre los cuales marcha la relación.
Por eso es por lo que después de la embajada norteamericana en El Cairo en Egipto, su Embajada en México junto sus Consulados trabajen unas 400 personas. Para Estados Unidos, el Cairo constituye una posición geopolítica de interés, lo mismo que sucede en su embajada en México.
Le interesa que las inversiones norteamericanas cuenten con la certeza política y jurídica necesaria, para acrecentar su dinero y que el fenómeno migratorio no llegue a niveles de invasión territorial.
Pero quizás para Washington lo más importante sea la seguridad, el eje sobre el cuál giran todos y cada una de las agendas temáticas y que lo conceptúan con un vínculo indisoluble a la economía y migración.
Las primeras ordenes ejecutivas luego de la toma de posesión del presidente Donald Trump, definirían el rumbo la política de seguridad, sin perder de vista los grandes intereses sobre los que gira la política norteamericana.
Pero en México los temas de economía, migración y seguridad no cobran el mismo interés y relevancia.
La reforma al Poder Judicial de la Federación en México abrió un frente de crisis con la embajada norteamericana y con la de Canadá. El temor radica en la presunta debilidad que representa para las inversiones de esos países. Esto podría tener impacto en la economía de esos países a propósito del T-MEC
El punto en donde Washington presiona a México es en seguridad y migración. Conoce las debilidades de seguridad de las instituciones mexicanas, así como de su clase política, en el que muy posiblemente la Casa Blanca y las agencias de seguridad norteamericanas tengan otros datos sobre la radiografía de la seguridad mexicana.
Saben que por lo menos el 20% de los centros de población mexicanos está en manos de la delincuencia; sabe que las políticas de seguridad son insuficientes, mal diseñadas, mal alineadas y con algunos tomadores de decisión en seguridad están cooptados por la delincuencia, así como algunos personajes de la clase política.
Saben también que la transformación a que se refiere el régimen no puede lograrse con unas políticas públicas que poco abonan a la redistribución política, económica, social y de seguridad de la ciudadanía, así como con una escasa voluntad política de las entidades federativas
También saben que el compromiso por combatir a la corrupción es parcial, simulada y solo tiene fines electorales.
Por ahora el gobierno norteamericano presiona a la administración de la presidenta Scheinbaum con estas órdenes ejecutivas pero la respuesta recibida de nuestros paisanos expulsados no ha sido la esperada, debido en parte a que no desean volver al lugar donde quizás hayan sido amenazados por la delincuencia o por las autoridades políticas.
Posiblemente sea necesario valorar la propuesta que en algunos círculos de opinión se abre, sobre la necesidad de generar un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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