La afirmación del presidente norteamericano Donald Trump de declarar a los grupos de delincuencia organizada y carteles de la droga de este lado de la frontera, como grupos terroristas, no debe tomarse como un aviso de invasión o declaración de guerra, sino que demuestra una preocupación por las serias deficiencias en las políticas de seguridad públicas mexicanas.
Fueron varios los avisos en la Casa Blanca que prendieron las alertas. Primero, la liberación de Ovidio Guzmán en el operativo por su captura en Culiacán; segundo, el asesinato de mujeres y niños de la familia de binacional LeBarón; y no menos importante, el asilo político que México obsequió al expresidente de Bolivia, Evo Morales.
Vamos por partes. El terrorismo es una manera violenta de lucha política, su objetivo es la destrucción orden establecido. Por ejemplo, fue uno de los métodos utilizados en los años más duros de la guerra fría, para polarizar las posturas de occidente y oriente. En algunos casos así nacieron movimientos guerrilleros latinoamericanos desde finales de los 50’s y perduraron hasta los 80’s, en que México tuvo una participación pasiva en muchos casos y activa en algunos. Hoy una parte de la izquierda mexicana conserva esa ideología revolucionaria y sumado a una izquierda progresiva, son los que le dieron la bienvenida a Evo Morales a México.
Por otra parte, la deficiencia en la seguridad mexicana es un problema que ha rebasado las funciones de Estado y de gobierno establecidas en la Constitución y las normas secundarias. El modelo de seguridad contenido en el artículo 21 constitucional es un diseño elaborado en 1992 que ya dio de sí mismo, está agotado, es insuficiente y está superado por los sistemas y subsistemas contenidos en los nuevos modelos de seguridad que se encuentran sincronizados con los modelos políticos, económicos y sociales en otras democracias.
Esta podría ser la razón por el que la cuarta transformación del presidente López Obrador, no encuentra la puerta al problema de inseguridad, porque este diseño fue elaborado y responde a las necesidades de un sistema político distinto al que gobierna en este momento.
Por eso es que acontecimientos como el asesinato de una decena de policías en Michoacán, el fallido operativo en Culiacán o el asesinato de mujeres y niños de la familia Le Baron, por citar algunos, dan indicios que el Estado mexicano, que no es lo mismo que el gobierno, ha sido rebasado en su capacidad de otorgar seguridad a sus gobernados.
En el fondo la declaración del presidente Trump se ajusta a la coyuntura electoral en su país, momento en que la inseguridad mexicana trastoca intereses económicos y de seguridad de los temas de Estados Unidos en la relación con México. De aprobarse esta medida, se aplicarían sanciones económicas y el gobierno norteamericano podría aumentar su capacidad para perseguir sospechosos en territorio nacional.
La opinión pública en Washington ve en estas declaraciones de su presidente, como la respuesta a la política de “abrazos y no balazos” de la actual administración mexicana, seguido de un sentimiento de frustración por la liberación de Ovidio Guzmán y las muertes de la familia Lebarón y, además, como una respuesta al asilo de Evo Morales y que Washington lo cree involucrado con los cocaleros del Chapare relacionados con carteles mexicanos.
El mensaje a medios del canciller Marcelo Ebrard Casaubon negando algún intento de invasión a la soberanía mexicana, pareciera que está dirigido a defender un problema o unas decisiones de la política de seguridad, que hasta ahora esta administración ha sido incapaz de resolver como problema estructural, que va más allá de una afirmación, la negación de una realidad o de señalar a las pasadas administraciones.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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