Las recientes declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que catalogan a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, representan un giro significativo en la política de seguridad regional. Estas declaraciones buscan presionar a México para que intensifique su lucha contra el narcotráfico, pero también plantean desafíos estratégicos para la seguridad nacional mexicana.
En primer lugar, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá refleja una creciente frustración con la presunta incapacidad del gobierno mexicano para contener la violencia asociada al narcotráfico.
Según el Departamento de Estado de EE.UU, esta medida permitiría aplicar herramientas legales más robustas, como sanciones económicas y operaciones militares, contra estas organizaciones. Sin embargo, esta postura ignora la complejidad del problema y podría exacerbar tensiones bilaterales. México ha rechazado esta clasificación, argumentando que criminaliza al país y socava su soberanía.
Desde la perspectiva de la seguridad nacional mexicana, esta designación podría tener efectos contraproducentes. Por un lado, podría justificar intervenciones extranjeras en territorio mexicano, violando principios de no intervención y autodeterminación consagrados en la Constitución mexicana. Por otro lado, podría desestabilizar aún más regiones ya afectadas por la violencia, ya que los cárteles podrían intensificar sus actividades para demostrar su poder frente a una amenaza externa. Además, esta medida podría afectar negativamente la economía mexicana, especialmente en sectores como el turismo y la inversión extranjera, al generar una percepción de inseguridad generalizada.
No obstante, es innegable que los cárteles representan una amenaza significativa para la seguridad nacional de México. Su influencia se extiende más allá del narcotráfico, abarcando actividades como el tráfico de personas, la extorsión, el lavado de dinero, el cobro por derecho de piso y quizás lo más deplorable, su influencia en el costo de los bienes y servicios en algunas zonas y regiones del pais. Estos delitos socavan las instituciones del Estado y perpetúan la impunidad, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional, que incluyen garantizar la paz social y el estado de derecho.
El esfuerzo que deben realizar las instituciones de seguridad mexicanas no es para saisfacer los requerimientos de la Casa Blanca, sino para devolver el estado de derecho, la legalidad y la paz a poblaciones del pais.
Mientras que las declaraciones de Estados Unidos y Canadá buscan presionar a México para que adopte medidas más enérgicas contra los cárteles, su visión es un tanto reisgosa ya podría generar más problemas que soluciones.
México debe fortalecer sus propias capacidades institucionales y de inteligencia para combatir el crimen organizado, en lugar de depender de estrategias impuestas desde el exterior.
La coopración internacional es esencial, pero debe respetar la soberanía y las particularidades del contexto mexicano.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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