El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió mal librado en la votación que pretendía autorizar la pregunta para juzgar a los expresidentes.
De entrada viola el artículo 14 constitucional, ya que podría configurar la retroactividad del derecho y además porque el objeto de la consulta es para dirigir una mayoría de razón. Algo así como un linchamiento popular.
Además de lo anterior, el propósito de la consulta es para preguntar a la ciudadanía acerca de la aplicación de la ley. Esta es una hipótesis no admitida, dado a que si la presunción gira en torno a la comisión de uno o varios delitos que pudieran haber cometido los expresidentes, son delitos y deben de perseguirse, sin que esto sea motivo de consulta.
Los razonamientos para declarar como constitucional la consulta que quiere el presidente, carecen de tesis o un pensamiento en el que se analice el sentimiento constitucional sobre dicha petición y se inscriben en el discurso político de complacencia al titular de otro Poder.
La cuestión de esto fue, la constitucionalidad de la consulta popular y la pregunta elaborada por la Corte, en la que gran parte de la opinión pública vertida en columnas de opinión o editoriales de los siguientes días dedicó sus comentarios y crítica al juicio de los ministros que se pronunciaron por la constitucionalidad de la pregunta, así como por la nueva pregunta, de cuyo contenido no resuelve nada.
El Ejecutivo se ha impuesto en algunos temas de la Corte. Por ejemplo, hace unos meses de manera súbita presentó su renuncia a la toga, Eduardo Medina Mora, ministro propuesto por el expresidente Peña, mediante una carta de renuncia ante las presiones mediáticas de una investigación en su contra por corrupción.
Con esto la Corte vulnera el equilibrio de poderes y permite que otro poder interfiera en sus decisiones.
El trabajo que desempeña la Corte es fundamental para el Estado mexicano. Se trata, nada más ni nada menos, que de la impartición de justicia en el orden federal.
La Constitución y su Ley Orgánica le establecen atribuciones que están en sincronía con políticas públicas de seguridad y de procuración de justicia.
Participa además como garante del orden constitucional y de la legalidad en el país, por medio de toda la estructura de juzgados y tribunales, con el objeto de cumplir con la función de Estado que la Constitución así le mandata.
Desvirtuar el orden constitucional para ajustarse a los deseos de otro Poder, irrumpe en el sistema democrático mexicano al no defender la división de poderes.
Los ministros que votaron por la constitucionalidad de la consulta han dado un paso atrás en el fortalecimiento del Poder Judicial, mientras que el Ejecutivo incumplió su promesa de no intervenir en los asuntos de los otros Poderes.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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