En un informe político a dos años de su triunfo electoral, el presidente López Obrador señaló algunos logros de su administración.
Sobre seguridad dijo que la nueva política de seguridad empieza a dar resultados, que se ha podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y se ha roto la tendencia histórica de su crecimiento.
Pero no todas las cosas son buenas. El fin de semana pasado el secretario de seguridad de la ciudad de México, Omar García Harfuch, fue sujeto de un ataque para asesinarlo y acusó al cartel Jalisco nueva generación.
Esta es una de las desafortunadas consecuencias que tuvo un inocente saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, y la liberación manifiesta de su hijo, Ovidio Guzmán, dado a que en el imaginario público persiste la idea que la administración federal protege al cartel de Sinaloa y solo combate al cartel de Santa Rosa de Lima u otros grupos de delincuentes.
Así se percibe con el arresto de la madre de José Antonio Yepez Ortíz, “El marro” y algunos otros familiares, y su posterior liberación que no fue por la acción de la justicia, sino por fallas en el procedimiento.
Este dichoso procedimiento ha sido el dolor de cabeza del Estado mexicano, ya que es el causante de impunidad, como en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, cuando el expediente fue dispersado en varios juzgados por el país, causando confusión procesal y permitiendo su lentitud deliberada.
Así como las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña tuvieron serios tropiezos en seguridad, respectivamente, la presente administración no ha dado buenas cuentas en seguridad.
Se multiplican en el país crímenes en grupo, cuyo común denominador es la cantidad de víctimas o del alto impacto, como en el bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos en Veracruz, la emboscada de policías en Aguililla en Michoacán, la terrible matanza de tres mujeres y seis niños de la familia Lebaron en Chihuahua, el enfrentamiento de Villa Unión y últimamente en varias localidades de Guanajuato.
Las condiciones políticas, económicas y sociales que prevalecían en la administración Peña Nieto y desde mucho antes, factores que llevaron a López Obrador al triunfo electoral hace dos años, no han cambiado, y parece que solo se administran esos factores para no perder el interés electoral.
El fantasma de la corrupción se cierne sobre la titular de la Función Pública y su cónyuge, cuando existe una discrepancia entre las propiedades reportadas, la capacidad económica, la forma de pago y el tiempo en que acumuló los ahorros suficientes para su adquisición. También la persecución política a organismos autónomos desgasta y debilita las instituciones en vez de fortalecerlas.
Las condiciones económicas no son favorables en un entorno internacional derivado de la crisis causada por la pandemia del coronavirus y, en lo social, no se aprecia recuperamiento en las mesas de las familias.
Parece que en la balanza de salir a medios para festejar un triunfo electoral, el Ejecutivo le debe más explicaciones a la ciudadanía, que celebraciones públicas.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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