En matemáticas existe un procedimiento llamado curva de aprendizaje, que describe el grado de éxito obtenido en el transcurso del tiempo. Este ejemplo puede llevarse a la función pública.
Se trae a colación la curva de aprendizaje en materia de seguridad pública por varios factores. Desde que el hoy presidente López Obrador estuvo en campaña hace un año, tuvo a su disposición diagnósticos de diversos actores políticos y sociales que arrojaban la gravedad del tema de seguridad pública.
Pero parece que el fin de semana pasado su administración subestimó y desestimó el contenido de esos diagnósticos, sumados a los análisis que le ofrecieron las dependencias de seguridad del país.
El resultado fue trágico, en términos de vidas humanas. Catorce personas asesinadas en Minatitlán Veracruz, una decena en Guanajuato, dos más en Comalcalco Tabasco, principalmente.
Fue notorio el vacío de autoridad que produjo la ausencia de información oficial. Un presidente acostumbrado a informar por Twitter y por medio de conferencias matutinas, se vio rebasado por el alud de indignación en redes sociales, que obtuvieron impresiones de pantalla de su cuenta de Twitter cuando Andrés Manuel López Obrador criticó a anteriores administraciones por su ausencia y manejo en casos similares, como Villas de Salvarcar en la administración del presidente Calderón o Ayotzinapa con Peña Nieto, por citar algunos, justo de lo mismo que hoy adoleció la presente administración: una severa crítica por la aparente falta de planeación en seguridad, un vacío de poder que fue llenado con la crítica de la opinión pública.
Los fieles seguidores del presidente López Obrador y algunas cuentas falsas en redes sociales argumentaban que, detrás de estos asesinatos se encontraba la mafia del PRI y de Acción Nacional. Como si Morena hubiera planeado y dirigido sucesos como Nochistlán, Tlatlaya u otro caso similar.
Además del saldo trágico, el manejo de la comunicación gubernamental fue todo un desastre. Aprovechando la cresta mediática que la indignación provocó en la opinión pública los asesinatos de estas personas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que, para acreditar primer y segundo grado en primaria, sólo bastará cursar sus materias; sin examinación y sin adquirir enseñanza alguna para los educandos. Esto le da materia a que el ala radical de los sindicatos de maestros para que se posicionen políticamente y tomen esta carencia como bandera.
No solo esto. En esta misma cresta mediática y en lo que parece un ejercicio ajeno al compromiso del Ejecutivo Federal de combatir la impunidad y corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la devolución de los bienes que incautó a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, consistentes en cuentas bancarias, bienes inmuebles, obras de arte y un automóvil de colección. A la FGR solo le faltó pedirle perdón de rodillas a la señora.
Por su parte, y como un gesto de venganza fue tomada la noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la confiscación de las cuentas bancarias de la casa productora de cine que filmó el documental sobre la izquierda en Latinoamérica en el pasado proceso electoral.
Posteriormente el discurso oficial prometió justicia en estos lamentables asesinatos y para subsanar las deficiencias en seguridad, el discurso se dirigió a las bondades de la Guardia Nacional, como si fuera la salvación de todos los problemas de seguridad del país, cuando se omite el combate a la impunidad y corrupción en casos como el de Elba Esther Gordillo o se insiste en utilizar instituciones para perseguir a los incómodos.
Por el manejo de información, parece que no hay curva de aprendizaje en estos meses que ha transcurrido la administración federal, sino un burdo intento de engañar a la ciudadanía con una tragedia con las muertes acaecidas.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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