La administración del presidente López Obrador transita por una complicada etapa en la seguridad mexicana, cuyo uno de sus principales problemas consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.
Entre aparición de cuerpos, desaparición de personas y feminicidios, poco a poco la planeación de seguridad demuestra su poca efectividad y la deficiente capacidad de respuesta de las instituciones del Estado mexicano.
El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, que constituyen la seguridad pública, en la cúspide de la seguridad mexicana en el que participa la federación, las entidades federativas y los municipios.
Hay una deficiencia dogmática en la Constitución, toda vez que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.
Con este esquema se armonizaría a la Ley de Seguridad Nacional, debido a que establecería factores económicos, políticos, sociales y de seguridad en el concepto general de seguridad y en consecuencia, asignaría cada una de estas tareas al ámbito que le corresponde.
Pero el problema se extiende de una reconfiguración dogmática pero alcanza las fibras de las políticas públicas y sensibilidades políticas de los gobernantes.
En el ámbito federal los esfuerzos de la Guardia Nacional, de las policías estatales o municipales o las Fiscalías no son suficientes, en tanto alguna de las autoridades de los tres órdenes de gobierno politicen las acciones de gobierno hacia la tendencia para favorecer a un partido o sobresalir mediáticamente.
También la ausencia de un marco jurídico actualizado impide una debida coordinación y armonía, entre la visión de gobierno y sus políticas públicas. El ejemplo lo constituye la falta de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés y la creación del del Consejo para la Construcción de la Paz que prevé la Estrategia Nacional de Seguridad.
Lo mismo con el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa para la Seguridad Nacional y al Programa Nacional de Protección Civil que se derivan del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 – 2024.
Aún con la promulgación de dichos programas no garantiza ni es suficiente para alcanzar la anhelada seguridad.
La política en seguridad supera a la política de seguridad, sus complejidades a veces impiden una coordinación y sincronización de acciones.
Las estadísticas lo señalan así como el aumento en delitos sensibles para la sociedad.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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