La política de Estado de seguridad descansa en un entramado de planeación y de diseño institucional que tiene su origen en el artículo 21 constitucional que tiene como premisa principal el establecimiento del orden y paz públicos.
De ahí se dirige al Plan Nacional de Desarrollo (PND) que establece los objetivos de seguridad de la administración en turno, lo transforma en líneas de acción señaladas en los Programas Sectoriales de Seguridad, Defensa y Marina y se apoya de la estructura programática contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo que se refiere al diseño institucional la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece la coordinación entre la federación, los estados y sus municipios en la materia.
Una de las principales fortalezas está constituida por el fuerte entramado dogmático que involucra los fines y propósitos de la seguridad, desde la Constitución hasta la LGSNSP.
Sin embargo, entre las debilidades que sobresalen se encuentra la relación de la delincuencia con el poder político o de algunos mandos, ya sea por voluntad o de manera forzada, que impide en todo caso el desempeño de la voluntad política necesaria para llevar a cabo los fines, propósitos y objetivos de la seguridad.
Aquí también se inserta la disparidad de suelos, salarios y prestaciones de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, locales o municipales, que hacen presa de las tentaciones de la delincuencia.
La voluntad política de los regímenes que gobiernan entidades federativas, municipios o la federación es un factor determinante para los objetivos de seguridad.
Por lo que toca a la Guardia Nacional hoy en día ha sido transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y se hace cargo de asuntos que anteriormente estaban conferidos a la Policía Federal, y además, coadyuva con las policías estatales y municipales, en una mezcla de atribuciones y facultades.
Pero en este ejercicio de apoyo a los estados y municipios, solo enrarece el ambiente de seguridad y desvirtúa a sus instituciones, debido a que algunos de los mandos de las policías estatales y municipales dejan de realizar sus actividades, para que sean las instituciones federales las que lo hagan.
Esto produce que procesalmente las autoridades federales no tengan atribuciones para delitos del orden común y, por tanto, la liberación de presuntos delincuentes.
Cuando en algunas ocasiones la federación y las entidades federativas se culpan mutuamente del fracaso de las políticas de seguridad, se argumentan los últimos la falta de apoyo de parte de los primeros y entonces el diseño institucional contenido en la Constitución, las normas federales o generales pasa a segundo término y la seguridad simplemente queda en el desinterés.
Una probable solución al problema de seguridad consiste en la despolitización de las funciones de seguridad, que con el compromiso de todas las autoridades ayudaría a reducir la inseguridad en el país, mejoraría la distribución de recursos y funcionaría el diseño institucional.
Hoy por hoy la seguridad mexicana transita por momentos difíciles, consecuencia de una serie de debilidades y la politización de sus políticas y diversos procesos.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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