El presidente López Obrador ha señalado la posibilidad de suprimir los organismos constitucionales autónomos, para que sean absorbidos por las Secretarías de Estado de su administración.
Como ejemplo, las funciones inherentes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que es el organismo garante del acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, así como la promoción de la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, pasarían a la estructura de la Secretaría de la Función Pública. Así con los demás organismos autónomos constitucionales.
El argumento para sustentarlo se basa en la austeridad; es decir, el costo que representa en contraste al beneficio recibido, sin embargo se abusa de este argumento.
En esta administración las Fuerzas Armadas han recibido funciones que constitucional o legalmente se alejan de las misiones que tienen encomendadas, o bien, que no están contenidas en la función de Estado de Defensa Nacional, en tierra, o del Poder Naval en el mar.
En esta administración se les otorgaron funciones para reforzar la seguridad pública, pero también recibieron de su Comandante Supremo, la orden de construir un nuevo aeropuerto, la remodelación de hospitales, construcción de sucursales bancarias y administrar puertos.
Además de las funciones de Estado que les asigna la Constitución y sus Leyes Orgánicas, las Fuerzas Armadas Mexicanas ahora deben coadyuvar en funciones cuyos resultados son ajenos a la función militar y deberían ser ejecutados por las dependencias civiles de la administración pública.
Antes de la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue un acérrimo crítico de las Fuerzas Armadas, que entre otras cosas, prometió que regresaría a las tropas a sus cuarteles, y por el contrario, los tiene más que nunca en las calles.
Al otorgarles nuevas atribuciones que se alejan de las funciones de naturaleza militar, el presupuesto para ejecutar las obras o servicios encomendados por su Comandante Supremo pasa a las Fuerzas Armadas para que sea aplicado.
Por este motivo es que el presupuesto de las Fuerzas Armadas Mexicanas supera el presupuesto de varias Secretarías de Estado, pero no como una exigencia de los militares, sino como la asignación de nuevas funciones, que seguramente ni los propios militares están de acuerdo en realizarlas.
Ahora con la reasignación en las funciones y presupuestales que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas hace a su Ejército, Fuerza Aérea o Armada, el presidente de la República está obligado a garantizar que los ciudadanos que deseen conocer la forma en que fueron gastados los recursos públicos, lo conozcan por medio de las instituciones de las que alguna vez hizo un uso político con su información.
Suprimir los órganos constitucionales autónomos para que el Ejecutivo asuma sus funciones es un acto de regresión histórica y democrática, del que la izquierda mexicana conoce y sabe lo que costó crear y desarrollar el sistema para ejercer el derecho a la información.
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