El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser lo suficientemente audaz para detectar las 13 ventanas oportunidad en la opacidad que generaron nichos de corrupción entre el 2000 y el 2005 y que fueron señalados en el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora” presentado en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación.
Del anterior informe se desprende que la falta de transparencia generó opacidad en los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, -ADEFAS-, así como una deficiencia recaudatoria. Por ejemplo, los montos por adefas del 2010 al 2015, van de 13,324 13,632 14,389 15,084 15,550 y 31,085 millones de pesos, respectivamente.
Sin duda alguna que lo más escandaloso se encuentra en la recaudación en ese periodo, como consecuencia del abuso de la figura la consolidación fiscal prevista para grandes corporativos. Por ejemplo, en el 2006, 50 grandes contribuyentes, que corresponden, -en general-, a empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras, sólo pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio.
Sale esto a relucir por la solicitud que hizo cervecería Corona para una devolución de impuestos por casi 3 mil millones de pesos y que la Suprema Corte de Justicia la detuvo.
Esto trae a colación la generosa devolución de impuestos, de una cantidad similar a grupo Televisa que se hizo a principios del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, como si se tratara del pago en retribución por la contraprestación de un servicio.
Además, se inserta en la compleja trama de corrupción que subyace en Petróleos Mexicanos y que va principalmente, en la logística y distribución, de tal forma que cada proceso administrativo y operativo se convierte en un potencial nicho de corrupción, aprovechado por directivos en complicidad con otros servidores públicos y sindicato, que convierten estas tareas en áreas de oportunidad.
Con esto se reafirma que nadie más que la clase política mexicana sabe que el sistema hacendario y fiscal en México no está diseñado para mejorar las condiciones económicas de la ciudadanía.
El sistema anticorrupción debe contemplar estas y otras posibilidades de justicia política, ya que es necesario incorporar la persecución de los delitos de cuello blanco y cuyos exponentes no puedan aspirar a algún cargo de elección o sean premiados con algún cargo en el servicio exterior mexicano.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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