Con un Zócalo lleno de personas que en su mayoría habían sido llevadas en camiones alquilados y a quienes les dieron su box lunch al final del evento, el presidente López Obrador presentó un corte de gobierno, en el primer año de su triunfo en las elecciones de julio de 2018.
Hay algunos datos que proyectan finanzas públicas y una economía que comienza a abrirse. Por ejemplo, las reservas internacionales aumentaron poco más de 4 mil millones de dólares; el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, no visto desde la administración de Vicente Fox; las tiendas de autoservicio reportaron un aumento de 5.4% en sus ventas y el peso se apreció 6.61%.
Sin embargo, estas cifras que pudieran proyectar una buena economía, no son un reflejo fiel de lo que sucede en la administración federal.
Hay un cálculo de que unos 21 mil empleados del gobierno federal han sido despedidos en esta administración, que seguramente muchos de ellos votaron por la opción electoral que representaba la cuarta transformación.
No solo esto, sino los magros resultados en seguridad y la ausencia de justicia en el combate a la corrupción, no son alentadores en un gobierno que prometió mucho.
La recién inaugurada Guardia Nacional es un instrumento que se encuentra lejos de poder dar resultados. Producto de la fusión de la policía militar, la policía naval y la policía federal, es muy probable que, en la curva de aprendizaje de esta nueva dependencia, se observen vicios cuando fue creada en 1999 la Policía Federal Preventiva, cuando sus principales cargos fueron disputados por mandos del ejército y marina, lo que desvió la naturaleza de sus funciones y creó intereses en su interior. Estos intereses crecieron junto con sus nichos de corrupción y formaron grupos en sus divisiones que desvirtuaron la esencia de la corporación, y tarde o temprano se tradujo en la penetración de la delincuencia en algunos de sus mandos.
Ojalá que entre los intereses se haya terminado la práctica negativa de otorgar escoltas y protección, a empresarios o dueños de medios de comunicación del régimen político en turno y a sus familias, con cargo a los impuestos de los contribuyentes, por supuesto.
Sobre el combate a la corrupción, se sabe que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, se encuentra en Alemania y, por tanto, difícil que sea alcanzado por el brazo de la lenta y tortuosa justicia mexicana; tampoco se ha sabido que que exista alguna investigación sobre la corrupción en la construcción del paso exprés de Cuernavaca que causó la muerte de dos personas, entre los más destacados.
Por otra parte, la interpretación de austeridad de esta administración parece que se reduce a lo que es visible a simple vista o del conocimiento público. La Ley de Austeridad que prohíbe los seguros de gastos médicos y de vida, pero que, en una redacción actualizada, revive las partidas secretas.
Esta Ley suprime otros excesos, como el nepotismo hasta en cuarto grado de parentesco, el uso de inmuebles y representaciones de la administración pública México en el exterior, salvo las de seguridad nacional, como a Fiscalía General de la República, las agregadurías militares y navales y de la Guardia Nacional.
Las manifestaciones recibidas en el Zócalo, hayan sido manipuladas o no, necesitan ser legitimadas con acciones de precisión. Si el presidente López Obrador y su administración da tiros precisos y encarcela a personajes de otras administraciones relacionados con la corrupción junto con la devolución de bienes sustraídos de manera ilegal y reduce de manera significativa la inseguridad, se llevará las palmas. No antes.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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