La desaparición de personas en México se ha convertido en una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones de la sociedad civil revelan un panorama desolador, donde miles de personas han sido víctimas de este delito, dejando tras de sí un rastro de dolor e impunidad y parece que muy pocas entidades federativas tienen algunas fosas o crematorios de verdadero horror.
Ante esta realidad, resulta imperativo analizar algunas de las debilidades de las instituciones del Estado mexicano para abordar eficazmente este problema.
Si bien México cuenta con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, su implementación enfrenta diversos obstáculos.
Algunos de estos obstáculos son falta de armonización entre la legislación federal y las leyes estatales genera inconsistencias en la aplicación de los protocolos de búsqueda e investigación. Aunque la ley define la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, aún existen desafíos en la tipificación precisa de estos delitos, lo que dificulta la investigación y sanción de los responsables.
La deficiente coordinación efectiva entre las distintas instancias de gobierno (federal, estatal y municipal) obstaculiza la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
También la investigación de los casos de desaparición enfrenta múltiples desafíos que limitan la efectividad de las acciones emprendidas por las autoridades. Los agentes del Ministerio Público y los policías carecen de la capacitación especializada necesaria para investigar adecuadamente los casos de desaparición, lo que se traduce en investigaciones deficientes y revictimización de los familiares. La falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos dificulta la realización de investigaciones exhaustivas, el análisis de información y la identificación de restos humanos.
Desafortunadamente, existe una profunda desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia, lo que dificulta la colaboración y el intercambio de información.
Los familiares de personas desaparecidas son sometidos a interrogatorios revictimizantes, trámites burocráticos excesivos y falta de información sobre el avance de las investigaciones. La atención psicosocial a los familiares es deficiente, lo que agrava el impacto emocional y psicológico de la desaparición. La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares es un derecho reconocido por la ley, pero su implementación es limitada.
Para fortalecer las instituciones del Estado mexicano frente a la desaparición de personas, es posible fortalecer el marco legal y normativo, armonizando la legislación federal y estatal, y mejorando la tipificación del delito; invertir en la capacitación y profesionalización de agentes del Ministerio Público y policías, así como en la dotación de recursos para la investigación, combatir la corrupción y la impunidad, fortaleciendo los mecanismos de control y sanción; y quizás lo más importante, mejorar la atención a víctimas y familiares, brindando apoyo psicosocial y garantizando la reparación integral del daño.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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