Las fiscalías de las entidades federativas en México enfrentan una serie de deficiencias estructurales, operativas y de gestión que agravan la crisis de personas desaparecidas. A pesar de los marcos legales establecidos, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la realidad muestra que estas instituciones son incapaces de brindar respuestas eficaces y oportunas. A continuación, se analizan las principales deficiencias, tomando como ejemplo la Fiscalía de Jalisco y el emblemático caso del Rancho Izaguirre.
Uno de los problemas más evidentes es la insuficiencia de personal capacitado y de recursos materiales adecuados. Muchas fiscalías operan con agentes del Ministerio Público sobrecargados de trabajo, peritos insuficientes y policías ministeriales que carecen de entrenamiento especializado en búsqueda de personas y análisis forense. En Jalisco, se ha documentado que los agentes encargados de investigar desapariciones enfrentan cargas de trabajo que superan los 200 expedientes por investigador, lo que dificulta dar seguimiento detallado a cada caso.
En el caso del Rancho Izaguirre, donde se localizaron múltiples fosas clandestinas, se evidenció la falta de capacidad operativa para procesar adecuadamente la escena. Los servicios periciales tardaron días en llegar, y cuando lo hicieron, carecían del equipo suficiente para garantizar la preservación de los restos y la recolección de indicios cruciales.
La infiltración del crimen organizado en algunas fiscalías es una realidad alarmante. Esta situación provoca que las investigaciones sean obstaculizadas o directamente saboteadas. En el caso de Jalisco, se han reportado vínculos entre funcionarios y grupos criminales, lo que compromete la imparcialidad de las investigaciones. El Rancho Izaguirre expuso esta problemática cuando familiares de las víctimas denunciaron que las autoridades habían recibido amenazas y que algunos policías municipales podrían haber colaborado con los criminales.
Otra de las debilidades es la carencia de sistemas de información integrados. Muchas fiscalías no cuentan con bases de datos actualizadas ni interoperables, lo que impide cruzar información entre estados o con la federación. En Jalisco, los colectivos de búsqueda han señalado que la Fiscalía no cuenta con registros confiables de personas desaparecidas, y que muchos casos quedan mal documentados o incompletos.
Finalmente, muchas fiscalías operan bajo presiones políticas o buscan proteger la imagen del gobierno local, más que procurar justicia. La falta de transparencia en los resultados y la impunidad en casos emblemáticos desalientan la confianza de la ciudadanía. En Jalisco, la Fiscalía enfrentó críticas por su lentitud en reconocer la magnitud del problema de desapariciones y por la ausencia de sanciones contra funcionarios negligentes.
Las fiscalías de las entidades federativas son un eslabón crucial en la lucha contra la crisis de desapariciones en México. Sin embargo, sus deficiencias estructurales, operativas y éticas han contribuido a perpetuar el problema. El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco ilustra cómo la falta de recursos, la corrupción, la descoordinación y la indiferencia institucional generan condiciones que favorecen la impunidad.
La transformación de estas fiscalías requiere una reforma profunda que garantice autonomía real, profesionalización del personal, recursos adecuados y transparencia total. Solo así podrá empezarse a revertir la tragedia humanitaria que viven miles de familias en el país.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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