La tragedia de Tlahuelilpan en Hidalgo trajo a relucir problemas estructurales en el campo social y político del poder nacional.
En el campo político solo vino a reconfirmar las sospechas de la grave corrupción en la que se encuentra la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Presumiblemente el robo de combustible se organiza, planea y se ejecuta, desde dentro, en complicidad con el sindicato.
Los pobladores del lugar donde sucedió el siniestro, no podrían saber el lugar de localización por donde atraviesan los ductos, sin la complicidad de alguien desde el interior de Pemex y en colaboración con la autoridad de seguridad para no ser molestados. Por eso vimos a un pelotón de militares para contener casi un millar de personas.
Una joya más. La periodista Ana Lilia Pérez en su libro intitulado “El Cartel Negro” afirma que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se proporcionó a gobernadores y presidentes municipales, el Atlas Nacional de Ductos, un documento de contenido sensible de seguridad nacional.
Lo que hizo la administración de Calderón fue, darles carne fresca a los lobos, caray. Imagine usted a Javier Duarte, Eugenio Hernández o César Duarte con esta información para obtener un lucro indebido de su contenido.
De ser cierto, es posible que haya responsabilidades por haber proporcionado información de seguridad nacional a quien no debería haberla tenido en su posesión. Y no deberían haber poseído esa información, en virtud a que el cauce por donde corre los ductos en el país, es territorio federal y, por tanto, sujeto a un derecho de vía que no les corresponde gobernadores o presidentes municipales, débiles y vulnerables eslabones en la cadena de corrupción del país, a menos que alguien con más intereses en dar a conocer esta información, lo haya hecho de manera consiente y deliberada.
En el campo social, vino a demostrar que las políticas educativas, económicas y sociales para pueblos y comunidades por donde atraviesan los ductos, son mediocres, insuficientes o deficientes. No cumplen con su objetivo.
La corrupción que hay detrás de esto es, la que hace que el ciudadano no confíe en sus autoridades en un acto de impartición de justicia y, por tanto, tiene como consecuencia que la ciudadanía tome venganza por sus propias manos al castigar al presunto ladrón o violador.
Todo esto es una de las consecuencias de la ausencia en el combate a la corrupción. Por permitir y tolerar sobornos, por no combatir a la corrupción, por tolerar que la clase política haga lo que quiera y como quiera.
Porque no hay confianza de la ciudadanía en los mecanismos de persecución e impartición de justicia a la clase política; porque pertenecer a la clase política es sinónimo de impunidad garantizada.
Porque de los poco más de 33 millones de delitos que ocurrieron en 2017, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, hay más del 95% de delitos negros que no son denunciados, de los cuales, solo llegan a sentencia unos 150 mil de ellos.
Quizás lo único bueno de esta crisis es, que las gasolineras ahora sí dan litros completos, pero el problema estructural no es cosa menor. Es un grave problema de Estado.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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