Cabe la posibilidad que algunas de las valoraciones sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador recaigan sobre tres factores. El primero, la ausencia de compromiso en el combate a la corrupción; segundo, en la caída en el fortalecimiento a los derechos humanos; y tercero, en la falta de resultados en seguridad.
Sobre la corrupción, la curva de aprendizaje ya contiene los escándalos de las casas del director de CFE y su hijo, aún cuando el presidente pidió a sus secretarios de Estado que no permitan actos de corrupción, incluso de su propia familia. Por ejemplo, no parece que haya voluntad para procesar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ni se ha sabido que exista alguna investigación sobre el paso express de Cuernavaca que causó la muerte de dos personas o de la corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
De esta administración fue muy desafortunado y desagradable, que una investigación arrojara que desde la Agencia de Noticias del Estado mexicano se dirige una campaña deliberada en contra de críticos y algunos personajes de la política mexicana, con el presunto consentimiento de su titular. También las hordas de cuentas en redes sociales que se dedican a atacar a los críticos de la administración del presidente, no abonan al establecimiento de un ambiente de cordialidad en la opinión pública.
Tampoco se ha sabido que abran expediente por responsabilidades en la Fiscalía General de la República y de la cancillería mexicana sobre el apoyo institucional de que se dio a Humberto Moreira, que fue acusado por la Fiscalía Española de nexos con el narco, quien fue literalmente rescatado por la embajada mexicana y la Agregaduría de la PGR en ese país. La corrupción se extiende a diversas Secretarías y dependencias del Ejecutivo, en Entidades Federativas, Municipios y Poderes; y como alguna vez dijo el exSecretario de Defensa Cienfuegos, es un asunto de seguridad nacional, y quizás, así lo vieron en West Wing en la Casa Blanca para las negociaciones con México en el T-MEC.
Hoy con entusiasmo la Cancillería mexicana anuncia que nuestro país obtuvo un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando día a día la delincuencia supera el horror de los delitos, al amparo de la impunidad.
En el tema de derechos humanos, no ha habido avance en los asuntos sensibles de la pasada administración, como Tlatlaya, Ayotzinapa, Ostula, que dan cuenta del estado de vulnerabilidad en que se encuentran los derechos humanos en México. No hay una política entre las corporaciones de seguridad de respeto a los derechos humanos, se siguen presentando casos de tortura y violaciones a los derechos humanos, como en Jalisco. El costo que ha pagado nuestro país ha sido el descrédito, y con ello, diversas oportunidades políticas en el plano internacional, para llevar a nuestro país múltiples oportunidades surgidas a los ojos del mundo, producto de la ventana de oportunidad que abrió el nuevo gobierno.
En el plano de la seguridad y defensa, la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad se traslada a su ineficacia y sumado a la penetración de la corrupción en su clase política, dan como resultado, la desconfianza de la administración de la Casa Blanca sobre los cuerpos de seguridad mexicanos. Esta es una preocupación real, sobre todo por la situación geopolítica de México en el marco del conflicto con el Estado Islámico que lleva el Pentágono, como una vulnerabilidad para su seguridad.
Más allá de sus escándalos, el punto es la vulnerabilidad del gobierno mexicano por los diversos frentes de crisis que ha abierto esta administración, y que compromete valores de la democracia.
Todo indica que para Washington la presente administración finalizó hace algunos años, y por el momento, no hay mensajes que indiquen que la Casa Blanca quiera ratificar la confianza en el partido del presidente.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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