En el diseño y elaboración de políticas de seguridad pública existen elementos que deben ser tomados en consideración, como el estado de fuerza o la capacidad de fuego.
El estado de fuerza representa la cantidad de elementos disponibles para la seguridad pública. Hay municipios que tienen unos cuantos elementos, hasta unos cuantos miles de elementos de las policías estatales. Obviamente las Fuerzas Armadas duplicarían el estado de fuerza.
Por lo que toca a la capacidad de fuego, mide el tiempo en que de manera intermitente las corporaciones pueden disparar un arma.
Se señala estos aspectos a propósito de la divulgación de videos en el que muestran camionetas acondicionadas con un blindaje rústico, rodeadas de personas con uniformes y portando armas de fuego.
Estos grupos aparentan tener una organización militar, con una presunta capacitación, mando y estructura territorial, pero lo más importante es que muy probablemente se trata de grupos delictivos con una zona de influencia territorial, pero dedicado a actividades ilícitas.
Estos grupos nunca serán superiores a la capacidad que tiene el Estado. Su propósito no es amedrentar a las Fuerzas Armadas, porque saben que militarmente serían derrotados.
Su objetivo es causar temor entre grupos delictivos rivales, la ciudadanía y entre las policías donde ejercen su influencia.
En cierta medida logran su propósito, porque impresiona a primera vista, la uniformidad en su vestir, sus armas y sus vehículos.
La seguridad del país proviene de las funciones de Estado en seguridad pública y en defensa nacional que tiene el Estado mexicano. Las primeras las realiza las policías del país y las segundas las Fuerzas Armadas.
La seguridad del país posee una planeación y obedece a objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que se desprenden de la Constitución, del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales de Seguridad y Defensa Nacional, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Así mismo se aterriza la seguridad en los estados, con su Constitución local y sus leyes de seguridad pública locales y desciende al municipio.
Uno de los desaciertos de la seguridad es que al pasar una desgracia la decisión política recae aumentando el estado de fuerza con más soldados o elementos de la Guardia Nacional, creyendo que eso solucionaría el problema estructural de ausencia de autoridad. No sucede eso.
Si el poder político es débil, por corrupción, colusión de servidores públicos o estar relacionado con la delincuencia organizada, poco, muy poco podrá hacer el estado de fuerza enviado o hasta la construcción de instalaciones para resguardar la seguridad de la población.
Cuando es necesario el poder político también debe ser sancionado o castigado, removerlo de su autoridad y que la inteligencia policial o estratégica haga su trabajo y señale redes de delincuencia para que sean capturados y consignados.
La operación enjambre en el Estado de México que detuvo a servidores públicos es la muestra que debe ser puesta en acción en todo el país.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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