Previo a la década de los noventa del siglo pasado, en México se registraban malas prácticas altamente comunes en procesos electorales, conocidas coloquialmente como urnas embarazadas, tacos, ratón loco, catafixia, entre otras, las cuales alteraban la voluntad popular y se implementaban para favorecer a un partido o candidato en particular; en general, el fin era turbar las boletas electorales modificando así los resultados, literalmente las urnas no eran transparentes por lo que el contenido era susceptible de ser manipulado. Estas prácticas contaban con la complicidad de funcionarios electorales y de autoridades que lo permitían, no había entonces vigilancia ni observación electoral.
El proceso conocido como ciudadanización de los procesos electorales permitió que se creara una autoridad electoral independiente del poder político, en particular aportó a la jornada electoral nuevas medidas de seguridad que incluyeron a los ciudadanos como parte de los funcionarios de casilla y de la logística para la instalación de centros de votación, conteo y cómputo de votos, por mencionar algunas. Medidas como la insaculación para designar funcionarios de casilla, registro y acreditación de observadores electorales se adoptaron para generar mayor confianza y certeza en los comicios. Evidentemente estas malas prácticas no se erradicaron por completo pero ésta ciudadanización contribuyó a inhibirlas.
El pasado domingo 18 de octubre se realizaron elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, las primeras en celebrarse en medio de la pandemia por COVID-19, en las que utilizaron urnas electrónicas; en Coahuila se instalaron 54 casillas con urna electrónica en 10 distritos electorales, con el prototipo de urna impulsado por el Instituto electoral local; en Hidalgo se probaron 40 urnas de este tipo en 4 municipios, con el prototipo del Instituto electoral jalisciense y del INE. En ambos casos las experiencias fueron exitosas. Sin duda estos comicios representaron un ensayo para las autoridades políticas y de salud de cara al recién iniciado proceso electoral federal 2020-2021.
En las dos entidades se instalaron un total de 7,702 casillas, que estuvieron a cargo de 53,914 ciudadanos que fungieron como funcionaron electorales, lo cual requirió de 1,778 supervisores, capacitadores y asistentes electorales para que esto fuera posible. Se trata pues, de una logística impresionante para que las elecciones puedan llevarse a cabo.
Estas elecciones demuestran que las urnas electrónicas representan un desafío y una oportunidad para cambiar nuestro tradicional método de votación, avanzar hacia el voto electrónico puede permitir ahorros en tiempos, esfuerzos y recursos financieros, además de abonar en la certeza de los comicios, así como erradicar malas prácticas en estos procesos, creo.