El mundo ha superado las 600 mil muertes por COVID-19, después de ocho meses de haberse conocido en brote y aún sin la confirmación de una vacuna para aminorar los efectos de la pandemia, se espera que para finales de este año se pueda contar con ella y tratamientos efectivos; esto nos indica que faltan cinco largos meses para que haya una confirmación de resultados de efectividad del esperado fármaco y habrá que sumar el tiempo que representa la producción, distribución y su aplicación, lo cual podría llevarnos al primer trimestre del año venidero. En tanto eso ocurre la vida social, económica y política deberá regirse por las medas preventivas de sanidad que el caso amerita.
En diversas latitudes, la renovación de poderes públicos y ejercicios de participación cívica se han pospuesto a causa de ésta emergencia sanitaria por la que el orbe atraviesa; en algunos casos se han adoptado medidas excepcionales para evitar contagios. El escenario que enfrentan los países que se han visto en esta circunstancia, elecciones en tiempos de COVID-19, no es sencillo, dado que se encuentran en la disyuntiva de garantizar el derecho a la salud, por un lado, y por otro garantizar la legitimidad y legalidad en la edificación de los poderes públicos.
Rusia, por ejemplo, celebró un plebiscito para hacer reformas constitucionales, el cual estaba previsto para abril pasado y fue pospuesto para finales de junio; en este ejercicio se decidió alargar el tiempo de participación a una semana para evitar concentración de participantes y mayores contagios. Éste 5 de julio la República Dominicana llevó a cabo su elección presidencial con medidas de seguridad sanitaria que implicaron una enorme logística para garantizar el distanciamiento social, sanitización de espacios e instrumentos, entre otros.
En este contexto, la Organización de los Estados Americanos, a través de su Secretaría General, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaboraron y publicaron la “Guía para Organizar Elecciones en Tiempos de Pandemia”, con el propósito de analizar alternativas democráticas para que no se vulnere la legitimidad de los gobernantes emanados de comicios en estas circunstancias, garantizar las transiciones y alternancias, así como la duración de los periodos de gobierno.
En el caso de México se tenía previsto para el pasado siete de junio elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, la contingencia sanitaria obligó a retrasar estos procesos electorales difiriéndolos para el mes de octubre. De confirmarse que el 18 de octubre se célere la jornada electoral en esas entidades, las autoridades electorales y ejecutivas, deberán tomar en cuenta experiencias exitosas recientes, así como las recomendaciones de la Guía de la OEA, a efecto de garantizar los principios de legalidad, certeza e imparcialidad, pero sobre todo para evitar poner en riesgo a quienes decidan participar.
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