El pasado seis de octubre el Ministerio de Transportes anunció un incremento en las tarifas del transporte público en Santiago, pasando de 800 a 830 pesos chilenos en el boleto del metro y 10 pesos más en el costo de autobuses, este hecho fue el detonante para una serie de movilizaciones en todo el país que no han cesado. Las manifestaciones alcanzaron una magnitud tal que el gobierno chileno se vio obligado a suspender la organización de la cumbre de los países del Asia Pacífico APEC y del encuentro global sobre cambio climático de Naciones Unidas COP25, programados para noviembre y diciembre, respectivamente.
La generalización y escalamiento de las movilizaciones sociales devino en enfrentamiento con las fuerzas policiacas del gobierno federal, alcanzando un registro de más de dos decenas de muertos, unos dos mil heridos y quince mil detenidos, de acuerdo con medios locales. Las demandas de las manifestaciones se ampliaron y han colocado en su agenda el incremento a las pensiones y al salario mínimo, disminución de la tarifa eléctrica, apoyos para la compra de medicamentos, y la reducción de los sueldos de funcionarios públicos y legisladores.
Ante esta situación el gobierno y los partidos de oposición representados en el Congreso chileno se reunieron el pasado 15 de noviembre, convinieron e hicieron público el denominado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”; este documento consta de 12 puntos que pretende una salida institucional para alcanzar la paz en Chile. El Acuerdo plantea la elaboración de una nueva Constitución para los chilenos, prevé órganos que pueden redactar la Carta Fundamental, así como un par de plebiscitos como medio de consulta popular; el primer plebiscito establece dos preguntas: ¿Quiere usted una nueva Constitución? y ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Éste ejercicio está programado para abril de 2020, la elección de los constituyentes se realizaría en el mes de octubre del mismo año, y una vez redactada la nueva Constitución ésta sería sometida a un plebiscito ratificatorio.
La actual Constitución chilena se considera una herencia del régimen de Augusto Pinochet y se encuentra vigente desde 1980, tiene en su haber más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, ésta también fue sometida y aprobada en un plebiscito ratificatorio.
Los chilenos aspiran a que la nueva Constitución consagre derechos sociales fundamentales que hoy se encuentran ausentes en la Carta actual, por lo que esperan que en esta nueva versión el Estado garantice prestaciones en materia de salud, educación y seguridad social; ojalá y el mecanismo planteado en el Acuerdo y la nueva Constitución ayuden a la República sudamericana a superar su crisis social y política.
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