El próximo 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Iguala, del estado de Guerrero; la “noche negra de Iguala” se le conoce también a este trágico hecho. En una investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Jesús Murillo Karam, la que el Procurador denominó la “verdad histórica”, se determinó que los estudiantes fueron capturados por la policía municipal de Iguala y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”, asesinados e incinerados sus cuerpos.
La policía municipal de Iguala habría actuado por órdenes del presidente municipal, José Luis Abarca, luego que se conociera la noticia de que los estudiantes de la Normal habrían tomado autobuses de la Central Camionera de Iguala y pasarían por el lugar donde sus esposa, titular del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, quien buscaba postularse en 2015 para suceder en el cargo a José Luis Abarca, realizaba un acto público. Cabe decir que los hermanos de Pineda Villa fueron señalados por autoridades por estar ligados al cártel de los Beltrán Leyva y “Guerreros Unidos”.
La desaparición forzada de los estudiantes normalistas trajo consigo la aprehensión de la llamada “pareja imperial de Iguala”, la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la detención de 280 elementos de la policía municipal de Iguala, la captura del alcalde de Colula; la renuncia a la presidencia del PRD de Carlos Navarrete y la renuncia a las filas de ese partido de su fundador, Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tras 25 años de militancia; aunado a ello, el gobierno del presidente enrique Peña Nieto enfrentaría un descrédito nacional e internacional. En este contexto se llegó a la elección intermedia de 2015.
A casi un año de los acontecimientos de Iguala, en el mismo 2015, Enrique Peña aceptó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un grupo interdisciplinario de expertos (GEI), quienes aportaron investigaciones que contrastaron la “verdad histórica”.
Ya en enero de 219, se instaló la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa”, que el gobierno federal ha dispuesto para el esclarecimiento de los hechos de la “noche negra”; a cinco años de los hechos las investigaciones continúan, padres y familiares de los estudiantes desaparecidos exigen justicia y conocer su paradero. El Estado mexicano tiene una deuda con ellos, nuestra sociedad, sin duda, también.
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