Desinformémonos
La violencia sexual usada como tortura es habitual de los interrogatorios para obtener confesiones forzadas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, afirma Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), después de hacer pública su investigación: Sobrevivir a la Muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México.
Semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, golpes en la cabeza, el estómago y otras partes del cuerpo para no dejar marcas o rastros visibles, asegura AI que son prácticas comunes en México, a partir de la investigación que incluyó la documentación de cien casos de mexicanas recluidas en prisiones federales que han sido víctimas de tortura sexual y malos tratos por parte de la policía y las fuerzas armadas.
Aunque estas son las principales formas de maltrato registradas y documentadas por AI, la violencia ejercida contra las mujeres tiene siempre una naturaleza altamente sexual, se afirma en el estudio, que va desde los abusos psicológicos, los insultos centrados en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, además de amenazas de violación contra ellas o sus familiares, hasta el acoso sexual propiamente dicho.
La investigación explica que en el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico en México, las autoridades parecen considerar a las mujeres el eslabón más débil de la cadena, al verlas como un blanco fácil para la detención, ya que los cárteles de la droga a menudo captan a mujeres de entornos vulnerables para que realicen las tareas de bajo nivel y más peligrosas, y las consideran prescindibles en caso de que sean detenidas.
Sobre la impunidad, AI precisa que de las 2 mil 403 denuncias por tortura que recibió la Procuraduría General de la República en 2014, existen cero cargos en la Procuraduría General de la República y ningún soldado del ejército suspendido del servicio durante la investigación por violación o “abusos sexuales” de 2010 a 2015.
A pesar de que se ha impartido abundante capacitación sobre género y violencia contra las mujeres a la policía y a las fuerzas armadas mexicanas, esto ha tenido poco efecto a la hora de prevenir la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, advierte el informe. A lo anterior se suma el déficit médico a la hora de documentar la tortura, puesto que en los exámenes médicos iniciales de las personas detenidas a menudo se subestima la gravedad de las lesiones.
El informe evoca un caso de abril de este año, cuando se filtró a la prensa un vídeo que mostraba a policías y militares asfixiando a una mujer con una bolsa de plástico e interrogándola mientras gritaba, hecho escandalizó a la sociedad mexicana y puso en alerta a las defensoras y defensores de derechos humanos de todo el mundo, situación que orilló al Secretario de Defensa y el Comisionado Nacional de Seguridad a ofrecer una disculpa, “pero no es suficiente” dijo AI y enfatizó que “el Estado mexicano debe cumplir con su obligación de abordar la crisis de derechos humanos a la que se enfrenta” sentenció.