En el último trimestre del año, de octubre a diciembre, el desplazamiento interno de familias en México se disparó en un 250% principalmente por la violencia que generan los grupos criminales o crimen organizado.
- De acuerdo a un reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la ciudad de Aguascalientes se ha convertido en receptora de población en situación de desplazamiento interno provenientes de los estados Jalisco, San Luis Potosí y sobre todo Zacatecas, entidad donde en los últimos meses se ha registrado diversas masacres y actos violentos donde se involucra al crimen organizado.
El alcalde de la ciudad, Leonardo Montañez Castro, informó que s cifras de compra de viviendas en la ciudad, que se usan como indicador de la llegada de personas desplazadas, han aumentado un 41%.
El reporte indica que de las 18 comunidades desplazadas de la Sierra de Jerez, Zacatecas, hace más de un año, apenas el 10% ha podido retornar a sus lugares de origen dado que persisten las condiciones de inseguridad, por lo que las personas en situación de desplazamiento solo hacen visitas esporádicas para verificar el estado de sus propiedades y tierras.
- Según la CMDPDH, en octubre se registraron mil 625 casos de personas desplazadas internamente, pero en noviembre se disparó a 250 % al llegar a 4 mil 37 casos de desplazamiento masivo y la tendencia se fue al alza en diciembre donde se han registrado 4 mil 189 casos.
- Julio fue el mes con más casos de desplazamiento interno con 4 mil 953 mientras que enero de este 2022 el que menos registró con 809.
- Según esta organización defensora de derechos humanos, en Chiapas se vive una situación complicada de violaciones a los derechos humanos, por el control que ejerce el crimen organizado en diversos territorios del estado lo cual, junto con un proceso creciente de militarización y de imposición de megaproyectos como el Tren Maya han permitido escenarios de despojo de territorios y desplazamiento forzado de población.
La asamblea del Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios reafirmó su decisión de articular pueblos, redes, colectivos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona contra la imposición de megaproyectos, la violencia, el narcotráfico, la prostitución y el alcoholismo.
Representantes de las etnias tsotsil y tseltal, originarias de los Altos, informaron de la proliferación de “cantinas, drogas y armas.
“Hay constantes desplazamientos de grupos armados en vehículos, aumento de la migración de jóvenes, y los que se quedan en nuestras comunidades ya no respetan a las mujeres ni a las personas mayores”, acusaron
- Expresaron que en San Cristóbal “se viven despojos mediante la invasión de tierras provocada por grupos armados con la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas. Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos, que hacen de las balaceras algo cotidiano y ponen en tensión la vida diaria de mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional, pero se hace la que no ve ni escucha”.
“Con la construcción del mal llamado Tren Maya se ha incrementado el desmonte y la destrucción de cerros, la contaminación del agua y el despojo y desplazamiento de comunidades. Se hace presente la mercantilización de la cultura maya, favoreciendo a la iniciativa privada empresarial”, acusaron
Alertaron que se está incrementando la prostitución y es visible la migración. “Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están cometiendo asesinatos. La Guardia Nacional simula su función y con su presencia genera terror entre la población.”
17 episodios de desplazamiento forzado en 2022
Entre enero y agosto de este año se han documentado por lo menos 17 episodios de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, lo que ha afectado al menos a 4 mil 521 personas, según estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Advierte que julio se mantiene como el mes con la mayor cifra de desplazados, 3 mil 411.
- En este periodo, en Chiapas se han registrado cinco eventos de desplazamiento forzado: en San Pedro Chenalhó, en Ocosingo, en Frontera Comalapa, La Trinitaria y en Larráinzar, mientras en Chihuahua suman igual cinco episodios: dos de ellos en Guadalupe y Calvo, uno en Bocoyna, en Uruachi y en Urique.
La comisión expone que el mes en el que no se documentaron desplazamientos forzados fue en abril, en tanto junio tiene el mayor número de episodios de este tipo, con cuatro, todos en Chihuahua.
- En sus reportes mensuales, detalla que en enero registró tres eventos de desplazamiento, en Oaxaca, Michoacán y Chihuahua; en febrero fue uno en Zacatecas; en marzo fueron tres en Chiapas, Guerrero y Zacatecas; en mayo dos, también en territorio chiapaneco y zacatecano, y en julio dos en Chiapas.
En tanto, en agosto, último mes del que tiene registros, tuvo conocimiento de dos eventos de desplazamiento interno, el primero en el municipio de Tuzantla, Michoacán, donde un número aún indeterminado de familias tuvieron que huir a causa de enfrentamientos armados entre fracciones de un grupo criminal presente en la zona. Por los hechos de violencia, cuatro pasantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que realizaban su servicio en el municipio también se vieron obligados a dejar su comunidad, indica.
Por otra parte, expone que en Jerez, Zacatecas, personas desplazadas que habían regresado a sus comunidades en marzo pasado, tras la instalación de bases de seguridad, se vieron obligadas a huir nuevamente a finales de agosto debido al saqueo de casas por miembros de un grupo armado.
Siete estados concentraron el 91% de los casos
Los altos niveles de hechos delictivos y violencia ha provocado un aumento en el desplazamiento forzado en México donde se estima que unas 75 mil personas han emigrado de sus lugares de origen tan solo del 2016 al 2021 y 7 estados concentran la mayor parte de este fenómeno social que cada vez se dispara más en territorio nacional.
- Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, concentraron el 91% de los casos y 97% de la población.
- En México no existen registros oficiales sobre desplazamiento interno y muchos menos sobre las víctimas de este fenómeno. Sin embargo, existen instrumentos estadísticos oficiales que permiten una aproximación como el Censo de Población y Vivienda 2020, donde los resultados muestran que un total de 262 mil 411 personas migraron de forma interna por inseguridad delictiva o violencia en México.
De acuerdo al análisis “Desplazamiento forzado interno”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado fue en el 2007 con el inicio de la política de combate directo al narcotráfico con el apoyo del Ejército como se recrudece el enfrentamiento con el crimen organizado y violación a los derechos humanos, lo que obliga a familias enteras a emigrar de sus lugares de origen en busca de garantizar la vida.
Debido a los altos niveles de hechos delictivos y de violencia, la población ha reaccionado de diversas maneras, desde dejar de salir por las noches, evitar portar objetos de valor, hasta mudarse de residencia o incluso de ciudad
Así, un asunto que hasta hace unos cuantos años tenía su origen en la disputa de grupos armados por asuntos políticos, con el paso del tiempo se ha transformado en una guerra de grupos criminales relacionados con la trata de personas y el narcotráfico, integrando a la entidad chiapaneca a una problemática nacional de mayores dimensiones.
- De acuerdo con el registro de la CMDPDH, en 2021 a nivel nacional se documentaron cerca de 28 mil 867 nuevos desplazamientos masivos por situaciones de violencia en el país, lo que representó un incremento significativo respecto a los años anteriores, pues en 2019 fueron alrededor de 8 mil 664 casos y en 2020 se contabilizaron 9 mil 714.
- El desplazamiento forzado interno se ha registrado desde décadas atrás, pero fue hasta el 2019 que el Gobierno Federal lo reconoció como un problema público, con el fin de diseñar e implementar estrategias a nivel nacional para frenar esta problemática.
A pesar del reconocimiento de la existencia del Desplazamiento Forzado Interno, en México aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas de este fenómeno y tampoco se cuenta con una ley a nivel nacional en esa materia.
“Se requiere de un sistema oficial de registro de personas desplazadas, que posibilite conocer, de forma certera, el número de personas que se encuentra en esta situación. Ya que la falta de este registro complica realizar una documentación, análisis y planeación integral de atención del desplazamiento forzado interno”, establece
- El análisis recuerda que la relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, realizó una visita al país el 29 de agosto al 9 de septiembre de 2022 donde urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
Además de crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.
El estudio establece que pese al aumento gradual del desplazamiento forzado interno en más entidades del país, aún no se cuenta con una legislación a nivel nacional en la materia. Por ello, es importante que el Congreso de la Unión avance en este aspecto. En este sentido, será importante considerar las experiencias y las lecciones que otros países han tenido en la materia.
Familias de sur de México denuncian violación a DDHH
Organizaciones civiles y cinco familias de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, se manifestaron frente al palacio de justicia de los Altos, tras un año de haber sufrido desplazamiento forzado.
- Los inconformes denunciaron que hace un año sufrieron desplazamiento forzado y las autoridades no han dado respuesta ni encarcelado a los responsables.
En conferencia de prensa, las familias afectadas, en compañía del Equipo Jurídico Solidario de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dieron a conocer los hechos ocurridos los pasados 15 y 16 de diciembre de 2021.
Recordaron que esos días resultaron violentados los derechos humanos de 34 personas, en su mayoría mujeres, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes tzeltales.
- Moctezuma Bersaín Velasco Aguilar, una de las víctimas, relató a EFE cómo la familia entera fue víctima de persecución, hostigamiento, intimidación y cacería humana provocada por autoridades, policías y civiles armados de la comunidad de nueva palestina.
- Detalló que su padre Bersaín Velasco García fue torturado y privado de la libertad y se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 16 de Ocosingo, por ser defensor de derechos humanos en su comunidad.
- Agregó que su cuñado Fredy Gómez Santiz fue capturado y hasta el día de hoy continúa desaparecido, por lo que su mujer lo busca y espera respuesta de las autoridades a la denuncia que interpuso ante la fiscalía de Desaparición Forzada.
“Hemos dado testimonio de toda la familia, hemos interpuesto denuncias en la Comisión Estatal, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos e interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Desaparición Forzada por la desaparición de Fredy Gómez Santi”, dijo.
El joven dijo que “prácticamente hasta ahora no hay ninguna respuesta a favor de la familia”.
Con pancartas, lonas y consignas de justicia exigieron se cumplan sus peticiones y finalmente hicieron entrega de un documento a personal de la fiscalía indígena./Agencias-PUNTOporPUNTO
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