VIOLENCIA eleva DESPLAZADOS en MÉXICO; unas 400 MIL PERSONAS huyeron de sus Casas

El desplazamiento interno forzado en México es una devastadora realidad que afecta a cientos de miles de personas cada año. En 2023 se estimaba que había casi 400 mil personas desplazadas por distintos motivos en distintas regiones del país.

• La violencia por la disputa del control territorial de las organizaciones criminales es el principal detonante de los desplazamientos; no obstante, centenares de familias y comunidades enteras también se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la intolerancia religiosa y por los efectos de los desastres naturales.

De acuerdo con expertos, el nuevo gobierno, que encabezará la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá ante sí un “reto monumental”, que será visibilizar y atender este fenómeno que afecta a miles de personas de todas las edades.

• El desplazamiento forzado en México no es del todo atribuible a las actuales autoridades estatales o federales, pues en muchos casos data de hace muchos años. Lo que sí es un hecho es que se trata de un fenómeno que no ha merecido la atención adecuada por parte de las instituciones del Estado.
• Esta problemática es tan invisible, que no existe una institución de carácter nacional dedicada a su atención, como sí la hay en el caso de los desaparecidos.
• Tampoco existen cifras oficiales ni estudios auspiciados por organismos del Estado y no se cuenta con una ley de carácter nacional que establezca mecanismos de atención a las víctimas, pues el único intento de tener algo así que se realizó, se fue a la congeladora del Congreso en 2020.

“La movilidad forzada de mexicanos no está ni siquiera bien comprendida, ni medida, ni visualizada. Es una problemática social de las más graves que tenemos y de las menos consideradas, lo que hay que corregir rápido”, sintetizó Tonatiuh Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un flagelo en crecimiento

Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024 (GRID, por sus siglas en inglés) a finales de 2023 se estimó que en México 392 mil personas vivían desplazadas como consecuencia del conflicto y la violencia, “la cifra más alta desde que se tienen registros en el país, en 2009”.

• La cifra aportada por el GRID es cercana a la de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en marzo de este año calculó en 386 mil las personas desplazadas de manera forzada.

De acuerdo con el GRID, el año pasado en México se contabilizaron 11 mil desplazamientos internos por “conflictos y violencia”, lo cual significó un aumento del 20% respecto a 2022.

“Chiapas fue el estado más afectado, como resultado de los combates entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los dos grupos históricamente han luchado por sus bastiones en los estados del norte, pero han expandido su presencia por todo México y Guatemala, con el que Chiapas comparte una frontera”, se indica en el informe.

• “Los enfrentamientos provocaron alrededor de cuatro mil desplazamientos, algunos de los cuales se produjeron por temor al reclutamiento forzado”, señala el análisis elaborado por el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados.
• En 2023 se registró un total de 196 mil desplazamientos internos por desastres naturales. La devastación en las costas de Guerrero por el paso del huracán Otis provocó 187 mil desplazamientos, la cifra más alta relacionada con este fenómeno en el país, según el reporte.
• Sin embargo, especialistas consultados por ejecentral coinciden que estos números son apenas estimaciones de la magnitud real del problema, debido a que el dolor y la incertidumbre que enfrentan estas familias permanecen invisibles para gran parte del país.

“La movilidad forzada de mexicanos no está ni siquiera bien comprendida, ni medida, ni visualizada. Es una problemática social de las más graves que tenemos y de las menos consideradas, lo que hay que corregir rápido”, puntualizó Guillén López.

• Sin una ley u organismo que a nivel nacional aborde el fenómeno y articule una respuesta, el Estado mexicano sigue sin reconocer al desplazamiento interno forzado como una crisis humanitaria grave que no ha recibido la atención que amerita.

Junto con Michoacán y Chiapas, Zacatecas se ubica entre las entidades con más víctimas de desplazamiento forzado en el país.

• Según el reporte de Desplazamiento Interno Forzado en México 2021 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al cierre de ese año unas tres mil 693 personas desplazadas en seis municipios y 56 localidades del estado.

Aunque en 2021, en Zacatecas se promulgó una ley específica para abordar el desplazamiento forzado interno, la cual establece un marco de protección y asistencia para las personas afectadas, éste no se ha cumplido a cabalidad, como reclaman diversas organizaciones sociales.

El reflejo de una crisis

Este 14 de septiembre se cumple 200 años de la anexión de Chiapas a la Federación, la entidad que históricamente se ha visto afectada por conflictos territoriales y religiosos atraviesa por una escalada de violencia que ha intensificado la crisis de desplazamiento interno en la región.

• Para Gerardo González Figueroa, académico-investigador del Colegio de la Frontera Sur, antes del levantamiento zapatista de 1994 Chiapas ya enfrentaba desplazamientos internos por motivos de índole político-religioso, que se agudizaron en las décadas de 1970 y 1980.
• El académico explicó que el conflicto zapatista exacerbó este problema, generando desplazamientos dentro de comunidades que no querían alinearse con el zapatismo o que seguían siendo religiosas y no podían hacerlo por la presencia de los rebeldes.

Pero fue a finales del siglo XX y principios del XXI, con la aparición de los cárteles de la delincuencia organizada, que el desplazamiento forzado se agudizó por las disputas entre los grupos criminales.

• “Hace como tres años se destapa una confrontación entre dos cárteles, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que llevan la disputa armada a la zona fronteriza, particularmente a Frontera-Comalapa Chicomuselo, pero se fue extendiendo en un contexto de una violencia incontrolada”, subrayó.
• En la opinión del profesor de la Unidad San Cristóbal del Ecosur, el Estado mexicano debe entender que los desplazamientos forzados por la violencia armada en Chiapas son un “problema transnacional”, que involucra un creciente consumo de drogas y de tráfico de armas de alto poder, y que pone en mayor vulnerabilidad a las comunidades de toda la región.
• A tal punto han llegado los índices de violencia y el dominio de los grupos criminales en varios ejidos y comunidades, que por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez comenzaron a aplicar toques de queda, en los que “a partir de las 10 de la noche si te ven afuera, pasa la  camioneta y te levantan”, sostuvo González Figueroa.

Gerardo González criticó la falta de respuesta y de conocimiento de la situación por parte del gobierno, señalando que las autoridades tienden a minimizar el problema sin comprender la complejidad de la violencia que afecta a otras entidades de la región como Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y que tiene repercusiones en el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

“El tejido social no se reconstruye sólo con dar despensas. Se tienen que reconstruir los niveles organizativos y de diferencia. En prospectiva, una sociedad de ahora, como la de Chiapas, que es sumamente compleja y diversa, tiene el problema de que va al abismo, y es lo que no está entendiendo el Estado mexicano”, subrayó.

• En 2012 Chiapas se convirtió en la primera entidad del país en contar con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Sin embargo, a 12 años de su publicación, apenas en marzo de este año el Poder Judicial concedió un amparo para que el gobierno del estado emita el reglamento de dicha ley.
• El amparo otorgado al Instituto Federal de la Defensoría Pública también ordena la creación del Fondo Estatal para la Contingencia, Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, y del Registro Estatal de Población Desplazada, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
• En los primeros días de 2024, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer el desplazamiento de al menos dos mil 300 pobladores de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, advirtiendo entonces “una verdadera crisis humanitaria”.

Antes de que la violencia generalizada causara la mayor cantidad de desplazamientos internos en el país, la intolerancia religiosa ya era una amenaza silenciosa que dividía a comunidades enteras. Y no ha cesado.

La resistencia y el choque cultural y frontal por la diversidad de religiones ha implicado la existencia de cerca de 40 mil personas desplazadas por motivos estrictamente religiosos en Chiapas.

• De acuerdo con Esdras Alonso González, líder del movimiento Alas de Águila, esta intolerancia religiosa se ha visto notablemente marcada a lo largo de la historia en alrededor de 100 comunidades en ocho municipios, entre los cuales destacan pueblos de Chamula, Zinacantán, Mitontic, Huixtán, y San Cristóbal de las Casas.

Para el líder evangélico, es “innegable” que existe un “vacío de poder”, donde se originan estos desplazamientos, ya sea por intolerancia religiosa o por violencia. Aseguró que “muchas veces no es porque el Estado no quiera intervenir para solucionar los conflictos, sino porque las mismas poblaciones ponen condiciones de no querer dialogar, porque están presionados o tienen acuerdos”.

• En ese sentido, apuntó que “no solamente es un tema del gobierno sino también del conflicto de la propia sociedad civil, que está muy polarizada; el activismo en estas regiones rebasa a las autoridades municipales y estatales, pero no es un tema de hoy, esto ha ocurrido en los últimos 30 años”.

Leva y trata de evangélicos

De acuerdo con información documentada por el activista Oscar Moha, el hostigamiento hacia congregaciones religiosas en esa región, particularmente hacia las de corte evangélico, ha implicado el desplazamiento forzado de al menos 23 familias en Pantelhó, 11 en Chicomuselo, una decena en La Concordia, y cuatro más en Socoltenango, así como la huida de alrededor de cuatro pastores, uno hacia el vecino país de Guatemala y tres al
estado de Oaxaca.

• El líder de la asociación civil Libertad y Dignidad detalló que ante las reuniones masivas que organizan las alianzas de pastores en diversas comunidades de Chiapas, el crimen organizado exige el pago de extorsión, el llamado “derecho de piso”, lo que ha detonado el aumento del número de familias desplazadas, pero también comete otros crímenes que, asegura, no son investigados.

“Algunos pastores, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, han denunciado la desaparición de niñas menores de 15 años, que las eligen para explotación sexual, y a los muchachos los reclutan para trabajos forzados del narco o como ‘halcones’, pero aseguran que las autoridades están coludidas con las bandas criminales o de tratantes de personas”, refirió Moha.

Ley general, en la congeladora

En septiembre de 2020, con 395 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pero no fue ratificada por el Senado, por lo que seguimos sin contar con un ordenamiento de carácter nacional en la materia.

En la minuta turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado, la Comisión Bicameral reconoció que el desplazamiento forzado interno era “una emergencia nacional”, y el Inegi informó que en ese año 262 mil 411 personas migraron de forma interna por problemas de inseguridad y violencia. Pero la ley se fue a la congeladora.

• A cuatro años de distancia, sin un nuevo proyecto y sin que a nadie le interese dictaminar y aprobar dicho ordenamiento, los desplazamientos internos forzados se han agudizado y expandido a varias entidades y regiones del país.
• Además de municipios y zonas de Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, los epicentros locales de este fenómeno también incluyen comunidades de los municipios de Yécora, Arivechi, Quiriego y Caborca, en Sonora; la zona serrana de Badiraguato, Choix, y El Fuerte en Sinaloa, y las ciudades de Mazatlán y Culiacán, consideradas con una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa.

La violencia criminal también ha causado estragos en el desplazamiento de familias en Mante y las ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

• Lo mismo ha ocurrido hacia el sur, en San Mateo del Mar y Santiago Yaitepec, en Oaxaca; así como en la zona montañosa central de Orizaba, Córdoba, y Zongolica, y diversas áreas de Papantla y Poza Rica, en Veracruz.
• En el estado de Jalisco se han reportado desplazamientos en la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios de Mezquitic y Bolaños.
• En todas las regiones citadas, “el eje común es el rol agresivo de la violencia, de la inseguridad y del control territorial de las organizaciones criminales que llegan a apoderarse de las comunidades, o de prácticas económicas”, sostiene Tonatiuh Guillén.

En Michoacán, por ejemplo, el tema del aguacate o del limón se convirtió en una cuestión compleja por el rol del crimen organizado. En Tamaulipas, un líder empresarial denuncia extorsiones y es asesinado; o en Ensenada, la directiva de una asociación empresarial de pesca denunció lo mismo y también fue asesinada, y todo eso es reflejo de “una crisis nacional muy cruda, muy severa, pero que no está visibilizada”, dijo.

“Cerrar espacios a la impunidad”

Para el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), si bien hay esfuerzos de organismos de la sociedad civil o de Naciones Unidas que tratan de sistematizar la problemática, el hecho de que el proyecto de una legislación especial siga en la congeladora, significa que, “desde la perspectiva del Gobierno federal no es un asunto prioritario, no es relevante”.

Parte de la solución, apunta Guillén López, pasa por una estrategia de Estado basada en la inteligencia y la reducción de la impunidad, en la que se asuma “la responsabilidad de erradicar control de organizaciones criminales”.

• El exfuncionario puntualizó que “la reducción de las tasas de impunidad va a generar que estas prácticas violentas cesen, y que además tengan efectivamente costos para quien las comete, pues ahorita la tasa de impunidad es de 98%, ¿cuál es la inhibición que tienen los delincuentes? Ninguna”.

En ese sentido, el también expresidente del Colegio de la Frontera Norte subrayó que “no es una estrategia de violencia la que resuelve, es cierto. Pero tampoco una estrategia de abrazos la que resuelve, pues está demostrado que ha resultado muy costosa e ineficaz”.

• “Hay necesidad de construir una estrategia de justicia en el sentido amplio, desde la prevención, inteligencia y no impunidad, cerrar espacios a la impunidad. Ahora hacer un delito en México prácticamente no se castiga, entonces, una de las metas esenciales tiene que ser reducir las tasas de impunidad.”, subraya.
• El doctor en Ciencias Sociales apuntó que, al no haber compromiso ni políticas estratégicas en esa dirección, el próximo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene ante sí un reto monumental: visibilizar y atender una crisis humanitaria que ha sido ignorada por demasiado tiempo.
• “Hay muchas rutas ya planteadas, por lo pronto el Estado con lo que está haciendo en esa materia no puede cantar victoria. Lo único que hay que desear es que se tome conciencia y gire la política, gire la visión del Estado, porque no pueden seguir siendo las mismas (estrategias) definitivamente”, enfatizó.

Inseguridad heredó 386 mil desplazados internos en México en 2022: OIM

La crisis de desplazamiento interno en México continúo exacerbándose en 2022, sostiene la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe anual sobre los patrones migratorios a nivel planetario.

El documento divulgado este martes por la Directora General de la OIM, Amy Pope, sostiene que la violencia y los conflictos internos en México generaron 386 mil nuevos desplazados ese año, mientras que los desastres naturales obligaron a 11 mil mexicanos a dejar su lugar de origen.

• Esta cifra colocó a México en el cuarto peldaño de los países de América Latina con mayor número de desplazados internos por conflictos y violencia, después de Colombia, Haití y Cuba. En Haití, la escalada de violencia entre bandas delictivas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, provocó más de 100 mil desplazamientos internos en 2022.
• En tanto que en Cuba, la represión política y el deterioro de la situación económica, acelerado por la pandemia y las sanciones impuestas por Estados Unidos, produjo el mayor éxodo de cubanos en más de 30 años, incluso superior al de Mariel de 1980, cuando 125 mil cubanos llegaron a la Unión Americana en un periodo de seis meses.

Como consecuencia, cientos de miles de cubanos abandonaron el país, 220 mil fueron ubicados ese año en la frontera entre México y Estados Unidos.

A nivel planetario, los desplazamientos forzados por violencia criminal registrados en México fueron similares a los de Malí, que enfrenta una crisis de inestabilidad política por la presencia de grupos armados, incluyendo yihadistas, 380 mil; y casi tres veces superior a los presenciados en Libia, en donde la situación política es frágil y la situación de seguridad sigue siendo peligrosa e impredecible.

• La OIM sostiene que al 31 de diciembre de 2022 la cifra estimada de desplazados internos por conflicto y violencia alcanzó los 62.5 millones de personas en 65 países, el índice más alto registrado desde que la instancia inició el seguimiento de este fenómeno en 1998.
• El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024 coloca nuevamente a México en el centro de las dinámicas de movilidad a escala global.
• El corredor migratorio de México hacia Estados Unidos sigue siendo el más activo en el mundo, con 11 millones de movimientos migratorios a lo largo del año fiscal 2022. El segundo en importancia fue el que va de Siria a Turquía, formado principalmente por personas que escapan de la guerra civil.

Según el documento, México sigue ocupando el segundo lugar entre los países de origen, después de la India y por delante de Rusia.

En 2020 el conteo fue de 11.07 millones de mexicanos migrantes, 7.9% de la población; mientras que en 1995 fue de 6.95 millones, 7% del total.

“Según estudios recientes, la violencia de género es uno de los principales factores que contribuyen a la emigración desde Honduras, Guatemala, El Salvador y México, y obliga a muchas adolescentes a embarcarse en peligrosos viajes en busca de seguridad”.

“Las organizaciones delictivas que operan dentro y fuera de la subregión, están implicadas tanto en el tráfico como en la trata de migrantes, y suelen aprovecharse de la desesperación de muchas”.

• El año de estudio, certificó a México como el segundo mayor receptor de remesas en el mundo. Indica que los pronósticos de algunos analistas, según los cuales las remesas menguarían significativamente debido a la pandemia de COVID-19, no se materializaron.

“Ahora como segundo mayor receptor de remesas internacionales del mundo (después de la India), la diáspora mexicana sigue enviando fondos a sus familiares y amigos. China había sido durante mucho tiempo el segundo mayor receptor de remesas internacionales del mundo, pero fue superado por México en 2021”.

• La OIM estima que el país recibió más de 61 mil millones de dólares en 2022, 15% más en comparación a los flujos del año anterior, en parte debido al aumento de las transferencias a los migrantes en tránsito, cuyo número ha aumentado recientemente, y al descenso del desempleo entre los hispanos.
• El informe afirma que la migración internacional sigue siendo un agente que impulsa el desarrollo humano y el crecimiento económico. Las remesas internacionales pasaron de 128 mil a 831 mil millones de dólares de 2000 a 2022.
• México ha dejado de ser solo país emisor y de tránsito, ha terminado por convertirse en una importante plaza de acogida, recibió 134 mil 346 mil refugiados en 2021. Aunque la mayoría de los que llegan al país siguen teniendo como mayor aspiración el sueño americano.
• En 2022 se produjeron 2,4 millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Pero a diferencia de años previos, la migración irregular hacia Estados Unidos se caracterizó por la creciente llegada de ciudadanos de países de origen atípicos.
• “Durante años, la mayoría de los migrantes irregulares procedían de México, Guatemala El Salvador y Honduras, pero en 2022 y por primera vez, hubo más encuentros con migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. También hubo un gran número de llegadas desde Haití, Brasil y de países de fuera de la región como la India y Ucrania”.

Sostiene que el cambio en la geografía de los países de origen puede estar asociado al llamado Título 42, herramienta que fue introducida para prevenir la propagación de la Covid-19 y que terminó siendo un instrumento para la expulsión inmediata a México.

“Estados Unidos ha regresado al Título 8, anterior a la pandemia, una ley de inmigración de décadas de antigüedad, que conlleva graves consecuencias por la entrada ilegal, incluyendo al menos una prohibición de reingreso de 5 años y un posible enjuiciamiento penal por repetidos intentos de entrar ilegalmente». /Agencias-PUNTOporPUNTO