La discusión en el Congreso legislativo representaría «un paso esencial para proteger y atender a más de 346.000 personas desplazadas internamente en el país», plantea un documento al que ha tenido acceso Sputnik, enviado a los legisladores por una red de organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos que promueve, entre otras, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Durante décadas, ese fenómeno poco atendido por la prensa ha configurado «un escenario de invisibilidad, omisión y ausencia de un marco normativo, personas desplazadas internamente», dice el texto.
El estudio de movimientos poblacionales generados por el miedo a los poderosos grupos delictivos dentro de las fronteras nacionales ha sido documentado con mucha dificultad y alto costo por organizaciones civiles, académicos, defensoras de derechos humanos y periodistas.
Por un parlamento abierto
La propuesta enviada a legisladores señala la enorme dificultad de «visibilizar el desplazamiento interno forzado en México y lograr su inclusión en la agenda política y legislativa, adquiriendo conocimientos y experiencias significativas a lo largo del proceso».
- Organizaciones como Periodistas Desplazados, Propuesta Cívica, el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados, Servicios de Asesoría Para La Paz, y Sin Fronteras, y cientos de especialistas firmantes, son parte de las voces que protestan porque no han sido involucradas «de manera adecuada» en el diseño de iniciativas en torno al cruel fenómeno.
- La solicitud enviada a la Cámara de Senadores el fin de semana pasado pide que en este país, que ha sufrido más de 215.00 muertos desde 2007, cuando comenzó la guerra frontal contra narcotraficantes y secuestradores, cuente con una ley que proteja a cientos de miles de personas desplazadas por el terror en amplias zonas sin ley.
En el marco de la reciente apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la actual legislatura, personas desplazadas internamente y defensoras de derechos humanos suplican «un ejercicio de parlamento abierto amplio y que ofrezca oportunidades de participación real» con el fin de construir una normativa para proteger y atender a esas víctimas anónimas.
Dos décadas en el olvido
Desde 1998, comenzaron a ser notorios en este país los movimientos obligados de poblaciones enteras, hasta el surgimiento de pueblos fantasmas en zonas desoladas ante la violencia del crimen organizado, que acumula creciente capacidad de fuego y poder corruptor de autoridades, mediante millonarios sobornos.
En los procesos electorales locales, como el que se avecina para elegir 25 gobernadores y el 80% de los casi 2.500 alcaldes, se hace notable la presión de la delincuencia por controlar el poder local, con intimidaciones, ataques «quirúrgicos», y asesinatos claramente dirigidos.
En ese lapso «se han propuesto diversos proyectos de ley y reformas en materia de desplazamiento interno forzado», sin éxito, reseña el documento.
- Solo en la actual legislatura han sido presentadas cuatro iniciativas para crear una ley general sobre desplazamiento interno forzado, y 11 más para reformar la Constitución y facultar al Congreso para legislar sobre el fenómeno.
- Un proyecto más propone modificar el Código Penal y tipificar el desplazamiento interno forzado como resultado de delitos, y cinco dictámenes plantean modificar leyes especializadas que permitan incluir a las personas desplazadas internamente.
- Pero en dos décadas, los gobiernos y congresistas han desoído las súplicas, ante el incómodo escenario de reconocer que este país sufre un «conflicto armado interno», como el que han padecido países en guerras civiles como en Colombia o Centroamérica.
Mientras que México ha sido destino de caravanas de decenas de miles de refugiados hacia EEUU, que huyen de la violencia y el terror, o refugio de perseguidos políticos, los gobernantes se resisten a reconocer que atrocidades similares o peores ocurren en el territorio mexicano.
El 25 de febrero, la organización Causa Común presentó una investigación en la que denuncia que 963 personas fueron víctimas de «atrocidades», solo en los primeros meses del año que comienza.
En el central estado de Guanajuato se documentó la mayor cantidad de horrores, que dejaron 120 víctimas.
- El reporte bimestral, titulado «Galería del horror», detalla 158 casos de tortura, el hallazgo macabro de 56 fosas clandestinas y 115 víctimas ejecutadas por calcinamiento.
- La asociación civil define como atrocidad «cualquier uso intencionado de la fuerza para causar muerte, laceración o maltrato extremo y provocar terror».
- A lo largo de los últimos años, las formas de violencia fueron adoptando matices cada vez más nauseabundos, que incluyen descuartizamientos, disolución de cuerpos con ácidos, aparición de cadáveres colgados en puentes y diseminación de cabezas o extremidades en las calles de pueblos.
El objetivo de sembrar terror es acompañado con mensajes de intimidación en pancartas y todo tipo de advertencias, que obligan al silencio, a abandonar los pueblos y huir para salvar la vida.
Una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno fue por fin aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020.
Sin embargo, no está entre las prioridades del Senado, donde se encuentra estancada en «proceso de dictaminación».
Cifra de desplazados continúa al alza
En diciembre de 2020, al menos 376 personas sufrieron desplazamiento forzado por la violencia en el país, sobre todo en los estados de Chiapas y Oaxaca, indicó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
- Al dar a conocer su más reciente informe sobre la situación de desplazamiento interno en México, la organización civil puso énfasis en que a lo largo de diciembre continuaron los ataques armados en contra de las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabak y Xuxchén, en el municipio de Aldama, Chiapas.
Durante los últimos días del año, varios pobladores tuvieron que huir a las montañas para evitar ser blanco de agresiones irreparables.
- En tanto, en Oaxaca, a seis meses del desplazamiento forzado de varias familias ikoots de San Mateo del Mar, 18 de ellas instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno del estado para exigir protección, apoyo, justicia y el retorno seguro a su comunidad. Por otra parte, en el estado de Michoacán, a principios de diciembre se dieron varios enfrentamientos armados entre el cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y los Cárteles Unidos en los municipios de Buenavista, Coalcomán y Tingüindín.
Se ha señalado que la violencia ha orillado a varias familias de estos municipios a huir de sus lugares de residencia, pero hasta ahora no se tiene una cifra exacta de afectados.
Sinaloa acumula casos
De forma similar, en Sinaloa continúa la violencia derivada de disputas entre facciones del cártel de Sinaloa, en la sierra del municipio de Choix donde a finales de noviembre una decena de familias abandonó su hogar debido a una incursión armada en su comunidad. Se reportó que existen al menos 410 familias desplazadas en el municipio.
También en esa entidad del norte del país, se firmó un convenio en Guamúchil, cabecera del municipio de Salvador Alvarado, con el fin de otorgar apoyo en materia de vivienda a 61 familias que han sido forzadas a dejar su hogar. Asimismo, en Mazatlán, los apoyos para la compra de terrenos para construir casas para las personas desplazadas se han retrasado sin que se conozcan las razones, lamentó la Cmdpdh.
Oaxaca y Tamaulipas, con más desplazamientos en enero
En enero de 2021 al menos 620 personas fueron obligadas a desplazarse internamente por la violencia en México. Estos desplazamientos ocurrieron debido a episodios de intimidación y violaciones a derechos humanos en los estados de Oaxaca y Tamaulipas.
Lo anterior de acuerdo con un monitoreo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
- La Cmdpdh recordó que en el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se detalló que entre marzo de 2015 y marzo de del año pasado, 251 mil 513 personas se vieron obligadas a cambiar de residencia al interior del país debido a la inseguridad delictiva o la violencia y 24 mil 175 lo tuvieron que hacer debido a desastres naturales.
- Zirándaro, en Guerrero, fue el municipio con un porcentaje más alto de personas que cambiaron de residencia por motivos de inseguridad o violencia.
En su último informe anual, la Cmdpdh reportó el desplazamiento de alrededor de mil 500 personas de este municipio debido a enfrentamientos entre grupos delictivos y a la situación de violencia generalizada.
Cabe mencionar que en su informe de 2019, la organización indicó que se documentaron 8 mil 664 personas desplazadas de sus lugares de origen por hechos de violencia, este fenómeno afectó principalmente a ocho estados del país, las localidades más afectadas son rurales en su mayoría.
Más de 2 mil abandonaron sus hogares en Michoacán
Al menos dos mil 294 personas se vieron desplazadas por presiones del crimen organizado en Michoacán, durante la primera mitad del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, según consta en un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
- De acuerdo con el informe de Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, la organización refiere que de 2017 a 2019 se registraron movilizaciones en pequeños poblados ubicados en los municipios de Apatzingán, Múgica, Parácuaro, Buenavista y Aguililla.
- “Representan áreas de disputa territorial entre grupos rivales y son escenario de fuertes ataques, enfrentamientos, extorsiones, reclutamiento forzado y otras formas de violencia que obligan a la población a desplazarse, generando incluso la existencia de pueblos fantasmas”, indica el documento.
En Parácuaro, por ejemplo, el organismo refiere que los motivos de estos desplazamientos forzados a abandonar sus hogares fueron por la presencia de grupos armados en la región. Mientras que, en 2017, se conoció el caso de al menos 300 familias purépechas que se trasladaron hacia Aguascalientes para buscar ayuda y una nueva fuente de sustento tras escapar de sus comunidades ante el temor de ser reclutados a la fuerza.
‘Narco’ desplazó a 10 mil en Guerrero
Alrededor de 10 mil guerrerenses han huido de sus comunidades de 2011 a la fecha debido a la violencia en las regiones de la Costa Grande, la Costa Chica, la Tierra Caliente y la Montaña baja por las disputas entre grupos delincuenciales por el control de rutas para el trasiego de droga.
El caso más reciente de desplazamiento forzado es el de habitantes de los 32 poblados que conforman el ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, donde en la primera semana de marzo abandonaron sus hogares 835 personas; en febrero hicieron lo propio 250.
- En tanto, mil 500 ciudadanos han abandonado en los últimos tres años la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande, al igual que residentes de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón.
- El Observatorio por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero dio a conocer un informe en el cual detalla que miles de personas han huido de su tierra de 2011 a la fecha por la violencia y la inseguridad.
- Los desplazados se han refugiado en el poblado El Coyol, municipio de Coyuca de Catalán, y en otras localidades guerrerenses, así como en los estados de México, Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, en la capital del país e incluso en Tijuana, Baja California, adonde se dirigen para solicitar asilo en Estados Unidos.
El sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó un censo para calcular la salida de habitantes de los poblados Otatlán y Las Ventanas, municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero.
De Otatlán huyeron 27 personas de siete familias, y de la segunda comunidad salieron 129 de 28 familias.
El observatorio señaló que desde el 24 de febrero de 2014 se desplazaron por la violencia 64 integrantes de 18 familias del pueblo de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, quienes se instalaron en Ixtapaluca, estado de México. Otras 20 personas se dirigieron a la demarcación mexiquense de Nezahualcóyotl.
- El 27 de febrero de 2014 emigraron de San Miguel Totolapan, rumbo al municipio de Ayala, en Morelos, unas 28 personas; 10 más fueron al municipio de Temixco y tres a Micatlán, también en Morelos.
- Lo mismo ocurrió en 11 comunidades de las zonas media y baja de la sierra del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero: en el poblado La Palapa, nueve miembros de dos familias huyeron; 18 personas de cuatro familias salieron de El Huamilito, y abandonaron El Cuauhlotal 47 integrantes de 13 familias.
De El Borbollón, 34 personas de ocho familias escaparon de la violencia; de Macahuitillo, 35 personas de siete familias; de La Ciénega, 83 de 18 familias; de La Maroma, 51 miembros de 11 familias; de La Alcaparrosa, 77 integrantes de 17 familias; de La Sombra, 28 personas; de San Antonio, 36 personas de seis familias, y de El Camarón, 31 personas.
A la cabecera del municipio de Leonardo Bravo llegaron 92 personas; otras 30 escaparon del poblado Los Morros, ocho de la comunidad Tierra Fría, 30 más de Filo de Caballos, 30 de Puentecillas y 30 más de Campo de Aviación.
- El organismo añadió que familias desplazadas de la sierra, que se asentaron en ciudades dentro y fuera del estado, fueron despojadas de tierras, viviendas, ganado, potreros, parcelas y cultivos, bajo amenazas de muerte.
- Igualmente, 21 familias dejaron la comunidad Nueva Cuadrilla, municipio de Coahuayutla, en la Costa Grande de Guerrero, lo mismo que nueve familias del poblado La Tubería, del mismo municipio.
La lista incluye a 11 familias del poblado San Antonio Texas (Los Puertos) y a siete de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente.
Se suman a las anteriores 98 familias que se marcharon del municipio de Ajuchitlán del Progreso, procedentes de los poblados de Los Bayados, La Trinidad, Puerto Rico, La Lajita y Pocitos del Balcón.
- Del mismo modo, huyeron 10 familias de la comunidad de Chilacayote, 11 de Mesas del Cerro Azul, 23 de Los Horcones, 17 de La Cañita, siete de Mesas del Guayabo, y cinco de Coacoyul, también en Ajuchitlán. En 2015 se fueron de Chilacayote cinco personas y el 28 de enero de 2013 salieron 57 personas.
El observatorio ofreció otra lista de familias desplazadas de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, que migraron el 27 de febrero de 2018 con rumbo a la cabecera municipal de Tecpan de Galeana; según el recuento del 28 de noviembre de ese año, eran 266 personas de dicha localidad.
- También reportó el éxodo de 10 habitantes del poblado Tlaltempanapa, municipio de Chilapa de Alvarez, quienes fueron a Tecpan de Galeana. Otras ocho personas huyeron de Tecpan de Galeana a Monterrey, Nuevo León.
El 15 de marzo de 2015 cinco personas se marcharon de la cabecera del municipio de Petatlán a Tecpan de Galeana. Esta demarcación recibió a 171 originarios de la comunidad de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan, en marzo de 2016, y 14 personas llegaron a Atoyac.
De Ixtla, municipio de Atoyac, se encaminaron a Tecpan 44 personas en 2015; en 2013 se fueron 22. Del poblado de Pie de la Cuesta llegaron a la cabecera cinco personas ese año.
Otras 46 personas huyeron el 22 de marzo de 2017 del poblado Bajitos de la Laguna hacia la cabecera municipal de Tecpan, lo mismo que 57 en enero de 2013. El informe cita muchos casos más de desplazamientos forzados de pequeños grupos de ciudadanos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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