RITA MAGAÑA TORRES
Ante el hartazgo de la sociedad y desconfianza hacia las instituciones generada por la corrupción e impunidad, es urgente contar con una fiscalía anticorrupción autónoma que haga valer la ley en materia de rendición de cuentas.
Además, sea transparencia, combata ese ilícito y que permita la participación de la ciudadanía en estas tareas, pues de lo contrario la gobernabilidad estaría en peligro.
Así lo manifestaron los aspirantes a dirigir la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, al comparecer ante senadores de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, en el Senado de la República.
En su exposición, Luz María del Sagrado Corazón Aguilar Haro, titular del área de Quejas de Liconsa, señaló que la falta de capacidad de funcionarios públicos para combatir la corrupción; la debilidad en los marcos legales que previenen y sancionan este delito en los tres niveles de gobierno.
En su turno, Juan Miguel María Alcántara Soria, ex procurador general de justicia de Guanajuato, mencionó que la participación social es un componente fundamental para poder recuperar la legitimidad y credibilidad de los órganos del Estado mexicano.
Martha Elena Balam Marín, del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción en Yucatán, consideró que el nuevo fiscal debe tener respaldo institucional que garantice resultados inmediatos, efectivos y trascendentes, que permitan erradicar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.
Ángel Buendía Buendía, ex visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), propuso una política de Estado en contra de la corrupción y un plan de inteligencia que identifique este tipo de conductas ilícitas, además, subrayó la importancia de la participación de la ciudadanía, a fin de evitar la impunidad y erradicar este problema.
Para el ex procurador de justicia militar, José Luis Chávez García, la corrupción y la impunidad ponen en peligro la gobernabilidad, pues la situación que prevalece en el país es resultado del avance de estos dos problemas en todos los ámbitos de la vida nacional.
Cuestionó el hecho de que los desaparezcan en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes, que haya sido la autoridad municipal la que los entregó a la delincuencia organizada y que en algunas entidades federativas el crimen haya instaurado, de facto, gobiernos paralelos.
José Bernardo Espino del Castillo Barrón coincidió en que el país vive un momento histórico con un camino irreversible para que la Fiscalía Especial actúe con plena autonomía y que, sin diferencia alguna, se aplique la ley y quien “el que meta la pata, se aguanta, no hay vuelta”.
César Alejandro Chávez Flores, se pronunció por modificar el diseño institucional de la fiscalía para ampliar sus facultades y poder investigar casos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, a través de un mecanismo similar al del sistema financiero, a fin de que el patrimonio de funcionarios pueda ser detectado en línea.
Concepción Cornejo Oliver advirtió que las autoridades de Estado enfrentan a un México exigente y ante el cual se debe transparentar el gasto público, así como garantizar la aplicación de la ley sin distingo alguno, por lo que a la nueva fiscalía se le debe conceder una estructura sólida.
Rafael Estrada Michel hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la confianza en la Fiscalía y revertir la indignación que prevalece entre la sociedad por los actos de corrupción, por ello, propuso como eje principal de la política de la fiscalía la cero tolerancia frente a este problema.
José Fernández de Cevallos estimó fundamental que se dé el mensaje claro a la población de que la fiscalía será realmente un instrumento de justicia, con absoluta transparencia, que implica la rendición de cuentas ante el Senado, pero que también está sujeta al escrutinio de las organizaciones sociales y civiles.
Regino Herón Guevara Cabrera señaló que tras los sucesos que está atravesando el país, es necesario romper el círculo vicioso en el cual están inmersos sociedad y gobierno para dar paso a una situación de estabilidad y paz social.
Bernardo María León Olea indicó que el nuevo organismo anticorrupción debe estar sujeto a una absoluta transparencia, autonomía y sigilo en las investigaciones, para evitar el desprestigio de la institución.
Antonio López Ramírez mencionó que ante los actos de descomposición “no podemos ser expectantes mientras la corrupción carcome y socava la integridad del país”.
Jorge Antonio Luna Calderón aseguró que la corrupción es una patología social y endémica. Señaló que el significado de corrupción no es un término jurídico legalmente definido y tipificado como tal en el Código Penal, más bien constituye un término antijurídico utilizado en las ciencias sociales.
Laura Patricia Luna Sánchez Galán expuso en su propuesta que la instancia debe ser autónoma, pero administrada por diferentes autoridades, como la judicial, que permita hacer más eficiente la aplicación de la norma, así como de instancias de los tres órdenes de gobierno bajo una estrategia de colaboración interinstitucional en los rubros de prevención, investigación, proceso e inteligencia.
Para José Guadalupe Medina Romero, una de las fortalezas de la Fiscalía es la autonomía y el manejo de recursos es una de las más grandes debilidades.
Marco Antonio Medrano Cruz manifestó la urgencia precisar la tipificación de hechos y aplicación de sanciones condenatorias porque mientras los funcionarios públicos no sean sancionados continuarán los actos de corrupción.
Américo Irineo Meléndez Reina se comprometió, en caso de ser electo, a cumplir con justicia la encomienda para que la procuración de justicia no sea burlada y para que la administración de justicia cuente con elementos para resolver de acuerdo con las peticiones hechas por el Ministerio Público Federal.
Mauricio Moreno Vargas indicó que la Fiscalía debe investigar hechos delictuosos e involucrados y acusarlos en el marco del debido proceso legal, dentro del nuevo modelo de justicia penal.
Jorge Nader Kuri advirtió que de ser electo, se enfocará en una visión institucional creativa e innovadora para obtener resultados distintos; en un trabajo fundamentado en una visión holística y sistémica; en una coordinación con los estados para que, en conjunto con instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, funcionen réplicas en cada uno de ellos.
Ángeles Navarro Rueda estimó que una estrategia nacional de combate a la corrupción no puede basar sus esperanzas en una sola institución, sino crear mecanismos de trabajo conjunto entre ciudadanía y el gobierno.
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