El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escaló su estrategia para acelerar las detenciones y deportaciones de migrantes hacia una nueva fase: la de considerarlos enemigos utilizando una ley emitida para tiempos de guerra hace más de 200 años.
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El plan, adelantado en campaña por el magnate, comenzó a materializarse este fin de semana con la orden en la que autorizó la deportación inmediata y sin audiencia de por medio de ciudadanos de nacionalidad venezolana bajo el supuesto de pertenecer o estar ligados con el grupo criminal (ya designado terrorista) conocido como Tren de Aragua. Ello con independencia de si ingresaron regularmente al país o no.
- Aunque la ejecución de dicha orden ha sido congelada horas después por un juez federal, fuentes del gobierno de Trump consultadas por MILENIO indicaron que no darán marcha atrás a esta medida que, de resultar exitosa, se ampliaría a migrantes de otras nacionalidades ligados con grupos criminales que son tolerados o patrocinados por gobiernos extranjeros, y que han «invadido» los Estados Unidos.
- Las nacionalidades que serían blanco de esto no se han especificado, pero los argumentos retomados en este decreto relacionados con el Tren de Aragua, son los mismos que han utilizado antes el mandatario y su gabinete para referirse a cárteles mexicanos y de Centroamérica.
Esta estrategia ha generado críticas de parte de organizaciones de derechos humanos y nuevos temores entre los migrantes.
«Si no hay juicio ¿cómo te van a probar que eres de una banda de esas? Es que se van a llevar a gente que nada que ver solo porque somos de este país o aquel», dijo Nidia Andrade, inmigrante venezolana que trabaja en un restaurante del barrio de Park Slope en Brooklyn, Nueva York.
Vieja ley de guerra
Para agilizar las deportaciones de venezolanos con supuestos nexos criminales, el gobierno de Trump desempolvó la llamada «Ley de Enemigos Extranjeros» (Alien Enemies Act en inglés).
- La ley, expedida en 1798, cual otorga poderes al presidente de los Estados Unidos para decretar la detención y expulsión de ciudadanos de otros países bajo dos supuestos: que dicho país se encuentre en guerra con los Estados Unidos o que este aliente o impulse una invasión hostil a su territorio.
La norma emitida a finales del siglo XVIII solo ha sido invocada en tres ocasiones en el pasado, la última de ellas en la Segunda Guerra Mundial y que permitió el aseguramiento y expulsión en fast-track de personas alemanas, italianas y sobre todo japonesas, aún varios años después de transcurrida la guerra, lo que desde aquel momento generó críticas por su aplicación desmedida.
- En el último medio siglo legisladores y gobernadores principalmente republicanos han pugnado por llevar más allá de la retórica el concepto de “invasión” para referirse al ingreso de migrantes al país y equipararlo a los supuestos de la referida norma.
- El propio Donald Trump refirió en varias ocasiones el año pasado, previo a las elecciones, que le parecía una ruta adecuada para detener y revertir la entrada descontrolada de migrantes.
- El centro especializado de estudios jurídicos y de política públicas de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva york, “Brennan Center for Justice”, explica en un análisis que se trata de un supuesto legal que pone en riesgo a personas por el solo hecho de pertenecer a una nacionalidad, y que es excesiva aún en tiempos de guerra y peor en tiempos de paz.
«La ley permite al presidente tomar medidas contra estos migrantes sin una audiencia y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía.
«Aunque la ley fue promulgada para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros en tiempos de guerra, puede ser —y ha sido— utilizada contra migrantes que no han hecho nada malo, no han mostrado signos de deslealtad y se encuentran regularmente en los Estados Unidos.
«Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz».
Tren de Aragua, primera prueba
El 15 de marzo, el presidente Donald Trump emitió el decreto en el que autoriza la inmediata detención y deportación de que cualquier venezolano mayor de 14 años que sea miembro del grupo criminal Tren de Aragua y que no tenga un estatus de residencia permanente en el país.
«Ordeno que todos los Enemigos Extranjeros descritos en la sección 1 (venezolanos ligados al referido grupo criminal) de esta proclamación estén sujetos a aprehensión, detención y expulsión inmediatas y, además, que no se les permita residir en los Estados Unidos», indica el presidente Trump en su decreto.
- En el apartado inicial de justificación la proclamación de presidente recuerda que el Tren de Aragua (TdA) es una “organización terrorista foránea”, ya designada oficialmente como tal, que en conjunto con cárteles de la droga y con la tolerancia o patrocinio del gobierno de Nicolás Mauro en Venezuela busca generar desestabilización en varios países incluyendo los Estados Unidos, a través de actividades como el impulso a la migración irregular, el tráfico de drogas, la extorsión, entre otros.
«A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo TdA.
«El resultado es un estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión e incursión depredadora en los Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para los Estados Unidos» agrega la proclamación presidencial.
- Casi de forma inmediata y bajo ese nuevo paradigma la administración de Trump expulsó a 300 ciudadanos venezolanos previamente detenidos por su presunto nexo con el grupo criminal, lo cuales fueron enviados a una cárcel de El Salvador previo acuerdo con el presidente de aquel país.
- El gobierno del presidente Trump fijó un plazo de 60 días para que las distintas dependencias de su gobierno establezcan los lineamientos y ejecuten los efectos de esta proclamación de forma sistemática. Se tratan según las fuentes consultadas, de un periodo de prueba para evaluar su efectividad.
- La extensión de esta medida a otro tipo de grupos y nacionalidades está sobre la mesa, según lo reiterado por fuentes del gobierno de Trump a MILENIO. El dato de quiénes serían y cuándo podía ocurrir esto se mantiene aún bajo reserva.
No obstante, las hipótesis vertidas en la proclamación del 15 de marzo donde se considera a los venezolanos ligados al Tren de Aragua como enemigos extranjeros empatan en varios puntos con las que han sido vertidas respecto a organizaciones criminales mexicanas.
Por ejemplo, al igual que con el TdA, seis cárteles mexicanos han sido designados como organizaciones terroristas foráneas y como una amenaza para la seguridad interna de los Estados unidos.
A su vez, y en el contexto de los amagos arancelarios, la Casa Blanca ha referido en al menos dos ocasiones supuesta colaboración o tolerancia del gobierno de México hacia estos cárteles y de la pérdida de gobernabilidad.
Persecución, racismo y miedo
El sábado 16 de marzo, el juez federal en jefe de la Corte del Distrito de Columbia, James Boasberg, decretó una suspensión temporal de cualquier expulsión de ciudadanos venezolanos del país aún si estos ya se encuentran detenidos por supuestos nexos criminales, hasta que se revisen los alcances y constitucionalidad del decreto del presidente.
- Lo anterior, como resultado de una demanda presentada a nombre de los migrantes por las organizaciones civiles The American Civil Liberties Union y Democracy Forward Foundation.
- El análisis del centro Breannan Center for Justice subraya que la utilización de la «Ley de Enemigos Extranjeros» como herramienta para perseguir a los migrantes es abiertamente inconstitucional y violatoria de principios fundamentales y derechos humanos de las personas.
«La Quinta Enmienda protege a los ciudadanos estadunidenses y a los migrantes contra la discriminación y las violaciones de derechos perpetradas por el gobierno federal.
«Los tribunales generalmente anulan las políticas que discriminan basándose en una clasificación sospechosa, como la raza o la ascendencia, y las políticas que infringen derechos fundamentales», indica el centro especializado.
Además, agrega este análisis, uno de los puntos torales del sistema de justicia de los Estados Unidos es la del juicio a una persona por los hechos que le son directamente atribuibles y no a partir de generalizaciones, y menos si estas son de raza u otra índole.
«La Ley de Enemigos Extranjeros contradice un tema central del derecho y la ética estadunidenses: el derecho a ser juzgado individualmente, en particular en decisiones cruciales como la detención o la deportación.
«A lo largo de la historia de Estados Unidos, solo otra ley autorizó las deportaciones basadas en la identidad. Esta ley, la Ley Geary de 1892, se aprobó como parte de la exclusión de los chinos y refleja otro vergonzoso capítulo de la historia estadunidense que ha sido objeto de disculpas del Congreso y del presidente, similar al internamiento bajo la Ley de Enemigos Extranjeros», añade el centro.
- Sin embargo, aún cuando los argumentos legales y las resoluciones de los jueces podrían estar de su lado, para los migrantes, como la venezolana Nidia Andrade que trabaja en el restaurante de platillos y caldos latinoamericanos en Nueva York, cada anuncio de Trump es un nuevo motivo de preocupación.
«Aquí todos los que trabajamos somos latinos, de Colombia, de Venezuela, México, nadie es delincuente, pero si lo que les importa es sacarte sin probarte nada pues da igual. ¿Qué garantías hay? Solo cuidarse porque tampoco se puede dejar de trabajar y lo que Dios diga» dijo la mujer a este medio.
EU amenaza con «sanciones duras» si Venezuela no acepta a sus deportados
Estados Unidos amenazó a Venezuela con «nuevas sanciones duras» si su presidente, Nicolás Maduro, no acepta a «sus ciudadanos repatriados» y le advirtió que no es un tema negociable.
- «A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones duras y crecientes», adelantó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en la red X.
Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna», insistió.
- El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una operación con el propósito de expulsar del país a los migrantes en situación irregular, a quienes acusa de ser delincuentes por haber entrado sin visa, y exige que los países colaboren.
Dice que su prioridad son los miembros de los cárteles de la droga mexicanos, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla M-13 y los declaró organizaciones «terroristas» globales.
- Tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano mandó a su enviado especial Richard Grenell a Caracas y a Rubio a varios países latinoamericanos para incitarlos a aceptar la repatriación de sus nacionales.
- Algunos como El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, se prestaron de buena gana. El salvadoreño incluso propuso detener a migrantes expulsados en una megacárcel en su país.
- Otros, como Guatemala, aceptaron un aumento del número de vuelos de repatriación, pero Washington está descontento con el venezolano Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo del país caribeño.
Estados Unidos lo acusa de haber incumplido el ritmo de vuelos «acordado» y en represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.
- El 13 de marzo, Estados Unidos anunció que Venezuela aceptó reanudar los vuelos de repatriación, pero al día siguiente el gobierno venezolano dijo que no se concretó por problemas meteorológicos.
Tensa relación
Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump en 2019, cuando impuso una batería de sanciones al país caribeño.
- Trump, al igual que su predecesor demócrata Joe Biden, apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios de julio y asistió a su investidura el 20 de enero.
- La relación se tensó aún más este fin de semana después de que el mandatario republicano invocara una ley de guerra de 1798 contra el Tren de Aragua y enviara en aviones a 238 venezolanos a El Salvador para ser encarcelados en una megacárcel.
El lunes Maduro tildó la decisión de «anacrónica».
Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos», dijo el gobernante izquierdista.
«No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien», manifestó.
- Los venezolanos sufrieron de lleno la embestida antimigratoria de Trump, cuyo gobierno revocó la extensión de un amparo migratorio conocido como TPS, que cobijaba a más de 600 mil venezolanos.
El TPS es un programa establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país.
En 2023, aproximadamente 770 mil migrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
Trump busca ahora deportar a indocumentados que pagan impuestos
La guerra de Donald Trump contra los indocumentados llega al sector que creyó podría librarse de la cacería por pagar impuestos y contribuir a la riqueza del país. El abogado, que defiende los intereses del gobierno estadounidense ante una corte federal, confirmó este miércoles que está buscando información confidencial del Servicio de Recaudación Interna (IRS) sobre inmigrantes contribuyentes, con el fin de deportar a los que no tengan papeles.
- “Hay conversaciones en curso… sobre el intercambio de información” entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo el abogado del Departamento de Justicia, Andrew Weisberg, en un tribunal federal de Washington, de acuerdo a información citada por CNN.
La audiencia escuchaba los argumentos ante la demanda entablada por dos organizaciones que buscan que el tribunal federal prohíba al IRS compartir información confidencial sobre los inmigrantes.
- En concreto, el Immigrant Solidarity DuPage (ISD) y el Centro de Trabajadores Unidos (CTU) presentaron el pasado 7 de marzo la demanda que busca impedir que el IRS comparta la información de los contribuyentes que presentan sus declaraciones usando un número de ITIN, otorgado generalmente a indocumentados.
- La querella legal se dio después de que el DHS solicitó al IRS entregar las direcciones de aproximadamente 700 mil indocumentados identificados para su deportación, lo que los demandantes consideran violaría las protecciones individuales de los contribuyentes.
- Kevin Herrera, director legal de Raise the Floor Alliance que representa a los demandantes, dijo en un comunicado que han pedido garantías al Gobierno Trump de que detendrán su intento de presionar al IRS por la información personal de indocumentados mientras el caso se desarrolla en los tribunales.
Sin embargo, la jueza de distrito Dabney Friedrich se negó este miércoles a emitir una orden de emergencia que impida al IRS compartir estos datos, argumentando que los grupos que demandaron al Ejecutivo estadounidense no presentaron pruebas suficientes de que se compartiera la información de inmediato, según reportó CNN. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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