La propuesta de reforma constitucional en materia energética, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, afectará financiera y operativamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtieron especialistas.
La iniciativa busca cambiar el estatus de las empresas estatales de productivas a públicas.
- Esto implica que dejarían de tener como mandato constitucional generar rentabilidad en su plan de negocios y en sus proyectos, lo que les permitirá operar con pérdidas financieras y, por lo tanto, ineficiencias operativas, explicó Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.
- «Perderán la directriz de seguir las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo, esto puede tener afectaciones en el ámbito financiero, pues dichas prácticas de gobernanza son la brújula con base en la cual las empresas productivas del Estado salen a los mercados de deuda», puntualizó en entrevista ayer.
- La experta ve que si no hay productividad en ambas empresas, pueden quedarse sin acceso financiero. Si bien, con la reforma de 2013 -cuando se les dio el carácter de productivas-, CFE y Pemex continuaron siendo propiedad del Estado, lograron tener independencia de gestión, dijo Julia González, consejera de la firma González Calvillo.
«Lo que distinguía a las empresas productivas estatales (EPE) era la generación de valor económico y unas reglas de contrataciones estatales con un régimen especial; (ahora) no hay claridad respecto a cómo van a operar (al volver a ser públicas) y todos esos detalles se tendrán que establecer en las regulaciones secundarias», señaló González.
- Moreno agregó que la competencia es importante porque es el mecanismo más efectivo para que las empresas se esfuercen por entregar mejores productos y servicios.
- En su conferencia mañanera ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el cambio no implica que CFE y Pemex no serán productivas, sino que puedan competir al mismo nivel que todas las empresas privadas.
- La iniciativa proviene del paquete de reformas presentadas por el Gobierno anterior en febrero.
Piden certidumbre
Para que las inversiones en materia energética en México se consoliden, el Gobierno debe garantizar certidumbre jurídica y compromiso con el Estado de derecho, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
- En un análisis presentado ayer, alertó que la posible reforma energética conlleva riesgos potenciales de incertidumbre jurídica y se limitarían las inversiones, no solo del sector, sino de la economía en general.
Además, se corre el riesgo de desmotivar la entrada de nuevos competidores en el mercado de generación.
Se abrirán controversias en T-MEC
Advierten expertos que la reforma energética implicará más costos para el erario, además de que puede reactivar una controversia con los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además, la posible aprobación de la iniciativa puede afectar el panorama para la inversión privada, tanto en el sector eléctrico como en la economía en general.
- Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, señala que en la práctica la reforma va a encarecer la energía, puesto que los costos de producción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son entre 10% y 30% mayores que los del sector privado.
- “Si (CFE) va a seguir despachando todas sus plantas sin subir el precio de la energía o sin buscar generadores más baratos se van a necesitar igual o más subsidios. Eso no mejorará sus finanzas”, alertó.
En un análisis, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) afirmó que la reforma enviaría un mensaje de incertidumbre jurídica que no sólo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, “sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho”.
En caso de aprobarse, el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible los riesgos para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento, agregó.
Socios en desacuerdo
La iniciativa que se discute actualmente se basa en la reforma que se aprobó en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual generó controversias en el marco del T-MEC debido a que los gobiernos e inversionistas de Estados Unidos y Canadá acusaron que esos ajustes los dejarían en desventaja frente a la CFE y por tratarse de un marco regulatorio diferente al que existía cuando decidieron invertir en el país.
- Al final, en 2023 los desacuerdos no escalaron a un panel de controversias del T-MEC luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma.
- Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, advirtió que, además de revivir la controversia al amparo del T-MEC, la iniciativa de reforma deja más débil el Estado de derecho y la atracción de inversiones nuevas en el marco de la relocalización de empresas (nearshoring).
“Hay un aspecto poco visto todavía, pues podría considerarse que se incumplen acuerdos como el trato preferencial no discriminatorio, todo el capítulo de empresas del Estado y, especialmente, los mecanismos para la resolución de controversias inversionista-Estado del T-MEC. Esto afecta la seriedad del Estado de derecho”, destacó.
Ramsés Pech, analista del sector energético por Caraiva y Asociados, explicó que los ajustes al marco regulatorio abren más dudas sobre el sector energético.
“Al ser empresas del Estado, las controversias tendrán que verse en contra del gobierno y, aunque Pemex y CFE puedan verse beneficiadas por mejores calificaciones de agencias, las peores consecuencias las tendrá el erario. En el T-MEC habrá problemas por el capítulo de monopolios y además se abren más dudas sobre cómo pagarán las deudas”, puntualizó.
- Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la decisión de eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, para transitar hacia un modelo sin fines de lucro, podría representar que las empresas operen con pérdidas y terminen causando un daño a la hacienda pública.
“El Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible estos riesgos, para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento”, dijo el experto.
- Al respecto, Alonso Romero, especialista en materia energética, señaló que esta integración vertical permitirá a ambas empresas tener operaciones más eficientes.
“En Estados Unidos, la American Public Power Association reporta que las empresas eléctricas integradas verticalmente observan precios 10 por ciento menores y tres horas menos de interrupciones en el servicio. Además, en el caso específico de Pemex, el ser empresa pública, disminuirá su costo de la deuda y liberará flujo de efectivo importante”, y agregó que esta planeación brindaría oportunidades y certidumbre, “al conocer la demanda y planear el crecimiento del sector en su conjunto”, subrayó Romero.
El obradorismo busca fortalecer a la estatal CFE
La 4T busca dejar asentado que la CFE deberá tener como objetivo «preservar la seguridad y autosuficiencia energética» y «proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro (…)».
- El Estado mexicano es el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control, con la obligación de garantizar el acceso a todos los estratos sociales y a toda la población de México.
- La principal intención de este texto es modificar el modo de operación de la compañía eléctrica, aunque también se anticipan cambios en Pemex como resultado de una posible aprobación. Sin embargo, según los analistas, la propuesta es ambigua y carece de claridad.
- Desde la perspectiva del obradorismo en materia de política energética, esto implicaría que la CFE no esté obligada a demostrar la viabilidad financiera de sus negocios, y que sus inversiones se guíen por criterios distintos a la rentabilidad de los proyectos.
«Tenemos muchas ambigüedades, no sabemos cuál va a ser el régimen de empresa pública del Estado, sabemos que van a eliminar el régimen especial de empresas productivas del Estado que las categoriza como entidades que tienen como mandato exclusivo el generar valor económico y sustentabilidad, con una figura nueva que parece que no sería como era antes, de tipo descentralizado o paraestatal. Es una nueva figura de la cual no tenemos los detalles”, dice Ana Lilia Moreno, del think thank México Evalúa.
- La nueva figura sería añadida a la constitución sería definida en las leyes secundarias, según lo relatado en el texto. Así, no quedaría qué implica este cambio hasta que sea aprobado el cambio constitucional. Un escenario que se dibuja muy posible al tomar en cuenta la mayoría en el legislativo que tendrá el partido Morena.
Contrario al discurso obradorista, la iniciativa no cierra la participación de la inversión privada en el sector energético. Aunque de nueva cuenta es pcoco clara respecto a cómo se les permitirá invertir y en qué proyectos.
- Pero el texto propone establecer que las leyes por las cuales se decida la participación de particulares invertir en la industria eléctrica deben de tener como principio “la justicia social”. De nuevo, según los analistas, la definición es ambigua y no planea lineamientos de cómo el Estado y el sector privado podrían coactuar en el sistema eléctrico.
Lo único que se menciona dentro de la iniciativa es que los particulares no podrán tener “prevalencia” sobre la CFE, una definición que no ha sido utilizada de manera previa en la legislación y que ahora los especialistas del sector y las compañías privadas no saben cómo tomarla. El sector privado del mercado energético ha atravesado todo el sexenio en medio de la incertidumbre y sin poder tener una actuación importante a nivel de nuevas inversiones.
- El equipo de Claudia Sheinbaum ya había adelantado que podría permitir la participación de otras compañías en las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica. Lo establecido en el documento podría dar pie a eso, pero aún no está del todo definido.
- El camino para la discusión y probable aprobación de la reforma aún es largo. Pero la presidenta electa ya ha abrazado el proyecto como suyo. Y la próxima directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, ha adopta ya el discurso de priorización de la CFE en el mercado de generación eléctrica.
- La iniciativa del presidente López Obrador por hacer de la CFE una empresa que también provea de internet a la población –que hasta ahora no se ha logrado– también quedaría asentada a nivel constitucional de aprobarse el proyecto.
Esto último se llevaría a cabo por la filial CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, que fue creada en el sexenio, pero que hasta ahora no ha cumplido los resultados esperados y anunciados desde casi el inicio de la administración obradorista.
- El cambio, apoyado por la probable desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), podría dar pie a la aparición de un nuevo ente preponderante.
“Eso es es tremendo pues a nivel mayorista y minorista CFE Telecom podría realizar actividades anticompetitivas sin que le apliquen necesariamente las reglas de la competencia económica. Sin Cofece ni IFT y con jueces a modo –de lograrse la reforma judicial–, ¿Quién ganará un litigio contra la CFE?”, dice Moreno.
Los puntos clave de la reforma
La funcionaria remarcó los puntos importantes que se modifican con esta reforma a CFE y PEMEX:
- Se eliminaron contratos leoninos que ponías en desventaja competitiva contra los particulares.
- La actual reforma plantea cambios importantes, regresarían a ser empresas
- Reservar el litio para el Estado mexicano
- El litro y el servicio de Internet son áreas primordiales del Estado
- Se garantiza la preponderancia en el despacho de la energía eléctrica
- Preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación
Sobre los cambios a los artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, la encargada en materia energética, señaló que en el caso del artículo 25, en el que Pemex y CFE dejarán de ser empresas productivas del Estado para convertirse en empresas públicas del Estado, como estaban antes de ser aprobada la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Sobre la reforma al artículo 27 constitucional establece que no se otorgarán concesiones para explotar el litio y el 28, se estipula que el litio y el servicio de internet serán consideradas como áreas estratégicas, por lo que no podrán ser catalogados como monopolios, además de garantizar la preponderancia en el despacho de energía eléctrica a CFE.
Con esta nueva reforma energética avalada por Morena y sus aliados en San Lázaro, tanto Pemex como CFE orientarán su operación a favor del servicio público y no a la búsqueda de rentabilidad; en 2013, con la reforma energética impulsada por Peña Nieto y aprobada con los votos del PRI y Partido Verde, ambas compañías se convirtieron en empresas productivas del Estado. /PUNTOporPUNTO
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