México tiene la mejor legislación anticorrupción de América Latina, pero sus autoridades son de las más ineficaces para prevenir y sancionar estas conductas, revela la «Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022«.
- El estudio, realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R.
- Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que las autoridades mexicanas encargadas de la lucha anticorrupción carecen de independencia y que la persecución penal se ha hecho con un sesgo político.
«La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.
«Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente», advierte.
Ocupa México lugar 9 de 17 países de AL: estudio
En el último año, México presentó retrocesos importantes en sus esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción, los cuales, además de ser insuficientes, han sido utilizados para fines políticos, advierte la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, de la barra de abogados de Nueva York.
- El estudio coloca a México en el lugar 9 de 17 países evaluados, con una calificación general de 5.64 puntos, en una escala del cero a 10. Nuestro país está por debajo de Perú (6.06) y arriba de Bolivia (5.50).
- Cabe señalar que este informe se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia de abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Sobre México, el análisis de los expertos advierte que pese a que es el país con la mejor calificación a nivel regional en el rubro de legislación (9.30), se coloca como el sexto peor en materia de autoridades y en número 10 al hablar de la implementación de las leyes anticorrupción.
Por ello, el reporte sostiene que “México es uno de los ejemplos a nivel regional de cómo una buena legislación no es suficiente, si no hay instituciones independientes y con capacidad para implementar ese marco jurídico”.
Uso político del tema
El informe destaca que es preocupante el debilitamiento de las capacidades de algunas autoridades y el uso político de la agenda anticorrupción, ya que no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el poder Ejecutivo. Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del presidente.
- Mientras que las autoridades anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública.
- El estudio concluye que el principal desafío de México es aplicabilidad del marco jurídico debido a una “insuficiente voluntad política para su ejecución”.
Aunado a que preocupa a la comunidad jurídica los ataques de los más altos niveles del gobierno a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que denuncian casos de corrupción de la administración actual, ello al señalar que en países como México existen barreras, formales o informales, para la participación de la sociedad civil, así como límites o acciones de represión como mecanismo de desincentivo para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción.
López Obrador busca su propio sistema anticorrupción
En sintonía con la postura presidencial que busca desaparecer la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la mayoría de Morena en el Senado también se enfila por eliminar las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en materia de Responsabilidades, ordenadas en ley, para así diseñar su propia política anticorrupción.
- Tres años han pasado de la actual administración, que ha centrado su discurso en el combate a la corrupción, pero el SNA creado con ese fin en 2015 se mantiene incompleto. Y la instancia encargada de aplicar sanciones en casos graves en esa materia apenas cumplió apenas tres meses y medio en funciones.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a las instituciones creadas para combatir la corrupción y ha planteado recortar el modelo para reducir gastos, debido a que el SNA obedeció a la “moda” de crear organismos.
Acorde con ese plan, la iniciativa de Morena en esa materia ya fue dictaminada en el Senado pero aún está pendiente de votación en el pleno.
¿Qué se sabe del SNA?
Con la creación del SNA (2015-2016) se avaló una nueva conformación y atribuciones al TFJA para sancionar los actos graves de corrupción de funcionarios o particulares.
En la Constitución se aprobó aumentar el número de magistrados del TFJA de 13 a 16 y la creación de una sección (con otros tres magistrados) responsable de imponer las sanciones referidas, esa instancia especial quedó en la Ley Orgánica del TFJA como “Tercera Sección”.
- Pero esa ley secundaria previó, además, la creación de cinco Salas Especializadas, cada una con tres magistraturas para atender casos de corrupción en las 32 entidades, divididas en cinco circunscripciones.
- Así, el 25 de abril de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado 18 propuestas de magistrados, 3 para la Sala Superior, 15 para las Especializadas, pero desató protestas de organizaciones civiles, por la premura con que se preveía su ratificación, a fines de ese mes.
Contrario a ese escenario, no se ratificó a nadie, pero tampoco atendió el reclamo de abrir el proceso al escrutinio público; todo quedó congelado en el Senado.
Ese año al entrar en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos sin un TFJA integrado como se ordenó, para no incurrir en denegación de justicia éste tuvo que habilitar, vía acuerdos, una de sus Salas Regionales como Tercera Sección de la Sala Superior para atender los primeros casos a tramitarse bajo reglas del SNA.
- Hasta 2019, los senadores llamaron a comparecer a los 18 propuestos por Peña Nieto, pero sólo acudieron 4. Todos resultaron elegibles, pero la Comisión Permanente los rechazó, recuerda Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora de Designaciones del observatorio, al referir el tortuoso proceso que ha tenido la conformación del SNA en esa parte judicial.
“En realidad hay muy poca información, ha sido un ejercicio discrecional y opaco, lo cual es un contrasentido siendo que se trata de la política anticorrupción” opina la especialista de ese observatorio, dedicado a monitorear los procesos de designaciones públicas, en conjunto con Fundar y Artículo 19.
Fue hasta el año pasado, con cuatro años de atraso, que los senadores designaron a 2 de 3 magistrados de la Tercera Sección del TFJA: Natalia Téllez Torres Orozco (el 30 de abril) y Julio Sabines Chesterking (el 30 de junio), ambos por 15 años improrrogables.
Así, a mitad del sexenio, con designaciones incompletas, una estrategia de reducción de presupuesto a los organismos que integran el SNA, y el reconocimiento presidencial de que impulsará la desaparición del SESNA, todo se perfila a que el sistema anticorrupción quede al “estilo AMLO”.
Muerte por inanición
El diseño inicial de un plan anticorrupción comenzó en 2013 fue una Comisión del ramo avalada sólo en el Senado. Pero tras deliberación y presiones de organizaciones civiles se llegó a la creación del SNA y la emisión de 7 leyes secundarias para definir competencias y la coordinación entre todos los órdenes de gobierno, en una estrategia de Estado.
- Como se refirió, el Sistema nació trunco, con el TFJA incompleto y que ha tenido que emitir acuerdos para operar, como la creación de la Tercera Sección o la suplencia temporal de una magistratura.
- En tanto, el brazo cívico del SNA, su Comité de Participación Ciudadana (CPC), casi quedó en la inanición durante una parte de 2021, en que sólo tuvo uno de cinco de sus integrantes.
- Ahora, el Ejecutivo y su partido perfilan ir por reforma legales para cercenar la estructura, pues de hecho la iniciativa para que no se creen las 5 Salas Especializadas nuevas del TFJA fue dictaminada en comisiones del Senado en marzo de 2021 y sólo está pendiente llevarla a votación del pleno.
A pregunta expresa, la especialista de Designaciones reconoce que ese modelo AMLO del SNA pareciera perfilarse, si se considera que las instancias que integran el Sistema han enfrentado recortes sistemáticos a su presupuesto.
De acuerdo con datos de especialistas de México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de las 7 instancias que integran el SNA, cinco de ellas tendrán en 2022 menos recursos, en términos reales, que los que ejercieron hace años, en 2018.
Estas son la SESNA, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el TFJA, este con disminución de 10.9 % respecto del ejercido en 2018.
- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), también parte del SNA no tuivo recorte pero tiene insuficiencia de recursos y sólo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene 6.5% más recursos en el periodo citado.
- Además, el presupuesto anticorrupción ha disminuido 13% en términos reales entre 2018 y 2022, según esa investigación.
- Por eso Checa insiste: “estos datos contradicen la narrativa de que el combate a la corrupción es prioridad, porque en términos concretos esas instituciones que deben aplicar la estrategia se ven limitadas, por una lado, por falta de recursos y por otra, por omisión en las designaciones”.
“Si, puede que el presidente si esté pensando en otra configuración del SNA y que quiera imprimirle su propio sello. Pero nuevamente vemos esta tentación de las administraciones de no ver lo que se hizo antes y hacer borrón y cuenta nueva, pero sin ver que en el diseño del SNA participaron muchos actores sociales y civiles y fue una construcción colectiva”, recalca.
El pasado 4 de febrero, cuestionado sobre un proyecto de iniciativa que circuló extraoficialmente para la fusión de organismos desconcentrados y descentralizados, así como la fusión de la SESNA con el Comité Coordinador de ese Sistema, el presidente reconoció que ese es su objetivo
El lunes 21 de febrero en su conferencia matutina López Obrador sustentó sus propuestas en la necesidad de austeridad y porque a su juicio hay demasiadas dependencias y no sirven.
Proliferaron organismos anticorrupción impulsados por “los conservadores” para “simular de que se combatían” las irregularidades, sostuvo.
Mencionó entre ellos al INAI y “hasta la misma ASF, que siempre saca sus informes sobre irregularidades, pero yo preguntaría: ¿Desde que existe, cuántos funcionarios han sido castigados?”./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
Evaluacion-Anticorrupcion-Latinoamerica-2021-2022
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