El Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre «problemas significativos» en México en materia de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género.
- En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU indica que, si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo diversos casos de abuso.
«La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción», señala.
- Organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, consigna, fueron responsables de crímenes violentos como homicidio, tortura, secuestro, extorsión y trata de personas.
«El Gobierno investigó y persiguió algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció sin ser investigado ni procesado», apunta.
Entre los casos de abuso de las fuerzas del orden destaca el de elementos de la Guardia Nacional que abrieron fuego en abril de 2021 contra un auto que no se detuvo en un control en Irapuato, incidente en el que murió el joven Yael Ignacio Rangel y quedó herida Alejandra Carrillo Franco.
En tanto, reporta, el 31 de agosto, soldados asesinaron a Heidi Mariana Pérez, de cuatro años de edad, e hirieron a su hermano Kevin, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dispararon contra el auto en el que viajaban los niños.
- Entre enero y agosto, señala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria. De esas, 43 involucraron la Guardia Nacional, 37 a la Fiscalía General de la República, 24 a la Secretaría de la Defensa y 17 a la Marina.
- El Departamento de Estado advierte que las desapariciones continuaron en áreas con altos niveles de violencia ligada a cárteles.
«Las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones son incompletas y con problemas para compartir información. Los sistemas forenses están muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver es mucho mayor que el que son capaces de manejar», indica.
En materia de libertad de expresión el informe destaca que los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero que a menudo se autocensuran por temor a represalias de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales.
«El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, con la sección de ‘Quién es quién en las mentiras’ en la conferencia de prensa matutina del Presidente para exponer a los periodistas que presuntamente divulgaron noticias falsas», apunta.
- Advierten crisis por desapariciones: En el documento, el Departamento de Estado cita cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que indican que hasta diciembre pasado sumaban 108 mil 521 personas desaparecidas en México.
«Se estima que el 90 por ciento de las desapariciones ocurrieron después del 1 de enero de 2006, según colectivos de búsqueda y grupos defensores familiarizados con la base de datos. Grupos de la sociedad civil informaron que hubo aproximadamente 15 mil desapariciones no vinculadas a fechas precisas», refiere.
No obstante, pese a que asegura que las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de desaparición forzada son pocas, el Gobierno de EU reconoce los esfuerzos de México para sancionar los actos de desaparición que involucran a agentes del Estado.
En el documento se citan varios ejemplos, entre ellos, los avances el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
«El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, publicó un informe que confirma que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, fue un crimen de ‘Estado'».
«El informe encontró que varios funcionarios locales, estatales y federales, por acción u omisión, estuvieron involucrados en la realización o el encubrimiento de delitos relacionados con las atrocidades», indica.
- Y alertan por desamparo a desplazados: Pese al aumento de pobladores que han abandonado sus comunidades por el asedio del crimen, México no cuenta con una ley federal de desplazamiento interno que permita la atención oportuna de las víctimas, advirtió el Gobierno de Estados Unidos.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU asegura que en México han sido desplazadas entre 250 mil y 380 mil personas, en su mayoría por la violencia de los grupos criminales.
No obstante, acota, los conflictos por la tierra, la violencia social y étnica o las disputas políticas locales también provocaron desplazamientos significativos.
«Los desplazados internos representaron el 40 por ciento de todos los residentes de refugios para migrantes en Ciudad Juárez.
«La mayoría informó haber huido de la violencia en sus estados de origen de Zacatecas, Michoacán y Guerrero», refiere el Departamento de Estado.
En el documento se cita la denuncia de representantes de la sociedad civil quienes aseguran que no se conocen esfuerzos para promover el retorno voluntario de los desplazados internos a estados con altos niveles de violencia debido a problemas de seguridad.
«El 9 de septiembre, la Relatora Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez Damary, reconoció algunos avances a nivel federal y estatal, pero llamó a la acción para aprobar la propuesta de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno», indica.El Departamento de Estado cita el caso de 3 mil habitantes de Tepalcatepec, Michoacán, que fueron desplazados en enero luego de presuntos ataques con explosivos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra su rival Cartel Unidos.
Al alza quejas contra el ejército por violaciones de derechos humanos
Las quejas contra la actuación del Ejército en México han ido a la alza en los últimos tres años.
- Cifras de la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indican que los delitos más comunes por los que acusan a los soldados son privación ilegal, tortura, homicidio, detención arbitraria, abuso de autoridad y violación sexual.
- En el cambio de Administración, de 2018 a 2019, el Ejército pasó de recibir 347 quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a 421 quejas, una alza del 21 por ciento.
Para 2020, las quejas reportaron una baja del 34 por ciento al pasar de 421 a 276, ese año hubo una ocupación masiva de militares en tareas contra el Covid-19 en apoyo a la población civil.
En 2021, una vez que pasó el peor año de la contingencia, las quejas contra el Ejército volvieron a incrementarse en un 38 por ciento al pasar de 276 a 383 quejas, mientras que en 2022 cerró con 388 quejas.
De acuerdo con algunos expedientes que han derivado en Recomendaciones de la CNDH, el 2 de diciembre de 2022 agraviados reportaron que militares ingresaron a su domicilio, en Mesa de Otay, Tijuana, en el estado de Baja California, sin una orden de cateo.
Los quejosos explicaron que los trasladaron a una instalación militar donde fueron objeto de malos tratos. La Recomendación 84VG/2022 se emitió por actos de tortura en contra del Ejército, que no reportó militares castigados por ese caso.
En otro caso se indicó que el 14 de agosto de 2022 un motociclista en Coyuca de Catalán, Guerrero, acusó que militares lo privaron de su libertad, lo que derivó en la Recomendación 82VG/2022.
- El 7 de febrero de 2021 otros afectados afirmaron que mientras circulaban en su vehículo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se les emparejó una camioneta de la Sedena y varios elementos accionaron sus armas contra el auto de los civiles, lo que provocó que uno de ellos muriera.
Un hecho parecido se reportó el pasado domingo cuando cinco civiles fueron abatidos en su camioneta por militares en Nuevo Laredo.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un organismo no gubernamental, consideró que se trató de una masacre de hombres inocentes que habían salido de un antro y no estaban armados.
Además, un hombre que acompañaba a las víctimas resultó herido de gravedad por dos proyectiles de arma de fuego.
- Actualmente 318 militares se encuentran bajo investigación por violaciones a derechos humanos.
- De éstos, están en calidad de indiciados 116 elementos de tropa (soldados, cabos y sargentos), 23 oficiales (subtenientes, tenientes y capitanes) y 15 jefes (mayores, tenientes coroneles y coroneles).
Hasta ahora solo han sido sentenciados 19 elementos de tropa, un oficial y tres jefes, y fueron absueltos 8 de tropa, un cadete, cinco oficiales y 2 jefes. Están prófugos 14 integrantes de tropa y dos de oficiales.
La Guardia Nacional acumula mil 254 denuncias
La Guardia Nacional ha sido objeto de un total de mil 254 denuncias por violaciones de los Derechos Humanos desde que comenzó a funcionar, en julio de 2019, en lo que supone uno de los proyectos estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- El organismo fue señalado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias, incumplir las formalidades en registros, emplear arbitrariamente la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida, de acuerdo con el diario El Universal.
También se mencionan presuntas violaciones cometidas en el desarrollo de las atribuciones que el organismo ha asumido en materia de aduanas, en la estrategia de migración y en la de lucha contra el robo de hidrocarburos.
La Guardia Nacional es así el organismo de seguridad con más quejas, por delante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que acumula mil 605 reclamaciones entre enero de 2019 y el 10 de noviembre de 2022. Lejos queda la Secretaría de Marina (Semar), que ha recibido 511, según los datos de la CNDH.
«La Guardia Nacional no es un cuerpo ajeno a las violaciones de derechos humanos, contrario al discurso oficial que dice que en México éstas ya se erradicaron», ha apuntado el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre. La Guardia Nacional «está replicando los patrones de uso de la fuerza y de opacidad que le conocíamos al Ejército».
La Guardia Nacional ha estado en el centro del debate político en los últimos meses ya que aunque se creo como un organismo policial de carácter civil, López Obrador ha impulsado su transformación en una entidad militar, con las consiguientes críticas de organizaciones sociales y de defensa de Derechos Humanos que destacan la necesidad de que las funciones policiales sean estrictamente civiles y no militares para evitar abusos. La modificación está aún pendiente de recursos judiciales./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
415610_MEXICO-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT-
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