TEXTO ÍNTEGRO: Gobiernos Estatales que han MILITARIZADO la SEGURIDAD No Han DETENIDO la Alta VIOLENCIA

Los gobiernos de los estados se han acomodado a la militarización de la seguridad pública federal iniciada con Felipe Calderón y han dejado en manos castrenses esa tarea, pese a que en las secretarías estatales de Seguridad al mando de militares se han incrementado las tasas de homicidios de hombres y, más recientemente, de mujeres.

De acuerdo con la organización no gubernamental México Evalúa, esa mayor presencia militar en las corporaciones policiales de los estados de la República no ha significado una contención de la violencia, va contra la carrera civil uniformada y ha causado inestabilidad en las corporaciones.

• Los datos forman parte del reporte “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, que dará a conocer la organización hoy martes.
• De acuerdo con el estudio, conocido por Proceso, la continua rotación de los jefes de Seguridad en los estados “interrumpe la estabilidad de las decisiones en la materia, además de sacudir los mercados criminales y retroalimentar el uso de violencia”.

Precisa que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los titulares de las policías han permanecido poco más dos años en el cargo, en promedio. Algunas entidades, indica, han tenido hasta siete titulares durante una administración.

• En ese periodo se ha registrado un aumento sostenido en los nombramientos de elementos de la Secretaría de la Marina, más que de la Defensa Nacional, pese a los casos de graves violaciones a los derechos humanos en que los marinos se han visto implicados en los procesos de detención realizados, señala México Evalúa.
• En su análisis de los perfiles de los responsables de seguridad pública en los estados, recuerda que los nombramientos de jefes militares al frente de secretarías y direcciones de seguridad estatales y municipales se aceleraron después de que Felipe Calderón lanzara su estrategia militarizada contra el crimen organizado, en diciembre de 2006.
• De acuerdo con sus cifras, la política de seguridad en los estados depende en 43% de civiles, en su mayoría abogados, en 38% de elementos de las Fuerzas Armadas y sólo en 18% en policías de carrera. Precisa que la presencia de los militares ha sido consistente desde al menos hace 12 años.

“El crecimiento de este grupo proviene, principalmente, del uso cada vez más recurrente de integrantes de la Marina por parte de gobiernos pertenecientes a Morena. También observamos una alta rotación en esta posición, con secretarios de Seguridad que, en promedio, duran dos años al frente de las instituciones, imposibilitando así el desarrollo de políticas de seguridad estables y de largo plazo”, señala.

Peor aún, dice, un análisis preliminar comparado entre estados con secretarios militares frente a entidades con secretarios no militares, sugiere que la llegada de las Fuerzas Armadas a las secretarías de Seguridad “no garantiza la contención de la violencia”.

Para la organización no gubernamental, los gobiernos estatales son renuentes a asumir el fortalecimiento de sus policías y han optado por dejar la seguridad en las fuerzas federales: “Se insiste en resolver problemas de inseguridad mediante políticas de militarización, lo cual constituye el reconocimiento del fracaso de la autoridad local y sus policías”.

Círculo vicioso

El reporte señala que la militarización y la violencia criminal se retroalimentan. A partir de bases de datos, indica que los estados con secretarios de Seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidio de hombres que los estados cuyos secretarios no son integrantes del Ejército o de la Marina.

La reciente tendencia a la alza de las tasas de homicidios de mujeres sólo entre los estados con secretarios de las Fuerzas Armadas es preocupante, particularmente porque coincide con el crecimiento de designaciones de integrantes de la Marina.

• Sobre el proceso de militarización, indica que la designación de soldados y marinos al frente de la seguridad en los estados ha dado pie a la designación de otros militares en más puestos de la estructura de seguridad de los estados, a la compra de equipamiento militar y a una mayor apertura a la puesta en marcha de operaciones militares.
• Un fenómeno similar ha ocurrido cuando efectivos castrenses han sido designados al frente de la seguridad en los municipios, agrega el reporte de México Evalúa. De cara al cambio de gobierno federal, asegura que el país vive un momento político crucial para empezar a pavimentar el camino de la seguridad por la vía civil.
• La virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, ha adelantado que durante su gobierno la Guardia Nacional, que es operada por el Ejército, seguirá a cargo de las tareas de seguridad, y que la secretaría de Seguridad Ciudadana “hará inteligencia” para combatir a la delincuencia.

Piden revisión profunda sobre Estados que militarizan la seguridad en México

La desmitificación del paradigma militar a través del informe “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, permite a las autoridades recién electas a hacer una revisión profunda para “recuperar progresivamente la rectoría de las instituciones civiles en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad”, consideró Denise González, oficial de Derechos Humanos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

• Durante su participación en la presentación del documento elaborado por la organización México Evalúa, la funcionaria de ONU-DH resaltó como parte de los hallazgos de la investigación “que la violencia del país no se ha logrado resolver a pesar del transcurso de distintas administraciones a nivel nacional y subnacional bajo partidos gobernantes distintos”, que han dejado en manos de mandos castrenses la seguridad pública, marcadamente desde 2006, que Felipe Calderón lanzó la llamada “guerra contra el crimen organizado”.
• De la revisión del documento, González consideró revelador que 39% de los titulares de las secretarías de Seguridad Pública de los estados, entre 2011 y 2014, hayan estado en manos de integrantes del Ejército y la Marina, y que en esas entidades las tasas promedio de homicidios “estuvieron por arriba de las tasas promedio de estados y años con secretarios de perfil civil”.
• Tras alertar que “el estudio es cuidadoso de no señalar la existencia de una relación de causalidad”, González apuntó que aporta “argumentos de cómo el despliegue de las fuerzas armadas no resuelve los problemas de inseguridad que aquejan al país”, y que resulta preocupante que “a partir de 2021, los estados con secretarios de seguridad púbica provenientes de las Fuerzas Armadas (de manera creciente integrantes de la Marina) registraron tasas más altas de homicidios de mujeres”.

Para la defensora, el informe de México Evalúa no sólo aporta datos duros, a partir de solicitudes de información, sino que “atinadamente menciona la importancia de realizar análisis desde la óptica de derechos humanos, que nos llevaría a mencionar los casos graves de violaciones a derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en el contexto de la implementación de políticas de seguridad, bajo el paradigma actual”, en el que organizaciones de la sociedad civil han documentado casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

La funcionaria de ONU-DH resaltó que el documento de México Evalúa “sugiera la importancia de detener el proceso de debilitamiento que han registrado las corporaciones policiacas”, sobre todo si se toma en cuenta que la investigación demostró que los mandos castrenses permanecen un promedio máximo de dos años en un cargo al frente de la seguridad pública, contrario a lo que ocurre con “entre los perfiles civiles con y sin carrera policial” que suelen permanecer más tiempo en el cargo.

Apuntó que “lo anterior constituye un argumento central a favor de la implementación de políticas de fortalecimiento institucional que favorezcan a su vez la estabilidad en la conducción de las políticas en materia de seguridad”.

• Denise González retomó una de las recomendaciones que diversas agencias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras, han planteado al país desde que decidió poner al centro de la seguridad pública a las fuerzas armadas.

Para los tomadores de decisiones, analizar el informe de México Evalúa, implicaría “establecer un calendario verificable del retiro gradual de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, diseñar e implementar un programa de reclutamiento a gran escala, que nutra progresivamente de elementos civiles a la Guardia Nacional, hasta llegar a un 100%, siempre asegurando que cuenten con las condiciones de trabajo y con las capacidades que se requieren”.

• Para la ONU-DH, apuntó, dar ese paso exige “respaldar y legitimar públicamente la labor de la policía y eso pasa por presupuesto, programas, políticas, estrategias que permitan generar las condiciones para que se pueda ejercer una labor con dignidad, pero además correspondiente con la realidad que se nos impone”.
• Agregó que entre las recomendaciones que los organismos internacionales han dado a México, está también la de “garantizar definitivamente la existencia de controles democráticos efectivos, transparencia y rendición de cuentas sobre quienes están en la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos a todas las personas en el país”.
• Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización Intersecta, comentó que, “frente a un problema de enorme violencia”, con 85 personas asesinadas al día, y más de 115 mil personas desaparecidas, el informe de México Evalúa demuestra que el despliegue militar para abatir la delincuencia es “una gran promesa que no se cumple”.

La defensora resaltó que, paradójicamente, en el imaginario de los mexicanos otorgan a los militares atributos que hasta ahora no han demostrado que tengan, como garantizar la seguridad pública y prevenir la violencia, como lo demuestra la investigación de la organización.

• Al señalar que las encuestas ubican a los policías como los agentes del Estado “más corruptos, por encima de políticos, diputados, fiscales partidos políticos o jueces”, resulta contradictorio que a las Fuerzas Armadas le tengan mayor confianza cuando es el sector que menos presuntos delincuentes pusieron a disposición de autoridades, pues “en 2020 el número puestas a disposición de policías ante fiscalías estatales fue de 2.5 millones de personas, mientras que en caso de las Fuerzas Armadas fue de 12 mil personas”.

Ante las evidencias de que el despliegue de personas provenientes de fuerzas armadas, no han significado una disminución real de la violencia cotidiana, Estefanía Vela alentó a las próximas autoridades a preguntarse “cuál es el ideal de las policías, si realmente lo que se quiere es tener a la Guardia Nacional como un Ejército, con la misma jerarquía, equipo o algo distinto”.

Vela alertó que es sintomático que gobiernos estatales y municipales estén dispuestos a disponer recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional, para que se envíen tropas a sus localidades, aportando prestaciones y equipo que a sus policías les han negado.

• “Por lo pronto, lo que demuestran los datos es que el ideal de policía es un militar, eso lo vemos analizando las cabezas de seguridad de los estados y de todo el entramado burocrático, que de cada diez titulares de Seguridad Pública, cuatro son militares o marinos, esos nombramientos en aumento, demuestran que la expectativa no es sólo que la cabeza sea un militar, sino que la lógica militar va a permear en el resto de las instituciones”, consideró.

La presentación del documento que detalla la prevalencia el modelo militar en el país, fue presentado por Sandra Ley, una de las coautoras e investigadora de México Evalúa.

Gobierno de AMLO, el que más ha militarizado a México

La militarización de México comenzó hace al menos tres sexenios, sin embargo, se ha acelerado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con acuerdos y decretos para ampliar el poder militar, fuera de foros legislativos y del debate público, de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, una base de datos que documenta el incremento de la presencia castrense en el país, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta.

• El documento señala que la militarización no solo sucede con la seguridad pública. De hecho, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública, como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas.

A través de un complejo entramado de convenios, acuerdos, decretos y reformas —tanto constitucionales como legislativas—, se les transfieren múltiples funciones y presupuestos civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas, señala.

• Este inventario es una base de datos que busca documentar la militarización en México y contribuir a identificar y entender los mecanismos legales a través de los cuales sucede, los actores públicos que participan en estos procesos y los argumentos utilizados para justificar su actuación.

El Inventario registra cuatro mecanismos que las posibilitan: reformas constitucionales, reformas legislativas federales, acuerdos y decretos presidenciales; y convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.

Los hallazgos del Inventario Nacional de lo Militarizado

De acuerdo con la base de datos del Inventario, de 2006 a 2023 fueron presentadas 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso para transferir funciones o presupuestos civiles a alguna de las Fuerzas Armadas.

• El 77% se presentaron entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, es decir durante las últimas dos legislaturas que coinciden con el sexenio de López Obrador.

Morena es el partido político que ha presentado más iniciativas para aumentar las facultades de las fuerzas armadas, siendo responsable de 46% de las iniciativas presentadas.

• También destaca que, en total, se documentaron 19 acuerdos para crear empresas de participación estatal bajo control de las Fuerzas Armadas y les permiten participar en las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya.
• Otro mecanismo que posibilita que las fuerzas armadas reciban presupuesto y funciones civiles son los acuerdos y convenios firmados entre instituciones militares e instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno.

El Inventario registra que entre 2007 y 2022 hubo 258 convenios que transfirieron funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas: 222 convenios que transfirieron funciones civiles con sus respectivos presupuestos, 8 convenios con funciones civiles y sin presupuesto y, finalmente, 28 convenios que transfirieron presupuestos civiles para funciones militares. En estos casos, por ejemplo, hay entidades federativas que pagan a las fuerzas armadas para construir cuarteles militares u otra infraestructura militar.

• De 250 convenios en los que se les transfirió presupuesto civil a las fuerzas armadas, solo en la mitad de estos acuerdos y convenios fue posible determinar cuánto dinero civil se les transfirió a las fuerzas armadas.

Las organizaciones señalan que si bien esta transferencia de funciones y presupuestos ha sido un fenómeno transexenal, desde 2010 se observa un incremento constante de los convenios celebrados entre las autoridades civiles y las instituciones militares. De acuerdo con los datos analizados, este aumento alcanzó su punto máximo en 2019, año en el que se registraron 43 convenios.

• La Semarnat, Pemex y el SAT son las instituciones federales con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
• Por su parte, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México son las entidades federativas con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.

“Si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51”.

En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el 43% de los convenios federales transfirió alguna función civil que no era de seguridad pública a las instituciones militares; el porcentaje subió a 69% con Enrique Peña Nieto (2012-2018), y, en los cuatro años de López Obrador, subió a 83%.

Los convenios y acuerdos tienen problemas de forma y fondo

El Inventario revela que los convenios y acuerdos no siempre contienen el monto concreto de las transferencias a instituciones militares. También presentan deficiencias en cuanto a su vigencia, que no siempre queda clara, además, suelen mostrar una justificación jurídica pobre.

“Son mecanismos que facilitan la opacidad y dificultan la rendición de cuentas. Para conocer gran parte de las transferencias a instituciones militares llevadas a cabo con estos mecanismos, es necesario realizar solicitudes de acceso a la información a las autoridades que fueron parte del acuerdo o convenio”. Esto, como revela el propio Inventario, rara vez resulta en un acceso efectivo a la información.

La problemática de la militarización

Según el Inventario, la evidencia de años muestra que en labores de seguridad pública las fuerzas armadas no solo no han logrado contener la violencia, sino que han contribuido a su exacerbación, tanto de manera directa como indirecta.

En relación con las funciones de administración pública que ahora desempeñan, la evidencia que comienza a acumularse —dada la novedad de muchas de las funciones— muestra que usar a las fuerzas armadas en labores de administración pública conlleva riesgos importantes en términos de corrupción y abusos a los derechos humanos, particularmente los derechos laborales.

Además, señala que la militarización es un obstáculo para el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos.

“Más allá de lo que deben ser las funciones de las fuerzas armadas, hoy por hoy no son como cualquier otra institución civil. Son instituciones pensadas para la guerra, que tienen un régimen diferenciado. Y este no se ha modificado a pesar de que las funciones que desempeñan se alejan cada vez más de las funciones relacionadas con la guerra. En este sentido, el darles más funciones implica que más funciones del Estado quedan sujetas a este régimen especial. De manera más concreta: entre más funciones les damos a las fuerzas armadas, más funciones están exceptuadas del régimen de derechos, justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia”, advierte.

AMLO dice que ‘es de sabios cambiar de opinión’ sobre la militarización del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en mayo pasado que es de “sabios cambiar de opinión” con respecto al creciente rol del Ejército en tareas más allá de la seguridad pública y el aumento de su presupuesto durante su Gobierno (2018-2024).

• Cuestionado durante su conferencia matutina sobre una investigación de Bloomberg que asegura que las Fuerzas Armadas de México gastaron casi el 30% más de su asignación presupuestaria original y cómo se han utilizado estos recursos para proyectos de infraestructura, el mandatario negó haber prometido devolver al Ejército a sus cuarteles.
• “No creo yo que haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, no, es un dicho, según el cual es de sabios cambiar de opinión y, aunque no estoy del todo de acuerdo porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política en algunos casos lo que cuenta son los resultados”, justificó.

El gobernante respondió así a cuestionamientos sobre la investigación de Bloomberg que reveló que desde que asumió el cargo en diciembre de 2018 el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha aumentado en un 150%.

Además, el Ejército gastó, sin aprobación del Congreso, en otros rubros como el Tren Maya, la aerolínea Mexicana y ampliaciones de la presencia militar en el país.

• Esto contrasta con el discurso de López Obrador durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), cuando afirmó en su segunda campaña presidencial que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”.
• Ahora, el presidente defendió la importancia de las Fuerzas Armadas en su gobierno, pues aseveró que han ayudado “mucho” y enfatizó que son los “pilares” del Estado mexicano.

“Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad de crecimiento (y) en buena medida la creación de empleos, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, expuso.

• Afirmó que las Fuerzas Armadas “han ayudado mucho” con “bastante sacrificio” y aseguró que sus integrantes también sufren asesinatos, desapariciones y hay quienes pierden la vida mientras trabajan en las obras emblemáticas
• Durante el Gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas además de actuar en tareas de seguridad pública han participado en la construcción de las emblemáticas obras del mandatario, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Tabasco, y el Tren Maya.
• Según reformas aprobadas por el Congreso en 2022, las Fuerzas Armadas apoyarán en labores de seguridad pública hasta 2028, mientras que la Guardia Nacional, que nació como institución civil, estará formado por el Ejército mexicano.

Registra julio día más violento del mes

Con 87 asesinatos, el martes 23 de julio se convirtió en el día más violento del mes que en su recta final acumula mil 615 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 70 al día, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los estados con más muertes intencionales registradas ayer fueron Nuevo León, 12; Baja California, 11; Guanajuato, 7; Jalisco, 6; Sonora, 6; Chiapas, 5; Michoacán, 5, según cifras del conteo diario elaborado por la SSPC con base en los reportes de las fiscalías o procuradurías estatales.

• Al 23 de julio, le siguen el 2 de julio, 86 víctimas de homicidio doloso; 1 de julio, 85; 3 de julio, 83; 7 de julio, 81; 8 de julio, 80, como los días más violentos del mes.
• Hasta el 23 de julio se han cometido mil 615 asesinatos en el país, la mayoría en Guanajuato, con 209, y que acumula nueve días con más de diez homicidios dolosos en 24 horas, siendo el 3 de julio su día más violento en el que sumó 15 asesinatos.
• En segundo lugar se ubican Estado de México, 134 asesinatos; Jalisco, 121; Baja California, 110; Nuevo León, 106; Chihuahua, 100; Michoacán, 91.

México carece de elementos de seguridad para erradicar la violencia

A partir de que entró en funciones la Guardia Nacional el 1 de julio de 2019, hasta abril de 2024, han renunciado 17 mil 901 agentes.

• De acuerdo con EL UNIVERSAL, actualmente, la Guardia Nacional (GN), creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para responder a la criminalidad en el país, cuenta con 132 mil elementos, de acuerdo con el último reporte de la institución.

Según respuesta a una solicitud de información realizado por ese medio, la corporación refiere que el año con mayor número de efectivos que dejaron sus filas fue 2022, con 13 mil 432; 2021 con 2 mil 755; 2023, con mil 408; 2020, con 223; 2024, con 81, y 2019, con sólo dos.

• Las estadísticas de la Guardia Nacional detallan que el número de uniformados que solicitaron su baja en este periodo, entre navales y militares, fue de 9 mil 179. En ese mismo lapso los elementos que pertenecieron a la entonces Policía Federal (PF) y que transitaron a la GN y que presentaron su renuncia fueron 8 mil 722.
• Jonathan Maza, director de Estrategia e Inteligencia en Stratop Risk Consulting, empresa especializada en control de riesgos políticos y de seguridad, expresa que se trata de un fenómeno y circunstancias que no tienen claridad en el desarrollo institucional de la corporación.

“Es decir, hubo un esfuerzo titánico para crearla… porque se tuvo que hacer de la noche a la mañana por una orden presidencial básicamente y tenía una fecha de entrega”, remarca el también académico de la Universidad de las Américas Puebla.

Agrega que, en marzo de 2019, se publican las reformas constitucionales, pero hay un vacío jurídico que todos sabemos, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió sentencias.

“Pero la inestabilidad profesional, la expectativa que pudieran tener los cuadros militares, la forma de adiestrar de manera clara a los elementos… todo un proyecto de vida y de carrera para los elementos, son parte de una de las vulnerabilidades más importantes y claras actualmente de la institución”, remarca.

• El especialista en seguridad nacional e inteligencia estratégica precisa que tampoco hay una descripción certera en qué secretaría federal la GN va a permanecer, si con mando militar o mando civil: “Es el limbo jurídico y en la práctica es lo que no ha permitido su
  consolidación”.
• Sostiene que es acertado que se pretenda adscribir la Guardia Nacional a la Sedena y eso daría una certeza también para la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha aportado más elementos.

Por otro lado, les daría una estabilidad para el desarrollo institucional del reclutamiento, formación, adiestramiento de cuadros de guardias nacionales, a lo largo del tiempo.

• Además, generaría como implicaciones que quienes opten por elegir una vocación profesional de ser guardias nacionales, tendrían claridad que van a tener las prestaciones y seguridad social que ofrece el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“Expectativa salarial, seguridad para sus familias y no está consolidado… precisamente por todo este limbo en el que se encuentra la Guardia Nacional”, argumenta.

Por otra parte, dice que algunos son militares y marinos adscritos o prestados a la GN, es decir, fueron reclutados como soldados del Ejército o como marinos de la Armada de México y prestados.

• Hace unos días se dio a conocer que regresan más de 3 mil navales a la Secretaría de Marina [Semar], pero hay otras plazas, la secretaría va a dejar a personal que fue contratado en Marina para ser Guardia Nacional. En 2019 hubo personal que fue contratado por las secretarías para ser específicamente guardias nacionales”, asevera.
• Personal de la Guardia Nacional consultado por este diario y quienes omitieron su nombre, refieren que las renuncias de la Policía Federal obedecen a presiones de los altos mandos porque quieren terminar con el personal civil.

“Por ejemplo, a los que pertenecieron a la PF no les están pagando su salario como es el caso de elementos en Ixtlán del Río, Nayarit, donde los dieron de baja del servicio médico del ISSSTE”, refieren.

• Con relación a la renuncia del personal que pertenece a la Semar o Sedena indican que se debe a la falta de capacitación, por ejemplo, en aplicar una infracción se requiere una motivación y fundamentos, en ocasiones les cuesta trabajo por el desconocimiento de las leyes y reglamentos y deriva en problemas con el Ministerio Público.

Comentan que algunos elementos de la Marina renunciaron y se fueron a trabajar a Canadá por tener problemas con el MP al presentar anomalías en los dictámenes técnicos al no integrar bien la carpeta de investigación.

Hay déficit de policías municipales

En 12 entidades del país, equivalentes al 37.5% del territorio, la tasa de policías municipales en 2022 se ubicó por debajo de la media nacional, la cual fue de 107.4 uniformados por cada 100 mil habitantes Campeche, Zacatecas, Veracruz, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos e Hidalgo registraron las tasas de policías preventivos municipales más bajas, ubicándose por debajo del 98.6; en Nayarit y Chihuahua registraron tasas del 101.9 y 101.7 respectivamente.

• De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del INEGI, los estados de Guanajuato, Querétaro y el Estado de México se ubicaron apenas por encima de la media nacional.

Mientras que Oaxaca, Baja California Sur y Yucatán encabezaron tasas del 248.5, 188.6, 160.7. En total, ese año se contaron con 139 mil 795 policías preventivas.

Hombres a cargo

De los 2 mil 316 titulares que hasta el cierre de 2022 estaban a cargo de las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, más del 91%, con un total de 2 mil 110 se trataron de hombres, y el 8.8 por ciento restante, con 204 correspondieron a mujeres.

• Lo cual también se reflejó en las personas a cargo de las presidencias municipales y alcaldías de la ciudad de México, pues los mil 892 hombres en esos puestos representaron estuvieron el 77.0%, y las 563 mujeres presidentas o alcaldesas, abarcaron un 22.9 por ciento, una disminución del 0.9% en comparación con 2020.
• Lo mismo se reflejó en los titulares de la seguridad pública municipal, que en general entre 2020-2022 tuvo una reducción del 9.2% en el personal destinado a esa función, y de las 173 mil 407 personas servidoras públicas a cargo de la seguridad pública municipales 76.7% correspondió a hombres y 23.2%, a mujeres.

Aumentan enfrentamientos

Ese año los policías municipales participaron en 336 enfrentamientos. Si bien se trata de una disminución en comparación con los 881 y 711 enfrentamientos registrados en 2019 y 2020 respectivamente.

En comparación con los 139 enfrentamientos de 2021, los más de 300 choques significaron un incremento del 141.7 por ciento.

38 desaparecidos y casi 7 mil lesionados

Al cierre de 2022 un total de 38 elementos de las instituciones de seguridad pública municipal fueron reportados como desaparecidos y/o no localizados.

• La mayor cantidad de casos se focalizaron en Zacatecas, con siete casos; el Estado de México y Michoacán registraron cinco cada uno; en Jalisco y San Luis Potosí desaparecieron cuatro funcionarios.
• En Guanajuato sumaron tres; Oaxaca y Sonora, con dos respectivamente; y Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos con un caso cada uno. No obstante en 12 entidades no se reportó esta información.

En el mismo periodo, un total de 6 mil 878 de estos elementos resultó lesionado; mil 026 se jubilaron, y 15 mil 248 de estos funcionarios renunciaron. /Agencias-PUNTOporPUNTO

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