Estados Unidos aún separa a algunos niños inmigrantes de sus padres mientras los retiene tras cruzar la frontera, a pesar de las mejoras vistas en los centros de detención en Texas, asegura el informe final de un ente de monitoreo designado por el tribunal.
Este escrutinio de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas, el mayor que se ha realizado a la fecha, es parte de una supervisión más amplia ordenada por el tribunal, la cual ha sido criticada por el presidente electo Donald Trump y sus aliados.
En el informe, emitido el viernes según un acuerdo de monitoreo que comenzó en 2022, se presenta un panorama final de las condiciones en las instalaciones antes de la investidura de Trump.
- En el informe se indican mejoras en higiene, alimentación y atención médica, pero se encontró que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos separaban habitualmente a los niños de sus familiares adultos durante el tiempo que permanecían en custodia.
- A diferencia de las separaciones que ocurrieron bajo la política de tolerancia cero en la frontera durante el primer mandato de Trump, las mencionadas en el informe fueron temporales y, en ellas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no detuvo a los adultos mientras eran procesados penalmente ni se envió a los niños a refugios para menores.
En una instalación en Donna, Texas, en septiembre, los agentes «continuaron reteniendo habitualmente a los niños separados de sus padres o de adultos de confianza», indica el informe.
- Para noviembre, el ente de monitoreo calificó las visitas regulares entre familiares en la misma instalación como «alentadoras». Los trabajadores del centro dijeron que podían organizar visitas porque ya no estaba superpoblado.
La CBP indicó que emitió nuevas directrices sobre la unidad familiar y aumentó la capacitación sobre políticas, directrices y regulaciones de detención.
- «En los últimos dos años, la CBP ha emprendido medidas extensas para expandir y mejorar significativamente sus tareas de apoyo en alcance y escala para las personas bajo custodia, especialmente poblaciones vulnerables como los niños», afirmó la CBP.
Hacinamiento
Varios defensores de derechos humanos demandaron al gobierno de Trump en 2019, citando informes de niños bajo custodia federal donde se describía el hacinamiento en las instalaciones de la CBP en Texas, así como condiciones inseguras e insalubres. Ese año, casi 70 mil niños inmigrantes estuvieron bajo custodia federal, un número que excedía la capacidad de un estadio típico de la NFL.
Un acuerdo judicial de 2022 creó un sistema de monitoreo temporal que exigía que la CBP proporcionara atención médica y supervisión adecuadas. También exigía mantener a las familias unidas o permitir el contacto para aquellos que estaban separados en custodia.
- En el informe de la semana pasada se señaló que la atención médica mejoró en 2024, pero también se encontró reticencia a enviar a niños enfermos a un centro médico. En 2023, cuando la CBP luchaba con el hacinamiento, una niña de 8 años con problemas cardíacos murió mientras estaba detenida en Rio Grande Valley.
- El acuerdo de monitoreo termina el 29 de enero de 2025, más de una semana después del inicio del segundo mandato de Trump. Leecia Welch, directora adjunta de litigios en Children’s Rights, una asociación civil que representa a niños bajo custodia de la CBP según el acuerdo Flores, expresó preocupación sobre lo que sucederá con los niños sin la supervisión del acuerdo.
- «El informe destaca el papel crucial que desempeñan los entes de monitoreo independientes para mantener a los niños seguros, y muestra que la CBP está muy lejos de cumplir con sus obligaciones, y mucho menos que esté preparada para la autosupervisión», dijo Welch en un comunicado escrito.
La supervisión judicial de las instalaciones comenzó en 1997 bajo el denominado acuerdo Flores, en alusión a Jenny Flores, una niña de El Salvador que demandó al gobierno de Estados Unidos en la década de 1980. El acuerdo fue anulado parcialmente en junio, cuando el Departamento de Justicia argumentó que las nuevas salvaguardias lo harían innecesario.
Unos 1,360 menores siguen sin ver a sus padres tras separación forzosa
Más de 1,300 menores separados a la fuerza de sus padres en la frontera entre México y EU siguen sin reunirse con ellos seis años después, lo que representa casi una tercera parte de los que en ese momento sufrieron una de las medidas más radicales de la política migratoria del entonces presidente Donald Trump.
- Un informe hecho público conjuntamente por Human Rights Watch, la ONG Texas Civil Rights Project y un centro de derechos humanos de la Universidad de Yale cifra en 1,360 los menores que nunca han podido ver a sus padres en todo este tiempo, y critica que la rendición de cuenta por aquellos hechos haya sido “nula”.
- El informe equipara esa política llamada en su momento de ‘tolerancia cero’ con la desaparición forzada (por la negativa a los padres a revelar el paradero de sus hijos durante años) y con la tortura, por ser fruto de una política “deliberada” de agentes del Estado para “causar sufrimiento grave con fines indebidos”.
- Así, documenta casos concretos de funcionarios que practicaron las separaciones “como factor disuasorio para otras familias”, y de otros que intervinieron específicamente para mantener esa separación incluso cuando algunas agencias federales comenzaron a promover la reunificación familiar.
“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias -comenta Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de derechos de los menores de HRW- Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”.
- El informe reconoce que el Gobierno de Joe Biden ha tomado “medidas notables” para reparar en lo posible el daño infligido a las familias, como la concesión de permisos temporales a los padres para ingresar en EU, así como de permisos de trabajo, la incoación de casos de asilo y la prestación de servicios de salud mental, pero no ha habido rendición de cuentas de los responsables de aquellas políticas.
- Pero más preocupante es que varios de esos responsables están llamados a ejercer un importante papel en el próximo gobierno de Donald Trump, como Thomas Homan, nominado para ‘zar de la frontera’ o Stephen Miller, propuesto como subjefe de políticas internas y que fue considerado el verdadero arquitecto de la política antimigratoria más radical.
Por esa razón, el informe pide al Senado -del que dependen esos nombramientos- que rechace a estos candidatos específicamente. Sugiere además resarcir a las familias víctimas de esa separación forzada con “una rendición de cuentas pública, una disculpa y otras pedidas que incluyan posibles procesos penales”.
EU perdió la pista de 32.000 menores migrantes no acompañados
El Gobierno de Estados Unidos ha perdido la pista de más de 32.000 menores que llegaron al país no acompañados. No saben donde se encuentran, cuál es su estado y, lo que es peor, podrían estar expuestos a varios peligros, como el tráfico de menores para explotación sexual o laboral.
- Así lo ha reconocido en un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el que se revela que estos menores no han acudido a sus citas en los tribunales de inmigración.
- “Basado en nuestro trabajo de auditoría y según los funcionarios de ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés], los menores que no se presentan ante el tribunal corren mayor riesgo de trata, explotación o trabajo forzoso”, advierte el inspector general del DHS, Joseph Cuffari.
- Además, si no se presentan a sus audiencias el riesgo para ser deportados también es mayor. Cuffari califica la situación de “urgente” e insta al ICE a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estos menores.
Entre 2019 y 2023 un total de 448.000 menores no acompañados fueron custodiados y liberados por la Administración. El Departamento de Seguridad Nacional advierte de que el número de menores cuya ubicación se desconoce puede ser mucho mayor, ya que unos 290.000 que todavía no tienen una cita para acudir a los tribunales.
Inoperancia de la agencia de Inmigración
Fuentes cercanas a los procesos migratorios de estos menores explican que el problema es que hay falta de comunicación entre las agencias involucradas y que el ICE no actualiza los datos y no comunica las citas de los tribunales para dar seguimiento a sus procesos migratorios a las direcciones correctas.
Critican que en el control fronterizo trabajan muchos agentes heredados de la Administración de Donald Trump, que no apoyan que se concedan derechos a estos migrantes, por lo que dificultan el proceso para garantizarles la residencia en Estados Unidos.
“De este informe se desprende claramente que ICE no ha coordinado con otras agencias de manera efectiva ni ha completado ningún seguimiento para verificar la ubicación de los niños y el conocimiento de las fechas de la audiencia después de que los niños son liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”, afirma Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, una organización dedicada a dar apoyo legal a los menores.
“ICE tiene un historial de actuar de maneras que socavan los derechos y el debido proceso de los migrantes, incluso a través de errores en el papeleo que crean dificultades para los tribunales de inmigración y para las personas que intentan comprender sus fechas de audiencia y sus obligaciones de comparecer”, añade.
- El informe del DHS reconoce la falta de coordinación y de comunicación entre las agencias gubernamentales y critica la labor del ICE, responsable de los procesos migratorios de estos menores, por no haber iniciado los trámites en la mayoría de los casos. Como uno de los ejemplos, el escrito plasma que no se habían dado citas al 84% de los 41.000 menores que correspondían a una de las oficinas del ICE revisadas.
Cuando cruzan la frontera sin acompañante, los menores son recibidos por agentes fronterizos que los transfieren a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Los menores permanecen una media de 27 días bajo custodia de las autoridades estadounidenses antes de ser transferidos a su nuevo destino, generalmente con familiares, en muchos casos lejanos, que residen en el país y se hacen cargo de ellos. Los que no tienen familiares en Estados Unidos, son recogidos por familias o centros de acogida.
- Informes anteriores ya pusieron en evidencia que no siempre se comprueban los datos de las familias de acogida, lo que hace temer por el bienestar de los menores y el peligro de que acaben en redes de tráfico de personas o sean sometidos a algún tipo de explotación, ya sea sexual o laboral.
Por su parte, oficiales del ICE declararon durante la investigación que aunque descubrieran que los hogares de acogida no presentan las condiciones mínimas de seguridad para el menor, carecen de autoridad para actuar. Uno de los agentes mostró su preocupación por no haber podido hacer nada en uno de los casos monitoreados, en el que la mujer denunció que su marido estaba manteniendo relaciones inapropiadas con la menor acogida.
La amenaza de la deportación
El abogado especializado en inmigración, Álex Gálvez, afirma que a veces el motivo por el cual no acuden a la corte no es por desconocimiento de la fecha de su audiencia, sino por miedo.
“No se presentan porque los familiares no tienen recursos para contratar abogados o simplemente porque tienen miedo de que si se presentan a la corte van a deportar al menor y al tutor, porque generalmente los que reciben a los niños también son indocumentados”, explica.
- Un migrante menor no acompañado se define como un niño menor de 18 años que no tiene un estatus migratorio legal en los Estados Unidos y que no tiene un padre o tutor legal en el país.
- Las estadísticas muestran que el 70% de los menores no acompañados tienen entre 15 y 17 años, pero el porcentaje de niños entre 0 y 12 años ha aumentado un 4% desde 2018. “Muchos de estos niños han experimentado traumas graves y han sido sometidos a horrible explotación en el camino hacia la frontera”, afirman desde la organización Save the Children.
- Guatemala, Honduras y El Salvador son los países de origen de la mayor parte de los migrantes menores que cruzan la frontera sin acompañante. Estos países tienen algunas de las tasas de homicidio infantil más altas del mundo. Durante años, una crisis de violencia, guerras de pandillas y corrupción han llevado a niños y familias a huir del Triángulo Norte de Centroamérica y buscar seguridad y protección en Estados Unidos.
- La legislación concede a estos menores la posibilidad de recibir asilo en Estados Unidos, pero su no comparecencia ante los tribunales en los días de su audiencia pone en peligro la obtención de su permiso de residencia. Ya sea por temor o porque no recibieron la notificación en su domicilio, su ausencia aumenta el riesgo de ser deportados.
“Es fundamental que el gobierno responsabilice a ICE por este importante error y se centre en proteger el bienestar de los jóvenes que buscan seguridad, no que responda convirtiendo un error sistémico en la gestión del papeleo en una excusa para apresurar a los niños a iniciar procedimientos de deportación”, sostiene Aber. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
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