“No tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”. Así anunció Donald Trump en su discurso de toma de posesión una avalancha de decretos frente a la crisis migratoria y el combate al crimen organizado. Tras meses de advertencias, el republicano concretó sus amenazas contra México con una batería de medidas de mano dura, pero con pocas sorpresas.
“Esto ya ocurrió, no es algo nuevo”, afirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, al reseñar las acciones de la Casa Blanca contra la inmigración. Había, sin embargo, una excepción notable: la designación de los carteles como organizaciones terroristas. El cambio anticipa una nueva era en la guerra contra las drogas. Pone en manos de Trump un poder sin precedentes, mayor discrecionalidad y más armas para presionar a las autoridades mexicanas, en vilo por los riesgos a su soberanía y el impacto en todas las áreas críticas de la relación bilateral.
“Estamos ante un cambio de paradigma”, afirma Víctor Hernández, académico del Instituto Tecnológico de Monterrey. “Está cambiando para siempre la relación entre México y Estados Unidos”, asegura. Al sur de la frontera, la principal preocupación es que la designación de los carteles como terroristas abre la puerta a una intervención militar en territorio mexicano, bajo la excusa del combate al terrorismo.
No hay un consenso claro sobre el alcance de la amenaza y el carácter impredecible de Trump abona a la incertidumbre. La baraja de posibilidades que divide a políticos y especialistas va desde operaciones para capturar a los capos sin avisar a las autoridades mexicanas hasta una “invasión suave”. “Podría pasar, cosas más extrañas han pasado”, dijo el republicano sobre la posibilidad de una acción del Ejército estadounidense. No es sólo una nueva caja de herramientas, es una nueva caja de herramientas en manos de Trump y con efectos que pueden prolongarse mucho más allá de su presidencia.
“No le va a gustar a México”, delizó el republicano tras firmar el decreto. El tono de las declaraciones también ha detonado un debate sobre si será sólo un arma de negociación, parte del repertorio de bravuconerías del republicano, o si el peligro es real. Marco Rubio, el próximo jefe de la diplomacia estadounidense, aseguró la semana pasada que la intervención militar era una “opción” sobre la mesa del presidente, pero matizó que lo ideal era fortalecer la cooperación entre ambos países.
- Las implicaciones van más allá de la “invasión”. El decreto da nuevas herramientas a la Administración de Trump para estrechar el cerco sobre los grupos criminales, sobre todo para debilitar sus estructuras financieras. La orden ejecutiva se sostiene sobre otras medidas, entre ellas las que utilizó George W. Bush para lanzar “la guerra contra el terror” después del 11 de septiembre, que dan “más dientes” a las agencias estadounidenses para seguir el rastro del dinero y sancionar a quienes patrocinan a células terroristas. La primera consecuencia de la designación es la congelación de los activos de los carteles y su bloqueo del sistema bancario internacional, pero el mecanismo detona todo un aparato de medidas militares y judiciales.
En el papel, el golpe a las estructuras económicas y los esquemas contra el lavado de dinero es el efecto más positivo del cambio que impulsa Trump. Pero no está exento de problemas. Cualquier persona que trate, a sabiendas o no, con un narcotraficante puede ser acusada de vínculos con el terrorismo. Eso mete en la misma bolsa a instituciones financieras y fabricantes de armas, pero también a comerciantes obligados al pago de extorsiones o inmigrantes que paguen a un traficante para cruzar la frontera.
“Es una legislación mucho más agresiva, la lucha antinarcóticos está en la órbita de la seguridad pública, mientras que el combate contra el terrorismo es un asunto de seguridad nacional”, advierte Hernández. Las zonas grises entre los negocios legales e ilegales del narcotráfico dificultan su aplicación y, aunque Administraciones demócratas y republicanas tantearon la idea durante la última década, esas complicaciones y las dudas sobre su efectividad acabaron por disuadirlos.
Detenciones arbitrarias
El decreto da pie a detenciones arbitrarias bajo penas más severas y contra los eslabones más débiles de la cadena criminal. Hernández señala que el nuevo marco puede llevar a la captura de, por ejemplo, un trabajador sin papeles presionado para blanquear dinero del narco a través del envío de remesas ―un fenómeno ampliamente documentado―, pero arrojar pocas luces sobre quiénes realmente mueven los hilos. “Va a meter a mucha gente en la cárcel, pero dudo que realmente se avance en las labores de inteligencia”, apunta.
Otro aspecto problemático es qué es terrorismo y qué no lo es. La interpretación será exclusiva de Estados Unidos. “La designación de actores terroristas no está necesariamente vinculada al terrorismo en sí, obedece a las agendas y metas de las distintas Administraciones”, señala Mauricio Meschoulam, investigador de la Universidad Iberoamericana. Para Trump, los hutíes de Yemen son terroristas, pero para Joe Biden no lo fueron. Ahora, la atención está en los carteles y en pandillas como la Mara Salvatrucha.
- Meschoulam, que ha estudiado el fenómeno durante más de una década, comenta que la lucha antiterrorista amplía los márgenes de discrecionalidad de las agencias estadounidenses y reduce la carga de prueba para actuar, bajo el argumento de que la prevención es crucial y de que cuando sucede un ataque terrorista ya es demasiado tarde.
“Basta con una sospecha plausible de que alguien está pensando o planeando un atentado para espiar, intervenir sus teléfonos o sus casas”, comenta el académico. En los 10 años que siguieron a los atentados de 2001, las sentencias por terrorismo en Estados Unidos aumentaron ocho veces en comparación con la década anterior, según un estudio de la cadena NBC, al tiempo que Human Rights Watch documentó decenas de casos con irregularidades.
- El decreto también marca un punto de inflexión en el discurso contra las drogas y la crisis migratoria. Trump acusa a los carteles de infundir el “terror” a través de asesinatos y violaciones, pero también al “invadir” su país con sustancias e inmigrantes y socavar a las autoridades mexicanas. “En algunas zonas de México funcionan como entidades cuasigubernamentales, que controlan casi todos los aspectos de la sociedad”, acusa en el texto.
Trump no habla de la epidemia de narcóticos ni de las víctimas del narco en todo el decreto, pero sí menciona el “terror” en una decena de ocasiones y la vulneración de sus intereses nacionales. Es una nueva guerra, que justifica otro tipo de medidas. “Es una doble militarización”, afirma Hernández: una de la frontera y otra contra el tráfico de drogas. El Pentágono, con un presupuesto anual de más de 824.000 millones de dólares, ocupará un papel mucho más preponderante en este nuevo paradigma. Esta semana se anunció el despliegue de 1.500 soldados estadounidenses en la frontera.
- El decreto contra los carteles es solo el comienzo. El texto establece un plazo de 14 días para que Rubio formule una recomendación sobre qué grupos serán nombrados como terroristas, el primer paso para colocar al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación al nivel de ISIS o los talibanes. El secretario de Estado debe entregar un informe de inteligencia y notificar al Congreso, controlado por los republicanos, que tiene siete días para revisar la solicitud.
Las leyes dan otros 30 días para que las organizaciones recurran la decisión, lo que es poco probable porque los capos no suelen presentarse públicamente como líderes de sus organizaciones. “Va a tomar tiempo, aunque el proceso avanzará con velocidad”, reseña Meschoulam. “Pero Trump ya generó los efectos políticos que buscaba, proyecta que está haciendo algo y la conversación gira en torno a él”.
También fortalece su posición frente a México. Antes de sentarse a negociar el futuro de la cooperación en Seguridad, ya ha desvelado una serie de advertencias sobre sus vecinos. “Cuando todo está sobre la mesa no se puede descartar nada”, señala Meschoulam. El mensaje, según el especialista, es que el Gobierno de Sheinbaum puede aceptar el diagnóstico y alinearse o atenerse a las consecuencias.
La presidenta ha evitado hablar de una intervención militar, pero ha insistido en su interés de mantener la colaboración, mientras no se vulnere la soberanía mexicana. Con desacuerdos evidentes, la negociación se dará, además, mientras otras áreas de la relación están bajo asedio, en medio de amenazas de una guerra arancelaria y deportaciones masivas, y ante la posibilidad de una radicalización del crimen organizado en represalia.
- Pese a tener índices de aprobación por encima del 70% en las encuestas, la crisis de violencia ha sido uno de los puntos más cuestionados del Gobierno de Sheinbaum, que arrancó en octubre. El regreso del republicano provocó una reacción mayoritaria de unidad nacional, aunque la designación de los carteles ha sido abrazada por algunos sectores de la oposición, entre nociones de que se necesita un cambio en la estrategia de seguridad e intentos de sacar raja política.
“El PRI no negocia con criminales ni con terroristas”, se leía en una publicidad del partido opositor. Es una apuesta que les ha acarreado críticas, pero también una muestra de la omnipresencia política de Trump.
“Nosotros creemos que no ayuda”, sostuvo Sheinbaum, que comisionó a un equipo de especialistas el análisis de las implicaciones. Con antecedentes como Siria, Iraq y Afganistán, los especialistas también dudan sobre la efectividad en el terreno del nuevo paradigma, un giro tras cinco décadas de lucha contra el narcotráfico. “El combate contra el terror y contra las drogas es una guerra contra ideas, contra un mercado, y nunca en la historia de la humanidad hemos logrado destruir ni una idea ni un mercado”, concluye Hernández.
¿Qué es la lista de «organizaciones terroristas» y por qué incluir los carteles y el Tren de Aragua ahora?
¿Qué es la lista de «organizaciones terroristas» y por qué incluir los carteles y el Tren de Aragua ahora?
Una ley de 1996 le posibilitó a EE.UU. crear una lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y establecer mecanismos de persecución y sanciones específicas para las entidades incluidas en ella.
- La gestiona el Departamento de Estado, y hoy por hoy la integran 75 grupos y personas físicas, que van desde las yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico, pasando por la palestina Hamás, hasta las FARC y el ELN en Colombia y Sendero Luminoso en Perú.
- Para ser designadas como tales, las entidades deben cumplir tres criterios: ser extranjeras, participar en actos de terrorismo o tener la intención de hacerlo, y ser «una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de EE.UU.».
La idea de sumar el Tren de Aragua y la MS13 al inventario es más reciente, pero en el caso de los carteles lleva años sobre la mesa, a pesar de que —a falta de un objetivo político o ideológico y con el lucro como fin último— no encajen en la descripción tradicional de grupos terroristas.
El Congreso lo propuso en 2011, sin éxito, después de la muerte de dos estadounidenses a manos de grupos del narco. E hizo otro intento en 2019, tras el asesinato de nueve miembros de la familia mormona LeBaron, mujeres y niños con doble nacionalidad, en una zona del norte de México fronteriza con EE.UU.
El demócrata Barack Obama ya lo barajó cuando fue presidente y Trump lo empujó durante su primer mandato.
Pero ha sido en los últimos años, cuando las muertes por fentanilo —una de las drogas que trafican los carteles a través de la frontera— se empezaron a contar por decenas de miles, cuando la idea ha ido ganando apoyo.
- En septiembre de 2022, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott emitió una órden ejecutiva con ese objetivo y dio instrucciones al Departamento de Seguridad Pública del estado que multiplicara sus esfuerzos para proteger a los texanos de la «crisis del fentanilo».
- Al año, 21 fiscales generales republicanos le pidieron al entonces presidente, Joe Biden, que ordenara la inclusión de las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico en el listado.
Los carteles «han matado más estadounidenses que cualquier organización terrorista del mundo», dijo el pasado noviembre Tom Homan, el «zar de la frontera» de la nueva administración.
Y aseguró que Trump estaba «comprometido a nombrarlos organizaciones terroristas y a utilizar todo el poder de las Operaciones Especiales de EE.UU. para eliminarlos».
Tanto es así, que decidió asumir la tarea el mismo día que estrenaba mandato.
¿La órden ejecutiva de Trump los vuelve automáticamente «organizaciones terroristas»?
No. Esa decisión la toma el Departamento de Estado, después de haber consultado con otras agencias del gobierno federal y haber comprobado que es compatible con el marco legal.
«Después de las consultas, el Departamento puede llegar y decir que los grupos propuestos no cumplen con los criterios legales», le dice Jason Zablakis, quien supervisó dicho proceso de designación en la Oficina de Contraterrorismo (CT) del Departamento de Estado entre 2008 y 2018, a BBC Mundo.
«Es un proceso que puede tomar meses si se hace de forma correcta», subraya el ahora profesor, quien dirige el Centro sobre Terrorismo, Extremismo y Contraterrorismo (CTEC) del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, con sede en Monterey, California.
- Existe la dificultad añadida de que en la órden ejecutiva de Trump no se especifica qué carteles incluir en la lista, sino que se pide al secretario de Estado que proponga los nombres. Y se suman otros dos grupos que revisar, el Tren de Aragua y la MS13.
- Aun así, Trump le ha dado al Departamento de Estado 14 días para que emita una recomendación respecto a todos ellos.
Si finalmente se designan como tales, ¿qué cambios implicaría en su combate?
Los expertos subrayan que EE.UU. hoy por hoy ya tiene distintos marcos legales para perseguir a los grupos incluidos en la orden ejecutiva de Trump.
En el caso del Tren de Aragua, y tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional que identificaba a presuntos miembros en 16 estados del país, Biden la sumó recientemente a la lista de «organizaciones criminales transnacionales», a la que ya pertenecía la MS13.
Para combatir las organizaciones mexicanas que controlan el tráfico de drogas, el gobierno estadounidense ha utilizado de forma constante la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros de 1999, más conocida como la «ley de capos» (Kingpin Act).
Su propósito es negar a aquellos que son considerados figuras de peso en el tráfico internacional de estupefacientes, a sus empresas y sus agentes el acceso al sistema financiero de EE.UU., así como la posibilidad de hacer negocios con compañías y ciudadanos estadounidenses.
De la misma manera, los principales efectos de estar en la lista de «grupos terroristas extranjeros» serían financieros, ya que la designación facilita a EE.UU. el bloqueo de flujos de capital y el combate al blanqueo de activos.
- En ese sentido, «las consecuencias jurídicas de la ‘ley de capos’ no difieren sustancialmente de las de la designación de una ‘organización terrorista extranjera'», apunta en un análisis sobre el tema María Calderón, del Instituto México del Wilson Center, un centro de estudios no partidario con sede en Washington.
- Aunque la nueva herramienta podría ampliar la capacidad del gobierno para perseguir a aquellos que les proporcionen servicios o «apoyo material», matiza Calderón en su reporte, publicado en febrero del año pasado y titulado Mexican Cartels and the FTO debate («Los carteles mexicanos y el debate de las organizaciones terroristas extranjeras»). Algo que también señala Blazakis.
Esto podría ser castigado con multas o con penas de hasta 20 años de prisión, o incluso la cadena perpetua si hay una muerte de por medio. Aunque no está claro cómo se aplicaría, por ejemplo, a vendedores de drogas en EE.UU. cuyos clientes mueran por sobredosis.
«(De ocurrir) va cambiar la manera en la que los agentes estadounidenses arman sus casos contra los carteles, porque antes tenían que justificar una amenaza a un ciudadano estadounidense, mientras que ahora cualquier vínculo al grupo ya es motivo de investigación», le dice a BBC Mundo Ioan Grillo, un periodista inglés que lleva 24 años cubriendo la violencia en México.
«Mucha gente puede entrar al pliego de sospechas de los agentes, y esto tiene consecuencias quizá no deseadas, como ir detrás de gente que fabrica armas en Estados Unidos, y gente que quiere aplicar a asilo en EEUU.», añade.
Y es que la designación establece que el ingreso de cualquier extranjero que «apoye, represente, entrene o sea miembro» de una «organización terrorista extranjera» es inadmisible y que, en ciertas circunstancias, puede ser expulsado del país, una medida que también se aplicaría a su familia.
«Pero las ventajas de una potencial nueva denominación son mínimas, porque en última instancia muchas de estas medidas ya hoy se pueden tomar contra estas organizaciones», reitera Blazakis.
¿Abre la puerta a una eventual operación militar de EE.UU. en territorio mexicano?
Mientras Trump firmaba órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el lunes, un periodista le preguntó si la designación de los carteles como «organizaciones terroristas» allanaba el camino para una operación militar de EE.UU. en México.
«Es posible. Cosas más raras se han visto», le contestó el mandatario.
«No abre en ese sentido ninguna avenida que no existiera ya», le dice Blazakis a BBC Mundo.
«No garantiza una intervención militar, pero se acerca», opina por su parte Grillo.
«Más que sentar las bases de una intervención en suelo mexicano, la implicación de esto es sobre las empresas que tienen vínculos con los carteles», señala Guadalupe Correa-Cabrera, una profesora de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, que ha estudiado durante años las causas de la violencia en México.
«Se van a cancelar visas, se van a cancelar cuentas, pero para que haya una injerencia mayor en México tienen que pasar por muchas más instancias legales en EE.UU. No basta con una orden ejecutiva», le responde la investigadora a BBC Mundo.
- Desde una perspectiva jurídica, la designación no facilita la incursión militar de EE.UU. en territorio mexicano. Sin embargo, algunos analistas apuntan a que podría servir como trampolín político hacia ello, al ayudar a construir una justificación.
«No hay nada en el lenguaje legal de una designación como «organización terrorista» que autorice cualquier tipo de acción militar», le dijo a Reuters Elisabeth Malkin, subdirectora de programas para América Latina de International Crisis Group. «Pero podría cambiar la mentalidad en Washington».
En respuesta a unas preguntas enviadas por esa misma agencia, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, dijo en un comunicado que «más allá de las herramientas adicionales que esta designación proporciona al presidente Trump y su administración, envía un mensaje claro a los carteles que amenazan a los ciudadanos estadounidenses».
¿Cómo ha reaccionado México?
«Todos queremos combatir a los carteles de la droga», dejó claro la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al día siguiente de que su homólogo estadounidense firmara la orden ejecutiva.
Pero «ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio», subrayó, y recordó que el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apostó por privilegiar la cooperación.
- Los partidos de oposición también cerraron filas con el oficialismo en este tema. El conservador PAN, la formación opositora mayoritaria, rechazó cualquier posibilidad de «intervencionismo extranjero».
Sin embargo, los expertos no dudan que la designación aumentará la presión para que el gobierno de Sheinbaum —con el discurso de afrontar el problema mediante las ayudas sociales y atendiendo la desigualdad— obtenga resultados en política antidrogas que sean medibles en los términos de la administración Trump.
- Lo hará en un contexto en el que en el estado norteño de Sinaloa se libra desde hace meses una guerra entre las dos facciones del Cartel de Sinaloa. El desencadenante fue el arresto en julio por parte de EE.UU. de uno de los jefes de la organización, Ismael «El Mayo» Zambada, en El Paso, Texas.
- Y en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre ambos países se adivinan tensas, no solo en el tema de la seguridad binacional, también en el migratorio y comercial, por las medidas relacionadas con la frontera y los aranceles a las que Trump ya dio luz verde.
«Si realmente se va a luchar contra los carteles de manera efectiva, tiene que ser un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México, y creo que la designación del cartel envenenará las voluntades y dificultará hacerlo», subraya Blazakis./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://drive.google.com/file/d/1VbC9cyfBmOblEIHnoo5eLc8eDFrxHuY4/view?usp=drivesdk
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