La Universidad de las Américas Puebla dio a conocer el Índice Global de Impunidad México 2022, que se publica anualmente desde 2015 con el fin de de poner atención en los problemas estructurales y el funcionamiento de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos entre los gobiernos estatales.
“México necesita reducir sus altos niveles de impunidad y esto requiere de construir mejores capacidades institucionales (…) Tanto el Gobierno federal como las autoridades estatales deben invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de sus instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia”, destaca el informe.
Éstos son los diez estados con mayor índice de impunidad
- Estado de México: 74.55 por ciento
- Baja California 69.84 por ciento
- Veracruz 65.56 por ciento
- Puebla 63.90 por ciento
- Querétaro 63.65 por ciento
- Jalisco 63.40 por ciento
- Sinaloa 63.59 por ciento
- Aguascalientes: 62.29 por ciento
- Chiapas: 62.07 por ciento
- Michoacán: 61.99 por ciento
Edomex, entidad sin ley
Como se observa en la lista anterior, con 74.55 puntos de impunidad, el Estado de México tiene el puntaje más alto del Índice Global de Impunidad México 2022.
El informe indica que se registran 2 mil ocho presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes, cuando el promedio a nivel nacional es de mil 432.
- La entidad cuenta con menos del 0.05 por ciento del personal en áreas encargadas para la protección de derechos humanos, y con la mitad del promedio nacional en personal en las procuradurías/fiscalías por cada cien mil habitantes
- El reporte indica que el número de víctimas registradas en las investigaciones y carpetas abiertas por el ministerio público es de 354 mil 155, cuando el promedio nacional es de 62 mil 549.
“El Estado de México también presenta problemas estructurales en el diseño y existencia de capacidades institucionales para las políticas de seguridad: posee pocas agencias especializadas y poco personal destinado a funciones de seguridad pública. Finalmente, es el estado con el promedio más alto con respecto al componente del sistema de justicia”.
Los únicos dos estados que redujeron considerablemente su posición dentro de la tabla de impunidad fueron:
- Baja California Sur
- Coahuila
Tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México
En otro informe, pero esta vez presentado por el centro de análisis México Evalúa, revela que solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano.
- El reporte advierte además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.
- En el informe “Hallazgos 2021” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).
Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9 por ciento), la extorsión (98.2 por ciento), la violencia familiar (97.1 por ciento) y el homicidio doloso (96.9 por ciento) son los de mayor incidencia en el país.
- Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 por ciento de los delitos investigados en el país queden impunes.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07 por ciento con respecto a 2020.
- De ese presupuesto, el 50 por ciento se destinó a seguridad pública, 26 por ciento a las fiscalías, 22 por ciento a los poderes judiciales, 2 por ciento a las defensorías y apenas 0.43 por ciento a las comisiones de atención a víctimas.
Aunado a ello, resalta que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.
- En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29 por ciento del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
- Y es justo la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa tras la presentación del informe.
Debilidad e impunidad hacen que violencia gane en México
Luego de que el fin de semana del 14 al 16 de octubre los homicidios dolosos sumaron 283 víctimas y ya representa la mayor cifra de asesinatos registrados en el país en lo que va del año, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que si la violencia está ganando terreno, es porque el Estado Mexicano está mostrando señales muy graves de debilidad, improvisación y que derivan en impunidad.
- El organismo que dirige José Medina Mora condenó los hechos de violencia ocurridos en Irapuato, Guanajuato, donde se registró un total de 12 personas asesinadas, y mostraron su solidaridad con las familias de las víctimas de la violencia que existe en todo el país, al tiempo que exigieron a las autoridades eficacia y una verdadera estrategia de seguridad.
“Si la violencia está ganando terreno, es porque el Estado Mexicano está mostrando señales graves de debilidad e improvisación que derivan en impunidad. Esto debe revertirse. Es inadmisible que la violencia en nuestro país crezca al amparo de la impunidad, inacción y falta de coordinación de los gobiernos y las corporaciones de policía y seguridad federales, estatales y municipales”, aseveró.
- Refirió que de acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, así como de la Fiscalía General de la República, los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, alcanzaron el mayor número de muertes al registrar 32, 31 y 30 homicidios dolosos, respectivamente, seguidos del Estado de México, con 26 y Nuevo León, con 24, sólo en tres días.
“Sabemos que si bien habrá que esperar a la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los reportes preliminares hacen evidente la escalada de violencia que se vive en el país, que en los primeros 16 días de octubre suma ya mil 255 víctimas de homicidio doloso, con un promedio diario de 78.4 muertes”, resaltó la Coparmex.
- Ante eso, insistió en la urgencia de que se ajuste la estrategia de seguridad, que ponga al centro a las personas y su dignidad; “una estrategia que parta de la prevención del delito, que fortalezca con personal, equipamiento, capacitación y capacidades a las corporaciones policiales, que se les dote de recursos económicos necesarios y que se fortalezca el sistema de procuración de justicia”.
“México y las familias no pueden esperar más. Las autoridades deben cumplir, sin mayor demora, su deber constitucional de proveer seguridad a la ciudadanía. Es imperativo que regrese la paz a todos los rincones de la nación y se generen así las condiciones de seguridad necesarias para el sano desarrollo de las actividades económicas y sociales”, concluyó en un documento la Coparmex./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
igi-mex-2022-udlap10
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