El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este jueves los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F), 2024, los cuales arrojaron datos sobre un importante incremento de la población carcelaria a comparación del año 2022.
- Los CNSIPEE-F ofrecen información sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios federales (CPF), así como de los centros penitenciarios estatales y centros especializados en cada entidad federativa, específicamente, en la función de sistema penitenciario.
- De acuerdo a estos censos, el INEGI determinó que al cierre del año 2023, en las cárceles de México había 233 mil 277 personas privadas de su libertad, de las cuales el 94.3 por ciento son hombres, y 5.7 mujeres. Esto significa que, respecto al año 2022, la población carcelaria creció un 3.2 por ciento.
En promedio, 37.3 por ciento de las personas privadas de la libertad/internadas en 2023 no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 46.9 por ciento y para los hombres, de 36.7 por ciento.
- Además, durante el 2023, 147 mil 802 personas ingresaron a los centros penitenciarios y centros especializados, lo que significa que al comparar con 2022, el total de personas ingresadas aumentó un 6.7 por ciento.
- Sobre la infraestructura penitenciara nacional, al cierre del 2023 se contaban con 331 centros: 14 centros penitenciarios federales (CPF), 266 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados.
En el mismo periodo, se reportó una capacidad instalada total de 229 mil 32 espacios para las personas privadas de la libertad: 28 mil 520 estaban en los CPF; 194 mil 261, en los centros penitenciarios estatales y 6 mil 251 se encontraban en los centros especializados.
Al considerar a las personas privadas de la libertad según los espacios disponibles, se reportó una tasa de ocupación de 73.1 por ciento en los CPF y de 105.9 por ciento en los centros penitenciarios estatales y centros especializados.
Al comparar con 2022, la tasa de ocupación de los CPF aumentó 6.6 puntos y para los centros penitenciarios estatales y centros especializados, disminuyó 1.1 puntos.
Población privada de su libertad sin sentencia: la mayoría son mujeres
- Un dato muy importante es que en 2023, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 44. 3 por ciento se encontró en prisión preventiva oficiosa; 32.05 por ciento, en prisión preventiva justificada; 3.5 por ciento, en otro supuesto jurídico y para 19.7 por ciento no se identificó el tipo de estatus jurídico.
- Lo que significa que 86 mil 984 personas se encontraban sin sentencia, 17 mil 202 tenían sentencia no definitiva y 125 281 contaron con sentencia definitiva. Esto implica que 37.3 por ciento de la población encarcelada no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 46.9 por ciento y para los hombres, de 36.7 por ciento.
Sobre el tiempo en espera de sentencia para las personas privadas de la libertad, 21.1 por ciento de los hombres y 22.2 por ciento de las mujeres han esperado de 6 hasta menos de 12 meses por su sentencia.
- Del crimen que más cometieron las personas privadas de su libertad en los CPF, el secuestro fue el más común; en los centros penitenciaros estatales y centros especializados, el robo es el crimen más cometido.
- Sobre el presupuesto a estos centros, el INEGI indicó que del 2022 al 2023 hubo una reducción de éste de un 8.1 por ciento, dejando el recurso monetario para las cárceles en 43 millones 553 mil 993 pesos.
Cárceles, entre el autogobierno y la corrupción
Corrupción, segregación, control del crimen organizado, drogadicción, suicidios, fugas, homicidios, son algunos de los efectos que ha tenido el abandono histórico de las prisiones en México. “Todo ello ha venido a mostrar la fragilidad de las instituciones penitenciarias en su conjunto para hacerle frente a delitos cada vez más serios y complejos, que demandan competencias profesionales”, advierte la doctora en antropología social y psicoanalista Elena Azaola Garrido.
- La experta señala que la crisis del sistema penitenciario nacional ha costado la vida de funcionarios y custodios, así como de internos. De estos últimos, indica, además de estar privados de su libertad en virtud de los procesos que enfrentan o las sentencias dictadas por el Poder Judicial, en los hechos, viven bajo el yugo de poderes extralegales, en referencia al llamado autogobierno que reina en algunas de las cárceles.
El 90 por ciento de la población en prisiones es pobre. México ocupa el sexto lugar en población penitenciaria, después de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, Irak; y hay 180 presos por cada 100 mil habitantes y en algunas prisiones el problema es sobrecupo, escasez de custodios, personal y de presupuesto federal o local.
- El 44 por ciento de las mujeres están sin sentencias y el 40 por ciento de los hombres no tienen sentencia, pese a que la Constitución dice que en este país no puede haber penas de por vida porque el fin de la pena es la readaptación o la reinserción social. “Ésas son las cosas que tendrían que revisarse en los códigos penales y poner un límite máximo, porque nadie debería recibir una pena mayor”, apunta Azaola Garrido.
- De acuerdo con los Cuadernos Penitenciarios –que cada mes publica el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)–, México cuenta con 298 centros penitenciarios: 279 estatales, dos municipales y 17 federales, con una población de 228 mil 530 internos (94.39 por ciento hombres y 5.61 por ciento, mujeres).
- En 2022, el 36.1 de la población privada de la libertad tenía entre 30 y 39 años de edad. En la desagregación por sexo, 36.1 por ciento de la población de hombres y 35.8 de la población de mujeres se encuentra en ese rango de edad. Sin embargo, en un rango de 18 a 29 años de edad la población de mujeres es mayor a la de hombres.
Sólo 40 por ciento de las mujeres se encuentra en un penal femenil mientras que el resto se halla interna en establecimientos mixtos, lo que las coloca en una situación de desventaja. De igual modo, mientras que 50 por ciento de las mujeres se encuentran en prisión preventiva, 40 por ciento de los varones se encuentran en esta situación, lo que significa que la justicia es más lenta para las mujeres, indica Azaola Garrido experta en instituciones policiales y penitenciarias y delincuencia juvenil.
Casi 500 niños viven con sus madres en diferentes centros penitenciarios y comparten con ellas las mismas carencias y dificultades. El 87.08 por ciento de la población penitenciaria es del fuero común y 12.92 por ciento del fuero federal.
- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los centros federales poco más de la mitad de la población interna son reincidentes y sólo 6 por ciento participa en actividades laborales.
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que el consumo de drogas de la población penitenciaria supera el 50 por ciento de los internos.
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad del (ENPOL) del Inegi 2021, las cárceles con niveles más altos de corrupción en el país son de Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
Otros datos de la misma Encuesta señalan que 32por ciento de la población penitenciaria se siente insegura en el centro donde se encuentra; 25 por ciento aceptó declararse culpable debido a que lo amenazaron y 57 por ciento recibió golpes, tortura o malos tratos al momento de su detención.
El delito principal por el que las personas se hallan en prisión es por daños patrimoniales, como el robo, que representa el 39 por ciento del total de los delitos que se cometen.
En promedio, diariamente muere de manera violenta una persona en los centros penitenciarios del país. Sin embargo, durante los últimos años, también ha habido incidentes violentos con múltiples víctimas; entre ellos: 70 heridos en el penal de La Toma, Veracruz, en 2018. Entre marzo y agosto de 2020 se han registrado 20 incidentes violentos en las prisiones.
Aun cuando existen problemas similares que afectan a la mayoría de los establecimientos penitenciarios, en realidad las circunstancias específicas varían de una entidad a otra ya que cada Estado cuenta con autonomía para operar sus centros penitenciarios.
- Ello, a pesar de que a partir de 2016 fue aprobada la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ha entrado en vigor en las entidades y debería dar lugar a la creación de normas y protocolos de actuación uniformes para todas las prisiones del país.
- Mediante esta ley, los jueces de ejecución de la pena tienen atribuciones para recibir quejas de las personas privadas de la libertad y emitir resoluciones para que sus derechos sean respetados en las prisiones.
Esto implica que la ejecución de las sanciones penales deja de ser sólo una responsabilidad de los centros penitenciarios, es decir, del Poder Ejecutivo, y pasa a ser también una responsabilidad del Poder Judicial. Asimismo, es importante hacer notar las diferencias que existen entre las prisiones estatales y las federales.
De manera general podríamos decir que lo que distingue a las primeras es, en muchos casos, la presencia débil e inclusive la ausencia de control por parte del Estado, mientras que en las segundas hay un control excesivo, que no siempre se justifica, por parte del Estado, señala Azaola Garrido, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Señala que la falta de control por parte del Estado en los centros estatales queda de manifiesto en las Recomendaciones y diagnósticos de la CNDH, en los que destaca que 60 por ciento de los centros penitenciarios del país se encuentran en mayor o menor medida en manos de grupos criminales, dado que las autoridades carecen de la capacidad para someterlos a su control.
Lo contrario puede decirse respecto de los centros federales. En éstos, la población penitenciaria está halla sometida a un estricto control en el que prevalece el régimen de aislamiento que suele aplicarse en las prisiones de máxima seguridad, no obstante que apenas una mínima parte de la población que albergan estos centros cumple con el perfil para ser sometidos a dicho régimen.
Una de las razones por las que ello ocurre es la falta de personal, ya que el control se facilita al mantener aislados a los internos. Esto, sin tomar en cuenta los severos daños que este régimen es capaz de producir. La mayoría de los problemas que afectan a los centros penitenciarios, así como a las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, son bien conocidos.
- Una tercera parte de los centros penitenciarios cuenta con una población que excede su capacidad y que vive en instalaciones con espacios insuficientes y que carecen de mantenimiento.
- Ello provoca hacinamiento y la falta de todo tipo de servicios, generando condiciones de vida indignas e infrahumanas.
- En el país 132 centros penitenciarios tienen una sobrepoblación que excede hasta en 300 por ciento su capacidad. Encabezan la lista Estado de México, Sonora, Puebla, Morelos, Durango, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Guanajuato y Quintana Roo.
Los servicios más elementales que hacen posible la sobrevivencia, como son la provisión de agua potable, alimentos, servicios de salud y medicinas, son muy escasos y de mala calidad en los establecimientos penitenciarios por lo que la provisión de estos bienes recae en buena parte en las familias, quienes asumen costos y responsabilidades que competen al Estado.
No obstante que la Constitución establece al trabajo, educación, capacitación para el trabajo, cultura y deporte como bases para la reinserción social, sólo una mínima parte de la población penitenciaria tiene acceso a estos derechos. La mayoría asiste a cursos y talleres de todo tipo y se dedica a la elaboración de productos artesanales como una forma de autoempleo que depende de la familia para su venta, así como para la adquisición de las materias primas.
- La salud de quienes ingresan a prisión suele verse rápidamente deteriorada. Entre los padecimientos más comunes se encuentran: vértigo, disminución de la capacidad visual y olfativa, pérdida de energía, trastornos digestivos, enfermedades dermatológicas y dentales, así como trastornos auditivos. El riesgo de suicidio y el contagio de enfermedades infecciosas se elevan hasta 10 veces por encima de los que se observan en la población en general.
Hay que añadir los prejuicios, la indiferencia, el abandono y el estigma con el que cargan tanto las personas que han estado en prisión, así como sus familiares, lo que dificulta y compromete sus posibilidades reales de reinserción social.
Centros con participación de la iniciativa privada
Durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón (2006–2012), en el marco de la supuesta “guerra contra las drogas” –cuando en la Secretaría de Seguridad Pública estaba en manos de Genaro García Luna, juzgado en Estados Unidos y encontrado culpable de narcotráfico– se consideró que era necesario construir nuevos centros federales para albergar a lo que se suponía sería una creciente población del fuero federal.
De este modo, mientras que al inicio de dicho régimen se contaba con tres centros federales, al final se contaba con 13, y hoy en día hay 17. Para Elena Azaola, ese modelo se caracteriza por la imposición de un régimen de control, de aislamiento y de represión excesivos que resulta violatorio de los derechos de las personas privadas de libertad tanto en términos de nuestras leyes, así como de los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia.
Hoy en día, de los 17 centros federales, ocho cuentan con participación de la iniciativa privada y se les denomina CPS, lo que significa que se rigen mediante un contrato de prestación de servicios. Estos centros fueron construidos y son administrados por empresas como ICA, Prodemex, IGA, Tradeco, Carso y Homex. Y ante los sobrecostos, el gobierno federal actual renegoció los contratos para generar ahorros por más de 40 mil millones de pesos.
- En esos centros administrados por empresas privadas hay restricciones que impone su diseño arquitectónico. Ello debido a la gran extensión de superficie construida, al número de edificios y a la distancia que hay que recorrer para trasladarse de uno a otro, lo que hace que el régimen y la vida cotidiana tanto del personal como de las personas privadas de libertad, se encuentre, de facto, condicionada por un diseño arquitectónico inapropiado.
“Esto se explica por los muy elevados costos que las compañías constructoras cargaron al erario sin importar que el proyecto no resultara funcional”, aduce.
Régimen de segregación y “muerte social”
En los centros federales del país se ha impuesto un régimen conocido como de aislamiento o segregación, que implica que las personas privadas de libertad permanecen durante 22 o 23 horas en sus estancias y sólo se les permite salir durante una o dos horas al día para poder hacer un poco de ejercicio, dentro de un área también estrecha o confinada, cuyas consecuencias provocan en los internos más alienación, hostilidad y, potencialmente, mayor violencia.
- La Suprema Corte argumentó que estas prácticas producen la “muerte social” de las personas, urgiendo a que el sistema penitenciario suspendiera su utilización. El concepto de “muerte social” hace referencia a aquellos que están apartados de la sociedad y son considerados muertos por el resto de las personas.
- La “muerte social” implica que está presente el estigma y la discriminación que acompañan a cualquier actitud, acción o enfermedad que se aleje de las normas que dicta la sociedad. Las personas sufren la “muerte social” cuando se produce el alejamiento de la sociedad que las declara, de alguna forma, inservibles o invisibles.
En resumen, el régimen de aislamiento termina por destruir a la persona, por deshumanizarla, estaríamos obligados a revisar la aplicación de este régimen en los centros federales de nuestro país. Un régimen de esta naturaleza es, de entrada, incompatible con los fines que nuestra Constitución asigna a la pena; a saber, la reinserción o reintegración de las personas privadas de la libertad a la sociedad, sostiene Azaola Garrido.
“Sería conveniente, por ello, que se revisara este régimen y se adoptara uno que, sin poner en riesgo la seguridad, fuera compatible con nuestras normas ya que, operar al margen de nuestro esquema legal, no ayuda a resolver problemas, sino que, por el contrario, exacerba los conflictos sociales”, estima la socióloga.
El personal penitenciario
- El personal que presta sus servicios en los centros penitenciarios realiza una difícil labor: tediosa, arriesgada, que implica altos niveles de estrés y que, a pesar de que se trata de una función crucial para la seguridad del país, es muy poco reconocida y hasta despreciada por la sociedad.
“Ellos mismos saben y resienten esta falta de reconocimiento que no sólo proviene de quienes no conocen las dificultades de su trabajo, sino lamentablemente, también de las propias autoridades de las instituciones que los emplean”, expone Azaola Garrido.
- De hecho, dice, las condiciones de vida y de trabajo descritas por el personal técnico y jurídico permiten ver que prevalece es una sensación de falta de reconocimiento tanto hacia los internos, así como una falta de respeto a su dignidad, lo que configura un agravio.
La problemática específica de las mujeres que laboran en los centros penitenciarios se enfrentan a un conjunto de circunstancias que las coloca en desventaja en relación con los varones, lo cual demanda la adopción de horarios de trabajo que tomen en cuenta las responsabilidades familiares de hombres y mujeres y el reconocimiento de la importancia que la vida familiar tiene para el bienestar personal y social; el otorgamiento de permisos especiales para ausentarse del cargo en caso de enfermedad de los hijos u otros dependientes que requieran cuidados especiales.
- La especialista considera que habría un conjunto de medidas de política pública que podrían contribuir a mejorar la situación de las prisiones: efectuar una revisión a fondo de los Códigos Penales con el fin de asegurar un uso racional y proporcional de las penas, tomando en cuenta un adecuado balance entre costos y beneficios.
- Mejorar la infraestructura y evitar el hacinamiento asegurando que en cada dormitorio sólo habite el número de personas para las que fue diseñado; asegurar el abasto de agua y alimentos suficientes y de buena calidad. Diseñar medidas que permitan un control efectivo de actos de corrupción y extorsión. Tomar todas las medidas necesarias para impedir actos de tortura, humillación y malos tratos.
- Prohibir el régimen basado en la segregación o aislamiento de los internos, mejorar sustantivamente los servicios de salud que prestan las prisiones y asegurar el abasto de medicamentos, recuperar el control y la gobernabilidad de las prisiones que se hallan en poder de grupos delictivos.
Mejorar el trato, la capacitación y las condiciones de trabajo del personal penitenciario; crear observatorios ciudadanos de los centros penitenciarios e involucrar a las comunidades en la defensa de las condiciones y la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, y establecer en los centros penitenciarios un sistema de rendición de cuentas y evaluación de resultados para medir el desempeño de acuerdo con indicadores de cumplimiento de objetivos.
Personas en cárceles viven sobrepoblación y violencia
La mitad de las prisiones estatales en México están sobrepobladas, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
- De las 264 cárceles que hay en el país, hay un exceso de población carcelaria en 133, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2023. Mientras estos centros penitenciaros tienen capacidad para 191,736 personas, en realidad albergaban a 211,054 internos a finales de 2023. Esto es 10% por encima de la capacidad máxima.
- El Estado de México es la entidad con más prisiones sobrepobladas con 18; le siguen Puebla e Hidalgo, con 10 prisiones cada una, y en tercer lugar Chiapas y Guanajuato con nueve centros penitenciarios respectivamente.
“La sobrepoblación sigue siendo una constante en diversos centros penitenciarios, lo que, aunado a las deficiencias de habitabilidad y estancias dignas, al hacinamiento, a una infraestructura deficiente, a la alimentación, al otorgamiento de servicios, insumos y satisfactores básicos, desencadenan una serie de inconformidades que pueden detonar en incidentes violentos, incluso, masivos”, indica el informe de la CNDH.
La Comisión advierte que las autoridades no han actuado para actualizar los expedientes de las personas privadas de su libertad respecto a su situación jurídica, lo que permitiría la intervención de defensorías públicas federales o locales, con el fin de solicitar su liberación.
- Las personas en los centros penitenciarios también se ven afectadas por una inadecuada clasificación de sus casos, carente atención a problemas de adicciones, así como problemas de gobernabilidad al interior de los propios penales.
- En la evaluación a los 32 Centros de Readaptación Social (Ceresos), uno de cada entidad del país, los que obtuvieron las calificaciones más bajas son el de Tabasco, con 4.27; Morelos, con 4.84 y Zacatecas, con 5.03.
Mientras la calificación más alta la obtuvo el Cereso de Querétaro con 8.61; seguido de Nuevo León con 7.68 y Yucatán con 7.54.
La violencia en las prisiones mexicanas también es un problema mayor, pues en 2023 se registraron 1,347 incidentes violentos: 809 en prisiones estatales, 537 en federales y uno en una prisión militar, incluyendo riñas, suicidios, homicidios, fugas, abusos, motines y presuntos actos de tortura.
“La CNDH aboga por una visión y análisis multidisciplinario de los resultados presentados para desalentar y prevenir estos incidentes violentos dentro de las prisiones, subrayando la importancia del respeto y el ejercicio progresivo de los derechos humanos para construir una verdadera Cultura de Paz en el país”, señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara.
CJNG y la Unión Tepito imponen violencia en cárceles de la CdMx y EdoMex
El pasado 19 de febrero, afuera del penal de Chiconautla, Estado de México, aparecieron dos cuerpos mutilados, asesinados con extrema violencia. Junto a los restos humanos se dejó una carta advirtiendo de la disputa que se libra para apoderarse de los penales ubicados en la metrópoli —Ciudad y Estado de México— entre Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Unión Tepito.
- Horas después, el autoridades mexicanas Informaron que los cuerpos pertenecían a dos custodios: uno trabajaba en el penal de Chiconautla y el otro, que vivía en la misma localidad, en el Reclusorio Sur.
- Los empleados de la Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entraron en pánico y revelaron que desde diciembre a la fecha, tres custodios habrían sido asesinados a manos del crimen organizado.
Según el más reciente informe de las autoridades federales sobre el estado de la cárceles metrópolisque se puede consultar en la sección “Campos de Poder” y que forma parte de los documentos filtrados en Fugas de guacamayosrevelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación busca arrebatarle el control de drogas, renta de celulares, dispositivos celulares y todos los negocios ilícitos dentro de los penales a La Unión Tepito, que domina los dormitorios de esos lugares en la Ciudad y Estado de México.
- Desde el año pasado, la Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó el control de los penales de la Ciudad de México donde se han llevado a cabo acciones para despresurizar y evitar motines, como el traslado de 138 internos de los penales capitalinos a penales federales. También se sabe que se han realizado operativos para decomisar celulares.
Datos recabados por la policía de la Ciudad de México muestran que por el momento, en el prisión sur, así como en el Oriente, La Unión Tepito está presente, mientras que la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación es más fuerte en el Norte y en el módulo conocido como Alta Seguridad. Mientras que en los penales del Estado de México, los del CJNG poco a poco fueron desplazando a los tepiteños, ya que el grupo preponderante se imponía por la fuerza y violencia que ejercen.
La investigación detalla que en un principio las organizaciones criminales que ahora se disputan los pasillos y celdas de los penales eran aliadas.
Así fue que poco a poco fueron desplazando a quienes controlaban los penales hasta el 2020: los delincuentes identificados como El Duque y El Avispa, quienes en ese momento también libraban una cruenta guerra, y como consecuencia de la disputa quedó un cadáver colgado. en el lugar conocido como Puente de la Concordiaen la alcaldía de Iztapalapa.
“Si tomamos en cuenta que en realidad ninguno de los penales mexicanos existe ni se preocupa por una verdadera reinserción social, enseguida tenemos el otro punto, los cotos del poder. Esto no es nuevo, que se esconda información aquí en la Ciudad de México es otra cosa, pero basta para recordar lo que ha pasado en Ciudad Juárez recientemente; los delincuentes iban y venían tras asesinar gente, tenían cajas de seguridad, armas y todo lo que querían, para los grupos delictivos son como sus palacetes.
“En eso [Reclusorio] Norte, Sur, Este y en todas partes es lo mismo. Viven bien los que tienen plata, viven bien los que son narcotraficantes o cabecillas criminales, de ahi se siguen haciendo llamadas de extorsion, se puede comprar droga de todo tipo, hay armas y es como en la calle, el grupo mas fuerte, con más gente o más sanguinarios son los que terminan controlando porque corrompen todo, y si no participas con ellos, entonces te mandan a matar y a mostrarlo, a los custodios muertos”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL el criminólogo Luis Hinojos, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Cárteles convierten las cárceles capitalinas en un campo de batalla
En la capital de México, detrás de los muros de las prisiones se oculta una lucha intestina entre grupos criminales. Un campo de batalla entre el Cártel de Sinaloa y La Unión Tepito.
Ahí, ante el silencio de una autoridad sometida, éstas organizaciones criminales pretenden adueñarse del control de los negocios ilícitos que existe en las cárceles de la Ciudad de México.
- Según las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), hasta hace un tiempo la Unión Tepito tenía el poder sobre la vida y la muerte en aquel infierno; sin embargo la incursión del grupo sinaloense le arrebató negocios como la renta de células y espacios, la venta de drogas e incluso se adueñó de negocios de la administración de visitas conyugales a La Unión Tepito. Dicha batalla de poder dejó esta misma semana dos muertos en los reclusorios del Sur y Santa Martha.
- Las autoridades ubican a Enrique Torres Acosta, el “Kike” y/o “el 24″ como el protagonista de esta guerra. “Kike”, hijo de Manuel Torres Félix el “Ondeado”, era identificado como brazo derecho de Ismael Zambada Sicairos, el “Mayito Flaco”, y jefe de una de las principales células de seguridad que tenían acceso a Ismael Zambada, el “Mayo”, líder del Cártel de Sinaloa.
Este narco se encuentra encarcelado en el reclusorio Oriente, pese a tener una orden de extradición a Estados Unidos, que lo requiere por delincuencia organizada y trasiego de drogas.
- En el presidio del Reclusorio Varonil Preventivo Oriente —ubicado en la convulsa Ciudad de México— el dominio de los grupos criminales traspasó los límites. El pasado lunes, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum dio conocer el hallazgo de restos humanos y una narcomanta. En ella se imprimieron los amagos de quienes buscan cambios en la cárcel.
“[…] tú comandante Chávez síguete prestando a mamadas con estos putos del Meño, el “Quique” y el “Poli”, se supone que estas para poner orden, no para trabajar para estos culeros”, se leía en un fragmento de la amenaza.
- De acuerdo con Antonio Nieto, periodista y autor del libro El cártel chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito (Grijalbo: 2020), las amenazas estarían relacionadas con La Unión Tepito, que busca que Enrique Torres Acosta, el “Kike” y Héctor Manuel Avendaño Ojeda, el “Meño”, — uno de los principales operadores del “Mayo”— sean cambiados de penal. Nieto advierte que los objetivos del grupo criminal capitalino son controlar el Reclusorio y llegar hasta otro personaje, el “Duke”, aliado de Rafael Caro Quintero, a su vez cercanos al Cártel de Sinaloa.
Desde el 2020 pasado hubo en la Ciudad de México cambios de luces que indicaban el avance gradual de distintas células del Cártel de Sinaloa a lo largo de varias alcaldías.
A medidos de agosto de 2020, Víctor Manuel Padilla Murillo, alias el “Negro” o el “Chatarras”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue acribillado en un edificio perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la capital mexicana.
El “Chatarras” era testigo protegido de la Fiscalía General de la República y se presume también operaba en la capital mexicana. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2024.pdf
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