TEXTO ÍNTEGRO: América Latina, con MÁS ASESINATOS de ACTIVISTAS; Honduras y México encabezan el RANKING

El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en el estado de Chiapas (sureste) es un crimen "absolutamente inaceptable" y debe ser investigado de manera "exhaustiva", demandó este domingo (20.10.2024) la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en todo el mundo por defender el derecho a la tierra y a un medio ambiente sano. Colombia fue el país que registró más violencia de este tipo, con 79 muertes y, a continuación, Brasil con 25. La investigación que fue difundida el martes es de la ONG Global Witness, con sede en el Reino Unido.

“El número real de asesinatos probablemente sea mayor”, según la organización. Desde que comenzó el seguimiento en 2012, se han registrado dos mil 106 muertes de activistas.

  • América Latina sigue siendo el lugar con más asesinatos, con el 85 por ciento de todos los casos documentados en 2023. Honduras y México se hallan en el tercer lugar del ranking, con 18 crímenes de este tipo.
  • “El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal”, se puede leer en el informe.
  • “Los ataques letales suelen ir acompañados de represalias más amplias contra los defensores, que son objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores”, señala la ONG.

Brasil y los territorios indígenas 

La principal fuente de datos utilizada para la lista de Global Witness es la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de Brasil, que desde hace décadas mapea la violencia.

  • “Desde hace años, Brasil es una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente y luchan por la tierra. Estos no son sólo números, son nombres de personas que han pasado por un largo proceso de difamación por luchar por su derechos, para su pueblo”, dice a DW Ronilson Costa, coordinador nacional del CPT.

Una de las causas del escenario, evalúa Costa, es la concentración de tierras en Brasil y el retraso en el reconocimiento de los territorios indígenas.

Mucha violencia 

En Colombia se registraron 79 asesinatos de esta naturaleza en 2023, la cifra más alta de un solo país desde que Global Witness comenzó el recuento en 2012. En la última década, fueron silenciados así al menos a 461 defensores ambientales colombianos.

“Muchas familias se han visto desproporcionadamente afectadas por disputas territoriales y violaciones de derechos humanos, exacerbadas por más de medio siglo de conflicto armado”, explica el informe, que destaca la plantación de coca y el tráfico de drogas como catalizadores de la violencia.

  • En México, los enfrentamientos por la industria minera parecen ser el telón de fondo de la mayoría de las muertes. De los 18 asesinatos, el 70 por ciento fueron de indígenas que estaban en contra de la expansión de las actividades mineras, afirma Global Witness.
  • Honduras, con 10 millones de habitantes, es el país con la tasa per cápita más alta de asesinatos de ambientalistas. Según el estudio, la presión sobre la selva tropical es la causa principal, debido a la expansión de actividades que van desde la agroindustria hasta el narcotráfico, lo que ha empeorado la situación.

“Desde hace poco más de una década, los defensores de esta región han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otro lugar del mundo, el 97 por ciento de ellos en tres países: Honduras, Guatemala y Nicaragua”, evalúa el informe.

México, un ligar violento para defensores de la tierra

Respecto a México, la organización indicó que las 18 muertes ocurridas en nuestro país representa un descenso en las mismas en comparación con las 31 registradas en el año 2022. También resaltó que más del 70 por ciento de estas personas asesinadas eran indígenas.

  • Además, se observó una concentración de ataques en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, estados ubicados en la costa del Pacífico. La mayoría de las víctimas luchaban contra las explotaciones mineras de la región; de los tres estados, Michoacán fue el más peligroso, con ocho asesinatos documentados en 2023.
  • Cabe resaltar que las décadas de extracción minera han convertido Michoacán en uno de los lugares más riesgoso de México. Entre 2012 y 2023, al menos 21 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron víctimas de desapariciones forzadas o directamente asesinadas, señala el informe.

En México, la ONG indicó que pudo relacionar más del 40 por ciento de los asesinatos ocurridos en 2023 con las operaciones mineras a las que se oponían las personas activistas.

Desapariciones, un constante para los defensores

Aparte de los asesinatos mencionados, Global Witness señaló en su informe que en México también se ha producido un número considerable de desapariciones forzadas.

  • Las últimas investigaciones han demostrado que, en todo México, desaparecieron de dicho modo 93 personas defensoras de la tierra y el medioambiente entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023.
  • Más del 40 por ciento de ellas aún no han sido encontradas. Estas desapariciones forzadas han sido cometidas por funcionarios de gobierno o actores armados, incluido el crimen organizado.
  • Global Witness indicó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado que México no ha aplicado plenamente sus protocolos especializados para investigar las desapariciones de personas defensoras de los derechos humanos.

En el año 2022, durante una de sus habituales conferencias de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó un informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, asegurando que “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”.

102 defensores fueron asesinados en el gobierno de López Obrador

Un total de 102 defensores del medio ambiente han sido asesinados durante el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iniciado el 1 de diciembre de 2018 y que cerrará el próximo 30 de septiembre, informó en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

“Hay un total de 102 personas defensoras asesinadas durante la administración del Gobierno actual”, sentenció la representante de la organización no gubernamental Itzel Arteaga en el foro Situación de las y los defensores ambientales, celebrado en Toluca de Lerdo, en el céntrico estado de México.

  • Así, en 2018 se registraron 21 agresiones letales, una cifra que bajó hasta las 15 para 2019; en 2020, se elevaron a 18 y, para 2021, la tendencia al alza continuó con 25 casos, que se redujeron a 24 en 2022.
  • Sólo en el año pasado, se reportaron un total de 123 agresiones hacia este colectivo, 20 de las cuales fueron letales.
  • “Hemos visto que el año con más eventos de agresiones documentados es el 2022, donde notificamos 197 eventos”, desgranó, aunque apostilló que 2017 fue el curso en que más muertes se reportaron desde que la organización tiene registros.

Estos datos convierten a México en uno de los países “más letales” del mundo para ser ambientalista, junto a Colombia y Brasil, según la organización Global Witness.

Durante el conversatorio, que se llevó a cabo en la Biblioteca del Poder Legislativo estatal, se expusieron diferentes casos de persecución y asesinato de líderes ambientalistas, como el de Álvaro Arvizu, miembro fundador del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli), quien falleció tras sufrir un ataque en 2023, crimen que aún sigue impune.

Efectos de los megaproyectos

Uno de los ejes del coloquio organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) giró en torno a las consecuencias que han tenido sobre el medioambiente y las comunidades locales los megaproyectos abanderados por López Obrador, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

  • La diputada estatal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz García, justificó estas grandes infraestructuras con el desarrollo económico derivado: “Hasta ahora en México solamente se había visto al sur como mano de obra (…), nunca habíamos tenido un desarrollo económico como el que hoy se está impulsando”.

La política acusó a la oposición de estar detrás de las protestas y a usar la lucha medioambiental en su beneficio: “Más que un tema medioambiental, es un golpeteo político”, declaró.

Paralelamente, el gerente de Derechos Humanos del Cemda, Felipe Romero, situó la mayoría de casos de estigmatización a ambientalistas “concentrados en la región sur del país”, donde se desarrollan los proyectos mencionados.

Los deberes para Sheinbaum

Por otra parte, los participantes del conversatorio mandaron deberes para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Lo que esperamos es que se puedan abordar varios pendientes que existen en materia ambiental”, anheló Romero.

  • Según su radiografía, estos se vinculan con la gestión del agua, así como la protección de activistas o el abordaje de los megaproyectos para que se ejecuten “con respeto a los derechos de las comunidades”.
  • El activista y abogado Mario Cardozo ofreció consejos para garantizar los derechos de los activistas, principalmente orientados a conseguir un “abordaje integral” que contemple, además de la protección, la prevención de posibles persecuciones.

A pesar de esta situación, el director del CDHZL, Antonio Lara, se comprometió a “seguir cambiando el mundo”.

  • “Estamos fastidiados de que propongamos dignidad, libertad y vida y la gente del poder nos ofrece cárcel y muerte. No estamos dispuestos a aceptarlo y, por lo tanto, nos seguiremos organizando”, aseveró.

El país más peligrosos del mundo para la defensa de los DH y el periodismo

En diciembre pasado, durante la presentación del Informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, Jesús Peña Palacios, representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que entre enero de 2019 y septiembre de 2023, , se registraron al menos 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios de comunicación y 91 de personas defensoras de derechos humanos en México.

Adicionalmente, se informó sobre 13 víctimas que siguen desaparecidas, incluyendo ocho defensoras y cinco periodistas. El representante de la ONU resaltó que las labores de periodistas y defensores afectan intereses políticos, económicos y sociales, lo que los coloca en riesgo de agresiones como campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, vigilancia, desaparición o asesinato.

Por otro lado, dio a conocer que el informe reveló que de las 151 personas defensoras y periodistas víctimas de asesinato o desapariciones entre 2019 y 2023, aproximadamente dos tercios habían sufrido incidentes previos.

Más del 30% había presentado denuncias que no fueron adecuadamente consideradas y tramitadas, evidenciando incumplimientos en la prevención y protección de quienes ya habían demostrado estar en riesgo.

  • En el documento elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se realizaron seis recomendaciones al gobierno mexicano como considerar el agotamiento de líneas de investigación relacionadas con los intereses de la defensa de derechos humanos y el trabajo periodístico.
  • Además de fomentar una sólida comprensión del rol social de los defensores y periodistas entre funcionarios; realizar enfoques de género e interseccionales; publicar informes anuales sobre los casos en investigación, acusaciones y sentencias; que se judicialice y se dé resolución a investigaciones por amenazas a defensores y periodistas.

Exigen investigar asesinato del sacerdote y defensor indígena, Marcelo Pérez

  • El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en el estado de Chiapas (sureste) es un crimen «absolutamente inaceptable» y debe ser investigado de manera «exhaustiva», demandó este domingo (20.10.2024) la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

La ONU-DH «condena el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, perpetrado esta mañana en San Cristóbal de las Casas» e instó «a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz», dijo en un comunicado.

  • El religioso, conocido como padre Marcelo, había recibido amenazas y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con ONU-DH.
  • El padre Marcelo, indígena tzotzil y defensor de los pueblos originarios, fue baleado dentro de su vehículo tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtitali, municipio de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.
  • Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían advertido públicamente sobre las crecientes amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra, los cuales se intensificaron en los últimos años.

El sacerdote lideró marchas y peregrinaciones por la paz, denunciando el incremento de la violencia en Chiapas desde 2021. Se pronunció en diversas ocasiones en contra del crimen organizado y exigió justicia por el asesinato del defensor Simón Pedro. Además, acompañó a comunidades tzotziles y tzeltales desplazadas y actuó como mediador en conflictos. /PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/#resource-library

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