AGENCIAS
El sacerdote Alejandro Solalinde declarará hoy ante la Procuraduría General de la República para aportar la información que ha recibido de varios testigos en torno a la desaparición de los 43 noramlistas.
El reconocido defensor de los derechos de los inmigrantes señaló presentó su declaración y el jueves se reunirá con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam .
Solalinde afirmó el pasado viernes que un testigo de los hechos violentos del 26 de septiembre pasado en Iguala, en Guerrero, le narró que los estudiantes fueron quemados vivos, pero se negó a dar detalles de su fuente porque «su vida peligra».
Al ser interrogado de si hablaba de todos o de una parte de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el activista indicó entonces que no lo sabía porque la información estaba «fragmentada».
La noche del 26 de septiembre murieron seis personas, incluidos tres alumnos de la Normal, 25 resultaron heridos y 43 jóvenes desaparecieron tras haber sido detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, según declaraciones de varios detenidos.
Este lunes Solalinde dijo tener más detalles después de haber hablado el domingo con un grupo de estudiantes y familiares de los desaparecidos que asistieron el domingo a una misa en la Basílica de Guadalupe.
Tras los ataques a tiros el 26 de septiembre, los policías se llevaron a 43 estudiantes, «algunos iban heridos», los hicieron caminar hasta un lugar donde había varias fosas y allí los «colocaron, algunos inclusive vivos», apuntó.
Colocaron algunas tablas de madera y «después les pusieron diesel y los quemaron», contó el fundador del albergue para inmigrantes Hermanos en el Camino, quien añadió que «desgraciadamente» todos, «los 43», fueron quemados.
«La gente sabe esta información y está como asimilándola», afirmó Solalinde, quien dijo que el viernes había sido «invitado» por las autoridades a dialogar sobre el caso.
El sacerdote acusó al Estado mexicano de querer «fragmentar la responsabilidad» en un caso en el que policías tirotearon y capturaron a estudiantes.
«No importa si los (policías) entregaron o no al crimen organizado, porque finalmente ellos son parte de eso mismo, no hay una raya, esto es un crimen de Estado», aseguró el activista, quien en numerosas ocasiones ha sido amenazado de muerte por sus denuncias.
El Gobierno mexicano ha desplegado un operativo por tierra y aire en Iguala para buscar a los estudiantes y ha ofrecido una recompensa de hasta 110.000 dólares para quienes aporten información que lleve a su paradero.
Además, las fuerzas federales asumieron hace dos semanas el control de la seguridad de Iguala y en las últimas horas hicieron lo mismo en otros 13 municipios de Guerrero, incluido uno colindante con el Estado de México, y desarmaron a los policías locales.
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