A más de cuatro años de su creación, el 18 de junio de 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sigue incompleto y existe un desprecio y desdén de los principales actores políticos hacia este andamiaje. Estas son algunas de las conclusiones que comparten con El Sol de México tres de los principales promotores y acompañantes del SNA desde su génesis: Eduardo Bohórquez, Issa Luna Pla y Mauricio Merino.
- Para este último, quien es profesor investigador del CIDE, “hay un nuevo marco jurídico que no se ha podido poner en marcha o se ha puesto en marcha muy parcialmente, muy fragmentariamente, con muchos tropezones, porque ambos gobiernos, el de (Enrique) Peña Nieto y el de (Andrés Manuel) López Obrador, han actuado en contra del sistema ”.
- Issa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que el SNA no es el modelo de combate a la corrupción de la administración de López Obrador, “y no lo es porque no lo ha utilizado, porque no lo ha fortalecido, porque no ha nombrado a sus integrantes y porque no ha utilizado el mecanismo institucional para combatir la corrupción por esa vía ”.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y principal representante de la sociedad civil en la creación del SNA, señala que este mecanismo ha enfrentado resistencias desde el día que nació porque “a la clase política no le gusta ser puesta a prueba y no le gusta ser revisada” .
“Al conjunto de las instituciones del Estado no le interesa, o no le conviene, que haya un Comité de Participación Ciudadana (CPC) fuerte. Cuando hay voces ciudadanas e independientes, cualquier gobierno ya no puede controlar la narrativa y el objetivo de un sistema anticorrupción se cumple: se hace evidente quién no está haciendo su trabajo ”, explica.
El SNA, agrega Bohórquez, se encarga de combatir la corrupción desde distintos ángulos. Así, la prevención le corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); investigarlos en el ámbito penal le toca a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; mientras que la sanción le atañe al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
- Quien encabeza es el CPC, órgano que funge como la voz de la ciudadanía dentro del SNA y que la facultad para proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, principalmente, vigilar el funcionamiento del sistema. Y sobre todo, sirve como un “articulador de la demanda social para que estas piezas se muevan de manera continua y sistemática”. Esto sería lo ideal.
- Lamentablemente, refiere, hay dos factores que traban el pleno funcionamiento del SNA. Por un lado, desde abril de 2017 ha estado pendiente el nombramiento de los magistrados que conformarán la Sala Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del TFJA.
Por otro, el CPC “quedó cojo” tras la renuncia de Luis Pérez de Acha, en enero de 2019, para contender por el proceso de selección del primer fiscal general de la república, misma que fue seguida por la posterior renuncia de Irene Levy y Alfonso Hernández. Luego, con la salida de Rosa María Cruz Lesbros, que terminó su periodo al frente del SNA el 8 de febrero de este año, solo quedó Jorge Alatorre.
Mauricio Merino indica que existen dos problemas más de fondo. Primero, que sea el Senado el que nombre a los integrantes del comité que seleccionará a los nuevos miembros del CPC. Y segundo, la idea impulsada desde la Presidencia de la República de que los magistrados anticorrupción “salen sobrando”.
“Mi tesis es que no están abordando las causas de la corrupción, por eso la corrupción sigue funcionando. Y no lo están haciendo porque han preferido el concepto de impunidad al de corrupción, para poder castigar a modo, políticamente, a sus adversarios y premiar con contratos, nombramientos, ascensos, carreras completas a sus amigos, eso se llama corrupción ”, advierte el investigador del CIDE.
TRABAJO DESCOORDINADO
La ventaja de contar con un sistema anticorrupción es la coordinación entre las instituciones que lo integran, pero “si no tenemos un órgano que los coordine pues lo que tenemos son actuaciones independientes, individualizadas, orientadas hacia buscar los reflectores mediáticos o hacía buscar venganzas y voluntades políticas ”, indica Bohórquez.
Considera que en el caso del SNA “las secretarías que integran este sistema no tienen la coordinación, ni la voluntad, ni la agenda para resolver estos problemas que se van a encontrar, tanto procedimentales como administrativos”.
Lamenta: “Estamos totalmente descoordinados en el combate a la corrupción y no existe una estrategia”.
GOBIERNO FEDERAL NO RECUPERA NI EL 1% DE LO ROBADO
El gobierno federal no ha podido recuperar ni el 1 por ciento del dinero que se ha llevado la corrupción. En los últimos dos años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha podido documentar y sancionar desfalcos por más de 728 millones de pesos al erario, pero ha recuperado poco más de 5 millones, es decir, el 0.70 por ciento.
Así lo revelan los informes que la SFP ha presentado al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La responsabilidad de recuperar ese dinero es del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración, al 30 de noviembre de 2020, los Órganos Internos de Control (OIC) de la SFP lograron aplicar 249 sanciones económicas firmes –es decir, que no fueron revocadas por tribunales–, para que funcionarios o exfuncionarios responsables devuelvan 728 millones 154 mil 774.54 pesos a las arcas públicas.
- Los montos de las multas que las autoridades aplican son equivalentes al daño patrimonial que logran documentar con sus investigaciones. Esto no significa que todo ese dinero haya sido “robado” en los dos primeros años de la actual administración.
Únicamente quiere decir que, en estos dos años, esas multas quedaron firmes, es decir, fueron ratificadas por tribunales, en caso de que hayan sido impugnadas cuando se dictaron. Esos procedimientos ante tribunales pueden durar varios meses, incluso, años, por lo que algunas de dichas sanciones pudieron haberse aplicado desde el sexenio anterior y apenas se confirmaron.
RECUPERACIÓN MINIMA
- De los más de 728 millones de pesos de sanciones, 378.8 millones de pesos corresponden a 169 sanciones que quedaron firmes entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre del 2019.
- Los 349.3 millones de pesos restantes corresponden a 80 sanciones del año posterior. Sin embargo, de esas sanciones, el SAT sólo ha recobrado 5 millones 97 mil pesos.
De ésos, 4 millones 78 mil pesos corresponden 59 sanciones efectivamente cobradas por el SAT entre 2018 y 2019 y un millón 18 mil 331 pesos, a 11 sanciones cobradas entre 2019 y 2020.
INVESTIGACIONES ABIERTAS
Los informes sobre sanciones en firme y montos recuperados son entregados de manera anual por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en cumplimiento del artículo 57 de la Ley General del SNA. El más reciente fue presentado en enero, en la Primera Sesión Ordinaria del 2021 del Comité Coordinador del SNA.
En este último informe, correspondiente al 1 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre de 2020, se incluye el número de investigaciones que están en curso en los que se presume algún daño patrimonial a la Hacienda pública, sin que se especifique el monto en cuestión.
- De esas estadísticas sobresale el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que acumula la mayor cantidad de procedimientos abiertos, 2 mil 65, en los que se involucran presuntos desfalcos.
- Le sigue el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), que tiene 575 procedimientos abiertos, y Diconsa, con 444. En total, los OIC de la SFP mantienen 4 mil 385 investigaciones en curso, de 115 dependencias federales, en los que se presume que hubo algún desfalco a los recursos públicos.
ASF CON POCA EFICACIA
Desde que se creó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el año 2000, sólo cuatro por ciento de sus cuatro mil denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) ha derivado en una sentencia. Y apenas se ha recuperado 10 por ciento del monto que el órgano fiscalizador considera como posible daño al erario en sus informes a las cuentas públicas.
- Estos datos los proporciona Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y miembro de la organización México Evalúa. De acuerdo con el investigador, la discusión sobre el futuro de la ASF debe centrarse en contar con una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad, más allá del desempeño de su actual titular, David Colmenares.
- “El problema estructural verdadero, si les importa a los legisladores, más allá del deficiente desempeño de Colmenares, es meter cirugía a que las atribuciones con las que ya cuenta la institución realmente funcionen en acciones que permitan el control efectivo de la corrupción y que no haya impunidad derivada de las acciones”, indica.
En entrevista con El Sol de México, Fernández señala que la discusión actual sobre el papel de la ASF no debe centrarse sólo en su más reciente informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, como lo ha hecho insistentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días.
Y agrega que el Gobierno federal también tiene que aclarar todas las otras observaciones que la Auditoría realizó en su revisión a la Cuenta Pública 2019.
- Este lunes, David Colmenares comparecerá ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados luego de que el órgano fiscalizador se retractara de las conclusiones de su informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuyo costo estimó en casi 332 mil millones de pesos, el triple de lo calculado por la administración de López Obrador. El primer mandatario ha aprovechado la controversia por el contenido de ese informe para arreciar su ataque contra los auditores al señalar “mala fe” de su parte. Sin embargo, Fernández pide considerar todos los informes que emitió la Auditoría y no centrarse en uno solo.
“El problema es que son múltiples informes y se van a querer concentrar sobre todo en el del aeropuerto, cuando en los informes de labores de la Auditoría hay preocupantes hallazgos en Jóvenes Construyendo el Futuro, en Dos Bocas, en Sembrando Vida, etcétera, en donde espero que haya la capacidad de ver la fotografía amplia de toda la situación”, dice el experto. Por ejemplo, respecto a Dos Bocas, señala que la ASF encontró que Pemex, bajo el argumento del “secreto comercial”, le entregó información incompleta. Además, que sólo siete de las 27 empresas a las que la petrolera dio contratos para una serie de servicios asociados a este proyecto, lograron comprobar tener la capacidad para realizarlos.
Fernández considera que las descalificaciones presidenciales han dañado la credibilidad de la ASF, con la cual “tramposamente” el mandatario sembró la duda para que “se desacredite el resto de los informes de la auditoría”. Agrega que estas descalificaciones son simplemente producto de ignorar cómo es el proceso de auditoría. “Lo que tampoco se ha explicado a la gente es que antes de que se cerraran los informes (…) por ley la Auditoría hace la confronta de los hallazgos preliminares con los entes auditados, y no hay información que sugiera que en esas confrontas el Gobierno federal hubiera dicho ‘aquí está mi información’”.
- Por aparte, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez, vicepresidente de la Mesa de Decanos en San Lázaro, coincidió en que López Obrador intenta debilitar al órgano fiscalizador con sus reclamos, pero también a la Cámara de Diputados. Enfatizó que la ASF tiene como responsabilidad y mandato rendir cuentas a San Lázaro y a nadie más. Ortega Martínez, que también es secretario de la Comisión de Hacienda, alertó que el Presidente pretende dar un duro golpe a la facultad de control que tiene el Congreso sobre el ejercicio del gasto público. Pero además, indicó, lesiona la vida institucional del país al flagelar la división y el equilibrio de poderes que marca la Constitución./Agemcias-PUNTOporPUNTO
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