AGENCIAS
La desaparición de 43 estudiantes a manos de policías locales hace casi tres semanas mantiene en vilo a la sociedad mexicana y al Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya estrategia de seguridad es blanco de críticas internas y externas por la falta de resultados.
El presidente Peña Nieto admitió hoy que «la tarea más importante» de su gabinete de seguridad «en este momento es encontrar a los jóvenes estudiantes» que desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre tras una noche violenta en la que murieron seis personas.
Peña Nieto urgió a sus colaboradores a trabajar de manera intensa para esclarecer este caso, que representa, dijo, «un gran reto para todo el Estado mexicano en su conjunto».
La imagen del Gobierno entró en franco deterioro después de que saliera a luz pública que varios militares estuvieron involucrados en el asesinato de al menos ocho presuntos delincuentes que se habían rendido tras un enfrentamiento con soldados en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
Poco después se produjo la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 estudiantes después de que fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con las declaraciones de varios de los detenidos por este caso.
Numerosos organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado que este caso muestra la facilidad con la que delincuentes o funcionarios pueden desaparecer a una persona en México.
El mandato anterior de Felipe Calderón, que lanzó una guerra contra el crimen organizado a finales de 2006, cerró con más de 26.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales.
El 22 de agosto pasado el Gobierno de Peña Nieto ajustó dicha cifra a 22.322 casos, de los cuales 44 % (9.822 desaparecidos) corresponden a la gestión del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Expertos consultados por Efe coincidieron en que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos deja en evidencia que las cosas siguen igual o peor en materia de violencia e inseguridad, y que la corrupción continúa reinando en muchos lugares del país.
«Es un golpe contundente» que ha «dejado realmente tambaleante» a Peña Nieto, quien en sus primeros dos años de mandato vendió la imagen de un país en transformación gracias a las reformas estructurales, muy alejado de los años violentos del régimen de Calderón, dijo a Efe el experto en derecho penal Gilberto Santa Rita.
El caso de los estudiantes «ha dejado al descubierto la debilidad institucional de los tres esferas de Gobierno, la municipal, la federal y la estatal», aseguró.
René Jiménez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que las autoridades seguirán con su «discurso triunfalista» que «no concuerda con la realidad» no sólo en Guerrero, sino en otras regiones del país.
Este jueves un grupo de autodefensa de Guerrero que participa en la búsqueda de los desaparecidos informó del hallazgo de ocho fosas clandestinas con restos humanos, si bien aclaró que éstas «ya tenían algo de tiempo».
Con estas ya suman 17 las fosas encontradas en las inmediaciones de Iguala. Las cinco primeras tenían 28 cuerpos, pero esta semana las autoridades confirmaron, en base a las pruebas genéticas, que no corresponden a los estudiantes desaparecidos.
El Gobierno federal elevó hoy de 900 a 1.200 el número de elementos que participan en la búsqueda, incluido un equipo de buzos que rastrea los ríos y lagos de Iguala y sus alrededores.
A falta de pistas sobre el paradero de los jóvenes, los estudiantes y maestros de Guerrero convocaron mañana a una marcha en Acapulco, donde despacha el gobernador Ángel Aguirre desde que a principios de esta semana destruyeran buena parte del Palacio de Gobierno en Chilpancingo en el marco de sus protestas.
Además, se espera la participación de cientos de maestros del vecino estado de Oaxaca para acompañar a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecen los desaparecidos, y las familias de estos.
Asediado por las críticas por su actuación en este caso, el gobernador Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, pidió a su secretario de Salud, Lázaro Mazón, su renuncia.
El objetivo es que declare ante la fiscalía sobre su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en los hechos del 26 de septiembre, por los que hay casi 50 detenidos, la mayoría policías locales.
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