A tres años del sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, los damnificados han visto pocos resultados sobre la investigación de las irregularidades con que empresas privadas construyeron sus edificios o iniciaron procesos de reconstrucción con promesas incumplidas, al amparo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, hoy senador.
- Actualmente la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) tienen abiertas quejas y carpetas de investigación contra empresas privadas y sus dueños, exfuncionarios públicos, dependencias de la administración capitalina y dueños de inmuebles afectados.
Además, agrupaciones de ciudadanos damnificados mantienen sus exigencias de recibir una vivienda digna. En el caso particular de los familiares de las 26 personas que murieron en el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, todavía esperan una sentencia condenatoria contra su dueña, Mónica García Villegas, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum les ofrezca una disculpa pública y construya un memorial dedicado a los 19 niños y siete adultos fallecidos en el lugar.
Quejas contra el gobierno mancerista
Aquel sismo de magnitud 7.1, con epicentro en el límite de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, provocó 228 fallecimientos en la capital, de los 369 a nivel nacional. Era la última parte del sexenio de Mancera, quien seis meses después –en marzo de 2018– abandonó a los damnificados y a los capitalinos en general, para atender su frustrado plan hacia la candidatura presidencial. En su lugar designó a José Ramón Amieva.
- Hasta ahora, la CDHCM ha recibido 308 quejas relacionadas con la atención del gobierno capitalino a los damnificados y el proceso de reconstrucción, de acuerdo con su presidenta Nashieli Ramírez. De ese total, 245 (79.5%) fueron recibidas en la administración anterior: 58 en 2017 y 187 en 2018.
En entrevista, Ramírez explica que la temática de las quejas era, en general, falta de dictámenes de los edificios y casas dañadas, inconformidad y falta de claridad en el proceso de apoyo del gobierno, tardanza en el proceso de atención y en el inicio de obra, además de interrupción de servicios públicos, como líneas de teléfono y suministro de electricidad.
“Hay que recordar que son procesos complejos. Al principio no había certeza de nada, se estaba formando el padrón de damnificados, se estaba discutiendo qué y cómo se haría la reconstrucción, y lo inmediato era hacer los dictámenes. Pensaron que irían un poco más rápido, pero ante el escenario que se pusieron, quedaron atrasados. Ahora hay una mayor claridad”, explica la ombusdperson.
- Al paso de estos tres años, de las 308 quejas en total se han concluido 267 y continúan en trámite 41 más. Una de las quejas cerradas es la que interpusieron habitantes del edificio ubicado en la calle Cerezas 72-203, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, pues el sismo de ese 19 de septiembre dejó a sus 18 condóminos en la incertidumbre y con miedo a perder su patrimonio y la vida en el siguiente temblor.
- Lorena Guerrero, una de sus habitantes, narra que días después del sismo el personal del gobierno capitalino acudió a revisar de manera rápida el inmueble y catalogó el riesgo como color amarillo, pero les dijo que se necesitaba hacer un dictamen técnico porque aparentemente sus columnas tenían daño estructural. Los condóminos enviaron la solicitud a las autoridades delegacionales y al gobierno central para tener ese estudio, pero no obtuvieron respuesta.
Por eso interpusieron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de donde los remitieron a la comisión capitalina. Tras siete meses de espera y el apercibimiento que ésta hizo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), les asignaron a un responsable estructural para obtener el dictamen y, luego, a la empresa Caremicar Edificaciones S.A. de C.V., domiciliada en Morelos, para la obra de reconstrucción. Sin embargo, ésta desde el inicio tuvo informalidades.
Con el cambio de administración, el proceso se volvió lento nuevamente y la mayoría de sus habitantes, algunos adultos mayores y con capacidades diferentes, seguían bajo el mismo techo y la misma incertidumbre. La nueva comisión, a cargo de César Cravioto, les dijo que debían hacer una “reasignación urgente” de empresa, pues en la revisión a Caremicar hallaron observaciones de incumplimiento en otros inmuebles afectados.
Siempre con la mediación de visitadores de la CDHCM, les asignaron una nueva constructora y un nuevo supervisor. Tras ocho meses de obra, en julio pasado les entregaron el edificio reconstruido con todas las normas de calidad, que requirió una inversión de 5.8 millones de pesos del Fideicomiso para la Reconstrucción.
- De acuerdo con Ramírez, en la gestión de Sheinbaum Pardo también ha habido quejas, aunque menos: 41 en 2019 y 22 en lo que va de 2020. Asegura que la actual Comisión para la Reconstrucción, a cargo de Cravioto, “va súper bien, considerando otros procesos en el mundo. La pandemia de covid-19 les ha pegado porque muchas obras privadas tuvieron que parar, al menos dos meses, pero ahí van a buen ritmo”.
Destaca que, aunque la anterior administración les dejó un censo de damnificados, “casi empezaron de cero, pues tuvieron que rehacerlo”, además de que incorporaron a los damnificados de viviendas unifamiliares y crearon un esquema de subsidios. Ahora, agrega, se lleva un proceso “más claro y transparente”, con más coordinación con las empresas que permite un avance más rápido.
Sanciones y aprehensiones
Actualmente la Secretaría de la Contraloría General, encabezada por Juan José Serrano, tiene abiertas investigaciones contra 13 empresas que participaron en el proceso de reconstrucción, entre las que detectó “irregularidades recurrentes”, como sobrecostos, incumplimientos en tiempos de entrega y la incorrecta ejecución de diversos trabajos.
Según explicó a Proceso en una escueta nota informativa –con el argumento de no vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia–, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está en el proceso de análisis y resolución de dichos expedientes que le fueron turnados por la propia Contraloría.
A finales de julio pasado, en el Informe de Acciones de Combate contra la Corrupción, Serrano Mendoza agregó que la dependencia presentó las denuncias penales “y se cuenta ya con varias órdenes de aprehensión en contra de algunas empresas señaladas”.
- Aunque no mencionó sus nombres, entre esas órdenes de aprehensión se encuentra la que en octubre de 2019 obtuvo la procuraduría local –hoy fiscalía– contra el exsecretario de Obras y Servicios y excomisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, quien se encuentra prófugo y está acusado de desviar 40 millones de pesos del presupuesto para los damnificados. Las autoridades presumen que se esconde en el extranjero y la Interpol ya emitió una ficha roja para buscarlo.
Por el mismo delito, el mal uso de recursos de la comisión para la reconstrucción, hay orden de captura contra el extitular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, asociado con el llamado “cártel inmobiliario” de la ciudad y con la autorización de obras presuntamente irregulares durante el sexenio mancerista.
- El pasado 18 de agosto, Cravioto Romero informó que con la FGJ CDMX se ha avanzado en las sanciones a las empresas que construyeron edificios en Tlalpan 550, Insurgentes Norte 1260 y Emiliano Zapata 56, que presentaron daños tras el sismo, debido a que sus procesos constructivos recientes –menos de 10 años antes del terremoto– se hicieron de forma irregular o poco eficiente.
- En videoconferencia, añadió que con la Contraloría General se ha avanzado en las sanciones a empresas asignadas a reconstruir los inmuebles Tlalpan 550, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE, Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166, Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476.
El pasado viernes 4 la fiscalía capitalina informó que un juez de control vinculó a proceso a cuatro personas por el presunto delito de fraude genérico en contra de 165 víctimas y del gobierno capitalino. Los imputados enfrentarán el proceso en libertad porque presentaron un amparo otorgado por un juez de distrito.
Según la investigación, estas personas participaron en la edificación de un inmueble en la avenida Insurgentes Norte, colonia Capultitlán, en Gustavo A. Madero, con deficiencias estructurales y fuera de normatividad, lo que generó que tuviera una falla estructural con el temblor del 19 de septiembre. De acuerdo con el juez de control, los constructores “se ahorraron” 53 millones 339 mil 572 pesos en el uso de materiales como acero, cemento y mano de obra. Para su rehabilitación, el gobierno local erogará 81 millones de pesos.
El viernes 11, cuestionada por Proceso sobre los procesos de investigación y sanción a las empresas y funcionarios, Claudia Sheinbaum explica que, a diferencia de las carpetas de investigación abiertas en la pasada administración sólo contra directores responsables de obra y de seguridad estructural, la Contraloría General insistió en que también se indagara a los dueños de las constructoras con denuncias civiles y penales.
“Nos parece realmente injusto que, habiendo sido un edificio que tenía irregularidades, que sea con recurso público que se tenga que arreglar”, recalca la jefa de Gobierno.
Añade que se detectó a empresas que firmaron contratos con el gobierno anterior con sobrecostos. Por ello la actual administración decidió no pagarles lo convenido. “Los servidores públicos en aquel momento en esas alcaldías tienen que responder”, añade.
El Rébsamen, pendiente
El mismo viernes 11, padres de algunos de los 19 niños que murieron en el derrumbe del colegio Rébsamen demandaron la sentencia de al menos 30 años de cárcel para Mónica García Villegas, dueña y directora del establecimiento cuando ocurrió el sismo.
El juicio en su contra fue apresurado durante la semana que terminó y la sentencia está programada para el jueves 17, dos días antes del tercer aniversario de la tragedia y fecha del segundo informe de gobierno de Sheinbaum.
- En conferencia, también exigieron una disculpa pública del gobierno de la morenista y de la FGJ, además de la construcción de un memorial en el mismo lugar donde estaba el colegio o en algún parque público de la alcaldía Tlalpan, que entonces gobernaba Sheinbaum.
- Consultada al respecto, la jefa de Gobierno destaca la investigación de la FGJCDMX y la atención de la Comisión de Atención a Víctimas y la Consejería Jurídica a los deudos para hacer una reparación integral del daño, además del seguimiento a la recomendación hecha por la CNDH a la Secretaría de Educación Pública y a su administración.
“Yo espero que antes de que termine septiembre se pueda hacer esta presentación (del Memorial). Depende, pues obviamente, del trabajo y del diálogo que se está teniendo con cada una de las familias”, argumenta.
Para el sábado 12, la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México programó un mitin llamado “¡Queremos volver a casa ya!”, en el que enlistaría la situación actual de sus denuncias y acusaría las “tardanzas del gobierno” para recuperar su patrimonio.
No hay empresas sancionadas, acusan damnificados en la CdMx
“No fue el sismo, fue la mala construcción“, acusa una lona colgada en el edificio ubicado en Tlalpan 550, al sur de la Ciudad de México, a tres años del temblor de septiembre de 2017. Las 390 familias que habitaban el inmueble, con menos de diez años de antigüedad, exigen un proyecto integral para iniciar la rehabilitación por parte de Mexpresa, sanción a los responsables y cancelación de hipotecas. La constructora señalada Arquitectoma, que se autodescribe como una de las inmobiliarias más respetadas del país por la calidad y la atención, es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Especialistas que vieron el edificio desde octubre de 2017 nos comentaron que no fue el sismo, sino la mala construcción. Un dictamen lo demostró”, dijo la habitante Verónica. En el Gobierno local anterior les dieron 117 millones de pesos, pero dos vecinos administradores del inmueble, ya denunciados, cometieron fraude ante la falta de transparencia. El Comisionado para la Reconstrucción actual, César Cravioto Romero, fue informado sobre la serie de irregularidades, “pero es una persona muy soberbia, poco profesional, poco empático, nos da el avión y ha dejado mucho qué desear”, comentó.
- La semana pasada, hartos de la lentitud, unos 50 vecinos bloquearon la avenida para que les asignen presupuesto y les notifiquen los avances. No fue la primera protesta. “La gente ya está desesperada queriendo ver resultados. Si todos estamos padeciendo, hay muchos que lo padecen más por enfermedades y hay quienes ya fallecieron. Hay muchos pendientes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos. Estamos sin un proyecto integral, sin transparencia y pagando hipotecas; ahorita ya hay embargos”, expuso.
- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado las investigaciones a las empresas que construyeron los inmuebles en Tlalpan 550 (Arquitectoma), Insurgentes Norte 1260 (Dekah Inmobiliaria) y Zapata 56 (Canadá Building), donde murieron dos personas, los cuales tuvieron afectaciones por el sismo por procesos constructivos “que se hicieron de manera irregular o poco eficiente”, de acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción.
“Todos los procesos de rehabilitación y reconstrucción tendrían que ser auditados y fiscalizados al tratarse de recursos públicos. Pero lo que es dramático es que incluso las empresas que reconocen que hay que sancionar no lo hacen. Apenas se interpusieron las denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Pero el presidente del Tribunal nos confesó que de los 15 expedientes, solo le han llegado 11, porque hay cuatro que la Comisión no ha terminado de solventar”, afirmó Israel Ballesteros, del colectivo Damnificados Unidos CDMX. “Pero ninguna de las 15 carpetas ha sido dictaminada por los magistrados, es decir, el Tribunal no ha determinado que están sustentadas para iniciar el procedimiento. A eso lo llamamos simulación. No tienen mano dura sobre empresas que claramente han cometido irregularidades”, lamentó.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General trabaja en la investigación a compañías que han participado de manera negligente en el proceso de rehabilitación o reconstrucción de Tlalpan 550, Multifamiliar Tlalpan (DPE, Soluciones Integrales, REM, GAPSA, sin considerar a CAS), Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166 (Diseño Arquitectónico y Construcciones), Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476 (Darmi, también denunciada por fallas en Rincón del Sur 15).
Yukari, damnificada del edificio Insurgentes 476 donde habitaban 28 familias, dijo que debían haber regresado desde verano del año pasado, pero Darmi les entregó sin funcionar el elevador, dejó daños en pisos, puertas, electricidad, así como fallas estructurales y hubo sobrecostos. El inmueble tiene siete pisos y, en el último, viven dos personas en silla de ruedas y otra con discapacidad. La Comisión para la Reconstrucción, para “presionar” y que acepten regresar pese a las irregularidades, les retiró el apoyo de renta de 4 mil pesos mensuales y ahora cargan doble presión por los caseros. Damnificados de la alcaldía Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc acusaron lo mismo: ya no reciben el apoyo y deben negociar con los arrendatarios.
“Estamos angustiados porque se nos van acumulando las rentas. Pero nosotros nos negamos a regresar. Derivado del sismo reciente de junio de este año, salieron más vicios ocultos como grietas en la fachada y una columna se cuarteó. El Comisionado dijo que ya no se puede liberar más recursos. Nosotros solo queremos que nos den la certeza sobre los vicios en la reconstrucción”, afirmó la vecina. Sin embargo, la constructora Darmi sigue sin ser sancionada.
Avances y retrasos en reconstrucción
En los dos años de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión para la Reconstrucción ha entregado más de 5 mil viviendas reconstruidas o rehabilitadas. Este año se invirtió poco más de 3 mil 500 millones de pesos para reconstrucción y rehabilitación, la cual no paró en su totalidad pese a la COVID-19.
Al último corte de avances al 31 de julio, actualizado en el portal solo por la presión de Damnificados Unidos CDMX, de 370 inmuebles de vivienda multifamiliar pendientes, van 196 intervenidos (52 por ciento), 86 entregados y se iniciaron obras de rehabilitación o reconstrucción en 31 para los dos últimos meses.
“Es un bajísimo índice de viviendas entregadas. Es penoso y grave que hayan tenido que esperar a nuestra denuncia desde junio para actualizar la información y han avanzado solo porque pedimos la destitución del Comisionado Cravioto”, dijo Israel Ballesteros, del colectivo Damnificados Unidos CDMX. “Es un avance solo de 24 por ciento en entregas y de las ocho unidades habitacionales (104 edificios) no han entregado ninguna y solo han empezado obras en 14 edificios”.
- Entre agosto y septiembre, la Comisión se compromete a entregar 21 multifamiliares de la Ciudad de México. Sin embargo, el edificio seminuevo dañado en Avenida Insurgentes Norte 1260, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, iba a ser entregado en julio, por lo que 165 familias siguen esperando. El pasado sábado 12 de septiembre, los vecinos bloquearon la vía para protestar por el retraso de la empresa Demesa. Ese mismo día, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el Comisionado César Cravioto entregaron reconstruido a 24 familias el edificio de Rancho del Arco 32, en Alcaldía Coyoacán.
Para el último trimestre de este año, se promete entregar 31 inmuebles multifamiliares en las alcaldías Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo.
Respecto a las viviendas unifamiliares, de 7 mil 294 activas, van 2 mil 260 terminadas (30 por ciento) y 3 mil 305 en proceso de obra (45 por ciento).
“Un 30 por ciento a tres años de distancia es muy poco, sobre todo porque en septiembre de 2018 el Comisionado dijo que se tardaría dos años en terminar la reconstrucción. De las más de 7 mil unifamiliares censadas, reconocen que en 330 aún no saben si serán rehabilitadas, reconstruidas o reubicadas. A tres años de distancia, ni siquiera tienen un estudio; no saben con certeza el estado”, lamentó Ballesteros, daminificado del Multifamiliar Tlalpan que ya pudo regresar a su edificio 3B, donde el departamento 210 sigue sin concluirse y la habitante no recibe el apoyo para renta desde febrero.
- En tanto, se ha avanzado en el 74 por ciento de las demoliciones necesarias (nueve están en proceso y faltan siete). En 17 inmuebles, al no poder acreditar propiedad o legítima posesión, se optó por la vía de la expropiación para que el Gobierno de la Ciudad de México lo regule y restituya. Es el caso de Coquimbo 911, Zapata 56, Dr. Lucio 103, entre otros. Asimismo, familias de 314 inmuebles serán reubicadas a un predio en la Alcaldía Tláhuac.
Sin embargo, el colectivo Damnificados Unidos tiene recelo frente a las cifras de avances, porque antes de su actualización se manejaban otros números tanto de viviendas multifamiliares como de unifamiliares censadas. “¿Cómo dejaron de ser viviendas afectadas si lo eran en 2019? Están simulando avances, porque la manera en como incrementan el porcentaje es borrando viviendas en el portal para la reconstrucción”, consideró Ballesteros.
Pagar la deuda de la reconstrucción, la otra odisea
Leticia Rosales admite que ella y los más de 200 vecinos de la torre Osa Mayor, en la calle doctor Lucio de la colonia Doctores de la capital mexicana, han tenido suerte. Su edificio de 16 niveles y ocho locales fue demolido y en su lugar ya se levanta una majestuosa torre con estructura de acero y un moderno diseño de loft neoyorquino. Para octubre, muy probablemente, recuperará al fin su hogar.
Aunque claro, matiza rápido. Echando la vista atrás, a las largas noches frías en la calle bajo una lona de plástico frente a las ruinas del inmueble, y recuperando en la memoria el desgaste que fue lidiar con las autoridades estos tres años, decir que tuvo suerte es un exceso.
Aun así, Leticia insiste en que está agradecida. Especialmente con los medios que ayudaron a documentar la situación del inmueble, cuya estructura de más de 50 años quedó tan deteriorada por los sismos del 7 y del 19 de septiembre que el riesgo de colapso era inminente.
“Los vecinos nos unimos desde el momento del temblor y nos organizamos. Y eso fue muy importante, claro. Pero le debemos mucho a los medios. Se hizo tanto ruido que a las autoridades no les quedó de otra más que escucharnos, cumplir con su obligación, y demoler el edificio”.
Ahora bien, vuelve a matizar Leticia. Esa fue la primera batalla.
Porque ahora, tras la reconstrucción, ha comenzado otra: pagar la deuda que le va a dejar la reconstrucción, equipar el nuevo departamento, y empezar casi de cero.
Sobre esto, doña Leticia plantea que la Fundación Carlos Slim ha donado muchas viviendas de manera gratuita a damnificados de San Gregorio, en la alcaldía Xochimilco, o en Jojutla, Morelos. Y, en cambio, a ellos que iniciaron el trámite de reconstrucción con el gobierno capitalino les van a cobrar un 35% del valor de su nuevo departamento.
“¿Por qué unos damnificados pagan y otros no, si al final todos somos damnificados?”, cuestiona la vecina, que explica que ese 35% de crédito equivale, aproximadamente, a que tendrá que pagar un millón de pesos en los próximos 20 años.
“Para mí, que tengo una pensión de apenas 10 mil pesos mensuales, pagar ese 35% va a ser otra odisea”, sentencia la mujer.
Y ahora, con la pandemia de Covid, peor: sus dos hijos, de 25 y 34 años, acaban de perder sus empleos. Y ella se ha tenido que hacer cargo de su madre, de 90 años, que también está teniendo problemas para cobrar su tarjeta de bienestar.
“Nos dicen que no nos preocupemos. Que, como es a largo plazo, nuestros hijos pueden absorber la deuda. Pero, aunque recuperen su trabajo, mis hijos quieren hacer su propia vida y sus propias familias. ¿Tú crees que les voy a encajonar una deuda por 20 años que nunca pidieron?”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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